Choluteca se ha convertido desde noviembre de 2017 en una zona de intensas protestas ciudadanas que se realizan los miércoles y sábados de cada semana. Las demandas iniciaron contra el fraude electoral que llevó al poder al presidente Juan Orlando Hernández, luego se fueron incluyendo otros temas como la corrupción en el Hospital del Sur; altos costos de la energía, las violaciones a los derechos humanos, entre otros. Como respuesta el gobierno ha desplazado varias fuerzas militares y policiales que ejercen represiones masivas cada vez que las personas se manifiestan en las calles.

Los aparatos de inteligencia desplazados el sector es una acción sin precedentes en un departamento que a lo largo de la historia había votado por el Partido Nacional en el Poder. De allí es la procedencia del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y otros diputados.

Aunque el gobierno de Hernández en apoyo de Oliva ha utilizado diversas estrategias para desarticular las movilizaciones, no lo han logrado. Entonces se desplazó toda la inteligencia del Estado para el sector. De allí que circulan carros sin placas, enmascarados y hay vigilancia extrema contra los liderazgos de las protestas.

Los crímenes se agudizaron contra integrantes de la disidencia o sus familiares y las acciones de criminalización contra los marchistas y otros defensores de derechos humanos.

Crímenes al estilo escuadrones de la muerte

Los escuadrones de la muerte son integrados por paramilitares que realizan asesinatos selectivos contra un determinado colectivo como parte de la llamada guerra sucia. Estos grupos organizados se dedican a realizar amenazas, robos, sabotajes, secuestros, torturas, asesinatos y atentados para combatir la disidencia política fuera de los márgenes de la legalidad. Han sido típicamente utilizados por gobiernos totalitarios. En la década de los 80 operaron con mucha fuerza en Honduras, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, implementada por los Estados Unidos. Y con el golpe de Estado de 2009 su presencia ha sido más visible.

En las últimas horas esta práctica deleznable le arrebató la vida a Stefani Yolany López, una niña de 11 años y que es la hija de Gabriel Quiroz, de los marchistas inclaudicables de Choluteca .Fue asesinada mientras se conducía junto a su familia en un vehículo. Tres motociclistas desconocidos interceptaron el vehículo y dispararon matando a la pequeña que según reportes murió al instante, e hiriendo a tres personas más, según datos preliminares.

Los crímenes han sido recurrentes y se empezaron a agudizar desde marzo de este año cuando fue asesinado el periodista Gabriel Hernández, quien residía en Nacaome, Valle, cercano a Choluteca y dirigía el programa “El Pueblo Habla”, en dicho lugar.

El ataque contra el comunicador lo llevó a cabo un desconocido que se transportaba en motocicleta al mediodía del domingo 17 de marzo, en el Barrio La Ceiba. Sus críticas molestaban al alcalde Víctor Flores y al diputado José Alfredo Saavedra, ambos del Partido Liberal en ese lugar, según ha denunciado el periódico reporterosdeinvestigación.com

El 17 de abril siempre de este año, el joven Wilfredo Moncada de 17 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se realizaba una manifestación en Choluteca.

Mientras el 29 de junio del año en curso en la madrugada, desde un vehículo en marcha le dispararon a Allan Osmani Flores Aguilera, integrante de la seguridad del alcalde de Choluteca Quintín Soriano, en el Barrio La Libertad, un sector donde hay fuerte presencia de militantes de Bastión del Sur, una organización que se conformó como consecuencia de las protestas contra Hernández y Oliva.

Considerado otro crimen político

“Consideramos tal hecho como un crimen político más que engrosa la lista de crímenes políticos en Honduras. Exigimos un cese a la persecución y hostigamiento A los miembros de Bastión Del Sur y nuestra Familias”, señala parte de un comunicado difundido por esa organización el 07 de julio recién pasado.

Mientras la Plataforma de Lucha por la Defensa de la Salud y la Educación, se pronunció la noche de este domingo rechazando este nuevo asesinato y convocando a la ciudadanía y a su militancia a movilizaciones en todo el país para el miércoles 10 de julio. Se movilizarán vestidos de negro en señal de luto por el sinnúmero de crímenes ocurridos en las protestas, contra los liderazgos sociales movilizados y sus familias.

Aunque la forma de la ejecución de los crímenes es similar y ya se ha convertido en un patrón de ataque contra la disidencia del actual gobierno, no se han llevado investigaciones imparciales sobre los hechos, ni tampoco a los responsables a prisión. El Ministerio Público ha sido ágil en criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos del Sur, pero inactivo para actuar contra quiénes están involucrados en esos actos violentos.

Desplazamiento forzado de periodistas y ataques en las manifestaciones

Uno de los sectores que ha sufrido mucha represión solamente por transmitir la información a la ciudadanía, ha sido la prensa de la zona Sur. Periodistas que son críticos con el gobierno son atacados en las manifestaciones, dos de ellos, Edgar Andino y Jairo López, tuvieron que salir de la zona para proteger su vida.

Vea este vídeo sobre la situación de periodistas en la zona Sur Aquí en este link en español y en este otro en inglés