Dicho evento estaba a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), la Organización de los Estados Americanos, (OEA), a través de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), que desarrollaron los temas la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia; transparencia, acceso a la información y libertad de expresión y Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El golpe de Estado de 2009 fortaleció las redes de corrupción provocando graves daños al país, según lo manifestaron.

Redes de Corrupción

Luís Javier Santos, Jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción del Ministerio Público, UFECIC-MP, dijo que “nos damos cuenta que la corrupción pasó de una red a una estructura criminal para apropiarse de fondos y financiar campañas como los del PANI, IHSS, INFOP y otros.

También afirmó que en investigaciones seleccionadas por la MACCIH resultó que los 22 casos investigados están vinculados con las mismas personas en una red, “son las que se benefician como una sola estructura a partir de los sucesos del 2009”.

Agregó que esto vendría ayudar para la campaña de partidos políticos que sustrajeron dinero, eso es fácil de detectarlo en una justicia ideal deben estar pagando por sus actos ilegales, pero qué pasa cuando las demás instituciones no tienen las mismas posiciones, llevar un caso a los tribunales es bien difícil para enfrentarse con abogador que están permanentes para defenderlos, se preguntó.

De 12 casos, 10 de ellos están conciliados, el imputado paga una cuota y está en libertad, esto es porque no hay un objetivo común para luchar contra la corrupción y es por ello que es esencial tener una Ley de Colaboración Eficaz que es esencial para llegar a los funcionarios de más alto rango.

Estructura de las redes de corrupción

La red de corrupción se conforma desde la reforma de las leyes, que vienen desde el gobierno o de la secretaría del medio ambiente, creando un entramado para poder legitimar las acciones que se planean a futuro.

Eddy Tabora, de C-LIBRE, afirmó que esa estructura se encuentra en el Congreso Nacional, Ministerio Público, los jueces y fiscales, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, (FUSINA), la Policía Militar y de seguridad vial, pertenecen a la misma línea de Casa Presidencial y actúan como entes de Inteligencia.

Tábora comentó que el Ministerio Público se divide en dos, el que lucha en contra y el que forma parte de la corrupción, “es a través de ahí que vemos vigilancia y tortura, entre otras, que las organizaciones de derechos humanos denuncian por lo que se deberían abrir expedientes de oficio, sin embargo el Ministerio Público no lo hace. Para él existe un respaldo institucional y corporativo para el apoyo legal de los violadores a derechos humanos.

La reforma de la Ley de la Policía hondureña señala que será acompañado por la policía todo militar y policía que sea acusado cuando hagan operativo y no podrán ser investigados si no es por FUSINA.

En el foro también participaron La Vocera de la MACCIH/OEA, Ana María Calderón y María Soledad Pazo, Representante de País de OACNUDH quien abordó el tema Violaciones de Derechos Humanos y el Rol de las Redes Criminales,.

Entretanto Calderón expresó que la corrupción tiene múltiples consecuencias, entre ellas, la afectación a los derechos humanos, al derecho al desarrollo de los pueblos y especialmente a la institucionalidad y al Estado constitucional democrático.

Además de los disertantes descritos también participaron expertos internacionales como Juan Francisco Soto, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, Eduardo Salcedo Albarán, director de la Fundación Vortex-Colombia, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, que tuvieron a su cargo la temática sobre el funcionamiento y estructuras básicas de redes criminales en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Asimismo estuvo Marco Villeda, coordinador de División de Prevención y combate a la corrupción de la MACCIH y Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala.