En el informe Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica la CIDH tomó observó un crecimiento gradual de la movilidad humana interna provocada por los altos niveles de violencia que están experimentando esos países, en gran parte a consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad.

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH, instó a las instituciones públicas de los países del Triángulo Norte “a que trabajen mancomunadamente sobre la problemática del desplazamiento interno con el objetivo de brindar respuestas conjuntas y articuladas para proteger y asistir a las personas en la situación previa al desplazamiento, durante y luego del desplazamiento”.

La CIDH recomienda una serie de líneamientos y una guía práctica a los Estados de Honduras, Guatemala y El Salvador, para el diseño y formulación de las políticas públicas destinadas a la prevención del desplazamiento interno forzado y a la protección de los derechos de las personas desplazadas, así como brindar herramientas a la sociedad civil y demandar, acompañar, incidir y controlar la actuación estatal.

Reconoce una práctica de desalojos forzosos que conllevan al desplazamiento interno en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas, con un impacto devastador en los derechos de estos grupos.

También ha identificado que debido a situaciones de discriminación, las mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI sufren un impacto diferenciado, como otras personas y grupos viviendo en situación de discriminación histórica.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes y Personas Desplazadas, resaltó la importancia de un “abordaje integral de este problema de derechos humanos por parte de los Estados en su posición de garantes, con la adopción de medidas efectivas que van desde el reconocimiento oficial del desplazamiento interno forzado hasta medidas para prevenir las causas y dar respuestas a las necesidades protección de las personas desplazadas internas”.

Investigación de la CIDH

La comisión indagó mediante informes, publicaciones y documentación proveniente de instituciones públicas relevantes como de las organizaciones sociales, organismos internacionales y centros de estudios identificados, complementado mediante el envío de encuestas estructuradas a referentes y responsables de instituciones estatales y de organizaciones de la sociedad civil, asimismo reuniones con los Estados, organizaciones sociales y centros académicos.

La CIDH ha sido informada que la situación de violencia generalizada se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el desplazamiento interno de personas, grupos familiares y comunidades enteras en la región del Triángulo Norte.

La información recibida sobre los tres países de la región da cuenta de obstáculos por parte de los Estados para brindar respuestas frente a las denuncias realizadas y las demandas de protección de las víctimas en situaciones de violencia y de desalojos que se ven forzadas a desplazarse.

Igualmente se han informado a la CIDH sobre situaciones de represalias frente a hechos denunciados, lo que ha generado un alto grado de desconfianza de la población en las instituciones públicas, obstaculizando así la posibilidad de acceso a la justicia y de demanda de la protección necesaria.

En el primer estudio del Desplazamiento Interno en Honduras del año 2015, liderado por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, en el año 2014, fueron identificadas 174 mil personas desplazadas internas en 20 municipios urbanos.

Las causas del desplazamiento interno forzado identificadas por dicha Comisión se debieron a la persecución y la inseguridad de la comunidad en un 67.9% a; el 20% a las amenazas; 17% a asesinatos; 12% a lesiones personales; 10% a extorsiones, y finalmente las situaciones de violencia sexual, usurpación de vivienda, secuestro y reclutamiento forzoso conforman en su conjunto el 13% de los desplazamientos internos.

Pueblos despojados

La Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz, de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas resaltó “que muchas veces se ejecutan los desalojos sin realizarse, considerarse o investigarse adecuadamente los potenciales derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras de las que son desalojados”.

De la información recibida se desprende que dichos desalojos no suelen ser notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, involucrando la quema y destrucción de viviendas, alimentos, animales, sin la previsión de medidas de retorno ni reubicación, sin posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia.

Estas situaciones, han sido caracterizadas como desalojos forzosos con consecuencias en términos de la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, defensores y defensoras de la tierra, líderes comunitarios y periodistas, quienes sufren represalias y situaciones de violación de derechos a causa de su involucramiento en la protección de las víctimas las que se ven obligadas a desplazarse internamente o a través de las fronteras.

Violencia diferenciada

La criminalidad genera en mujeres y niñas; lo que se ve reflejado en las presiones, amenazas y acosos que sufren muchas mujeres y adolescentes en el país para ser reclutadas de manera forzosa por organizaciones criminales y para ser obligadas a participar de actividades ilícitas.

De igual manera, han sido identificadas prácticas de discriminación y violencia contra personas LGBTI, cuya consecuencia ha sido su desplazamiento forzado y el de sus familiares.

Algunas organizaciones de los países de la región han señalado que los Estados no han adoptado medidas para remover los obstáculos culturales que le impiden a estos grupos acceder a derechos fundamentales, generando una posición de extrema vulnerabilidad y su exposición a situaciones de violencia y discriminación que los obliga a desplazarse de su lugar de residencia habitual.