Cáceres fue encarcelado el 21 de diciembre de 2017 en el marco de las protestas contra el fraude electoral del presidente Juan Orlando Hernández. Otras 21 personas también fueron detenidas ilegalmente pero lograron defenderse en libertad menos él que tuvo que ser sometido a juicio Oral y Público.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal una Sentencia condenatoria de ocho a 10 años de reclusión y una multa de 5 mil a 10 mil lempiras, sin que existieran argumentos jurídicos por parte de la fiscalía hondureña.

Judicialmente Cáceres fue acusado de portación ilegal de explosivos o material de guerra, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Eso lo mantuvo 19 meses guardando prisión en el Centro Penal de El Progreso, Yoro,sin importar que el joven padece una discapacidad mental.

El abogado Omar Menjívar, apoderado legal, en reiteradas entrevistas brindadas para distintos medios de comunicación manifestó que “la ley regula el uso de fabricación, venta, exportación e importación de explosivos, no regula la portación de dos botellas de cerveza con gasolina en su interior”.

La defensa logró desvanecer los argumentos planteados por la fiscalía y agentes policiales que llegaron como testigos en el juicio oral y público, marcando un precedente de la actuación arbitraria de los entes que imparten justicia en el país y cómo se utiliza el derecho penal para violentar los derechos humanos.

El l Ministerio Público, por ser una entidad independiente está obligada a garantizar el debido proceso de la ciudadanía, sin embargo no lo hizo en éste y decenas de casos donde están enjuiciada la disidencia política; personas defensores de derechos humanos y periodistas críticos.

La resolución judicial es una gran victoria para el afectado; las organizaciones de derechos humanos; la defensa y la sociedad en su conjunto, debido a que con la falta de institucionalidad en que se encuentra Honduras, una absolución es una aguja en un pajar.  

Aunque queda la posibilidad de que el Ministerio Público apele la resolución y el juicio se reabra, tal como sucedió con dos defensores y una defensora de derechos humanos, torturados, detenidos y encarcelados, el 08 de septiembre de 2017, por proteger los derechos humanos de la población estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

Tomy Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Carlos del Cid de la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, AEDH y Ariel Díaz del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, sufrieron graves violaciones a los derechos humanos por un pelotón de policías al mando de los oficiales Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, de la Policía Nacional Preventiva, pero una jueza de lo penal los dejó en libertad definitiva en junio de 2018.