El caso de corrupción fue nombrado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras, (MACCIH), como “Caso Pandora”, éste se originó en el año 2013, en el contexto del proceso electoral de las elecciones generales en las que participaron por primera vez el Partido Anticorrupción,(PAC), y el Partido Libertad y Refundación (Libre), mismos que se crearon tras el golpe de Estado de 2009.
Según el Centro de Documentación de Honduras,(CEDOH), el Partido Nacional pagó al menos al 18 por ciento de las personas que votaron a favor del mandatario Juan Orlando Hernández.
Mientras se daba el proceso electoral también salió a la luz pública actos de corrupción en los cuales se implica al presidente y a su hermana de dirigir una red de desfalco de instituciones del Estado, en las cuales están la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), el Congreso Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, el Patronato Nacional de la Infancia, (PANI), y el Instituto Nacional de Formación Profesional, (INFOP). El dinero proveniente del saqueo de estas dependencias gubernamentales fue utilizado para la campaña interna de Hernández del 2012, elecciones generales del siguiente año y para la contienda política del 2017, según el documento.
No obstante, el capital que se sustrajo de las instituciones públicas fue transferido a las cuentas de las organizaciones no gubernamentales Todos Somos Honduras y la Fundación Dibattista.
Según el ex juez de sentencias abogado Ramón Enrique Barrios, citado en el informe de Cespad, este caso de corrupción “es el caso típico en el cual la clase política financia ilegalmente partidos políticos, movimientos políticos, y candidaturas”.
En este mismo informe se menciona que se utilizó el dinero de una Secretaría del Poder Ejecutivo a través de ONGs para realizar transferencias que eran del conocimiento del Congreso Nacional.
Cabe mencionar que este dinero que fue saqueado de las arcas del Estado, estaba dirigido a proyectos de reducción de la pobreza y desarrollo agrícola, pero fue desviado para financiar las campañas políticas del actual gobernante Juan Orlando Hernández.
En cuanto a la responsabilidad penal de estos actos de corrupción solo se han imputado a personas de menor poder dentro de las onges mencionadas, es el caso del desfalco más grande de la historia de Honduras.
El informe CESPAD destaca que “eis bancos en los que se depositaban y sacaban los fondos que se trasegaban a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, agencias de viajes, de renta de vehículos, empresas tecnológicas para impresión de material y una cantidad extraordinaria de cheques emitidos a personas particulares y diputados (sobre todo del Partido Nacional), fueron el armazón perfecto de Pandora para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández en el año 2013”.
Lucha contra la corrupción se libra en una estructura institucional que protege a las élites
Entre las conclusiones del informe es que “La lucha contra la corrupción se libra dentro de la vieja institucionalidad que históricamente ha garantizado la impunidad a las elites y grupos de poder, pero también ante la nueva institucionalidad diseñada por la MACCIH. Este es un nuevo subsistema formado especialmente por la UFECIC (fiscales e investigadores) y Juzgados Anticorrupción. Uno de los grandes obstáculos para terminar con la impunidad en la corrupción, es que los casos de los altos funcionarios públicos son judicializados ante los jueces naturales, que son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procedimiento establecido en los artículos 414-417 del Código de Procedimiento Penal de diciembre de 1999”.
También menciona que los jueces naturales que nombra una Corte Suprema de Justicia sin independencia, “se han convertido en “la tabla de salvación” de los corruptos para no ir a la cárcel y continuar con su vida “normal”, como se ha observado en los casos de Red de diputados y Pandora, entre otros”.
Lucha contra la corrupción se libra en una estructura institucional que protege a las élites
Entre las conclusiones del informe es que “La lucha contra la corrupción se libra dentro de la vieja institucionalidad que históricamente ha garantizado la impunidad a las elites y grupos de poder, pero también ante la nueva institucionalidad diseñada por la MACCIH. Este es un nuevo subsistema formado especialmente por la UFECIC (fiscales e investigadores) y Juzgados Anticorrupción. Uno de los grandes obstáculos para terminar con la impunidad en la corrupción, es que los casos de los altos funcionarios públicos son judicializados ante los jueces naturales, que son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procedimiento establecido en los artículos 414-417 del Código de Procedimiento Penal de diciembre de 1999”.
También menciona que los jueces naturales que nombra una Corte Suprema de Justicia sin independencia, “se han convertido en “la tabla de salvación” de los corruptos para no ir a la cárcel y continuar con su vida “normal”, como se ha observado en los casos de Red de diputados y Pandora, entre otros”.
CESPAD señala que los casos contra corruptos impulsados por la MACCIH con jueces anticorrupción, han demostrado una cierta independencia y han hecho la diferencia con otros que se han desarrollado con la vieja estructura del sistema de justicia.
Para esta organización “Pandora es uno de los casos de corrupción más emblemáticos que investigó y judicializó la MACCIH-UFECIC, ya que significa un esfuerzo de llevar ante la justicia redes de corrupción que se encuentran activas y que, por lo tanto, involucra a personas que tienen mucho poder e influencia política. En el caso Pandora fueron imputados diputados, un Secretario de Estado, un ex Secretario de Estado, un Director, un Comisionado presidencial, empleados de menor rango, empresarios y representantes de fundaciones (ONGs)”.
Para esta organización “Pandora es uno de los casos de corrupción más emblemáticos que investigó y judicializó la MACCIH-UFECIC, ya que significa un esfuerzo de llevar ante la justicia redes de corrupción que se encuentran activas y que, por lo tanto, involucra a personas que tienen mucho poder e influencia política. En el caso Pandora fueron imputados diputados, un Secretario de Estado, un ex Secretario de Estado, un Director, un Comisionado presidencial, empleados de menor rango, empresarios y representantes de fundaciones (ONGs)”.
VEA INFORME COMPLETO EN ESTE LINK
