En el año 2011 la Organización Mundial de la Salud, OMS, por medio de resolución hizo un llamado a los Estados Miembros "para garantizar que las estrategias de salud nacionales contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento al tiempo que apoyen la progresiva realización del derecho humano al agua y al saneamiento".

Ante este contexto y teniendo en cuenta que la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas en referencia que este derecho no esté expresamente garantizado en textos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, ha reconocido que es un derecho que se deriva de otros tutelados explícitamente.

Sin embargo, en las zonas vulnerables por el factor económico que no cuentan con el acceso al agua, se les dificulta realizar sus actividades diarias, según han denunciado varios sectores. Situación agudizada en el contexto de la emergencia por el COVID19.

Esta vulnerabilidad impide adoptar las recomendaciones dadas a la población por expertos en salud, en las cuales se ha dicho que para prevenir el contagio del virus hay que implementar medidas de higiene como lavar las manos con  frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugares públicos o en contacto con otras personas.

Varias personas han mencionado que por la precaria situación sobre el vital líquido en Tegucigalpa solo pueden comprar de tres a cuatro barriles por hogar, más de esta cantidad no se permite, imposibilitando seguir en gran medida las medidas de prevención.

Asimismo el costo por cada depósito de agua permitido ha incrementado de 20 a 40 lempiras, alrededor de dos dólares porque según los argumentos de quienes se dedican a la venta del vital, es debido a que no hay. Pero un factor muy importante es que en Honduras más de cinco millones de personas viven en pobreza y un 22.9 por ciento en la extrema pobreza, con menos de un dólar para comer.