Los permisos para proyectos hidroeléctricos, cortes de madera, entre otros, se están realizando de forma virtual a través de una página en la plataforma de MiAmbiente como una manera de prestarles servicios a los empresarios de estos proyectos.

Asimismo al finalizar la pandemia tendrán 60 días para presentar la documentación en físico teniendo ya avanzado el trámite en la plataforma, también para renovar licencias vencidas con el fin de favorecer a los empresarios extractivos.

Ariel Madrid, abogado defensor del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, mencionó que los procesos en contra de defensores han cesado en la zona Norte del país en especial en Tela donde conoce los casos, pero a cambio, las municipalidades fueron cerradas sin dejar paso para contribuir con recursos alimenticios para la población.

El departamento de Atlántida en Honduras es habitado entre otros por la comunidad Indígena Garífuna, que durante años ha emprendido una lucha en contra del desplazamiento forzado del territorio, y favorecer la siembra de la palma africana.

El 02 de abril en el departamento de Choluteca, guardias de seguridad privada y de una azucarera ejecutaron un desalojo forzado en contra de campesinos, hiriendo de bala algunos y asesinando a la defensora del territorio Iris Argentina Álvarez.

El hecho criminal se dio en el municipio de Marcovia, siempre en el departamento de Choluteca, donde los campesinos cultivan las tierras que son de procedencia ejidal, pero la azucarera La Grecia las reclama de su propiedad, aunque existe un proceso abierto y que aún no hay una resolución para solventar el conflicto por parte de los tribunales de esa zona, el desalojo fue llevado a cabo.

Este 06 de abril Leopoldo Mena, integrante de la comunidad de los Chachos donde ocurrió el desalojo en Marcovia, denunció a través de la organización de derechos humanos ACI- Participa que sufre persecución y amenazas a muerte por parte de guardias de seguridad privada de la Empresa CRAE, que controla la seguridad en dicha azucarera.

Elsa Corea, abogada de ACI-Participa informó a pasosdeanimalgrande.com que este caso se ha tornado sumamente grave aunque está en espera de la audiencia inicial para ver el curso de justicia por el asesinato de la defensora Álvarez y por los daños a la integridad que han sufrido algunos campesinos, además que son más de 50 familias las que están siendo afectadas.

En este departamento a tan solo un día de haber iniciado la suspensión de garantías el Juzgado de Letras decretó medidas distintas a la prisión preventiva para la luchadora social, Aleyda Xiomara Huete, a quien se le atribuyó por el Ministerio Público los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación casera (chimba), y almacenamiento ilegal de artefactos explosivos, y atentar contra la seguridad interior del Estado de honduras.

Huete es reconocida por ser una líder de Bastión del Sur, una organización que impulsó desde 2017 las marchas contra la corrupción en el Hospital del Sur, el fraude electoral que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y los abusos de la Empresa Energía Hondura, EEH.

Ella es considerada una presa política al igual que el esposo quien fue capturado por los mismos delitos en meses anteriores y guarda prisión actualmente.

El 17 de marzo del 2020 previo una campaña de desprestigio y judicial, fue capturada, un días después de que el gobierno declarara emergencia nacional por el Covid19¸el Ministerio Público le levantó cargos inculpándola de quemar la cara con una bomba molotov a un joven, hecho ocurrido en diciembre de 2019. El 01 de abril de este año quedó en libertad con medidas sustitutivas a la prisión.

Las acciones contra ella son una clara señal de que se le pretende obstaculizar su trabajo en la defensa de los derechos humanos en el Sur del país.

Actualmente en Honduras existen tres casos fuertes de “presos políticos”, personas que han sido criminalizadas especialmente por su orientación política igual que Aleyda Huete, una persecución y hostigamiento de parte de autoridades, también el caso de periodistas de la misma ciudad que han sido desplazados forzadamente por su crítica periodística.

El departamento de Choluteca, es donde se reporta un alto índice de violencia en las alertas y monitoreo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en contra de defensores, comunicadores sociales y periodistas, mujeres, defensores territoriales y población en general que hace uso de la protesta social.