Según el Ministerio Publico, decidió adelantar el proceso investigativo a la espera del trabajo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), como lo estipula la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos en el artículo 16 del DECRETO 116-2019.
En la cual se otorga al Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), la potestad de proceder a realizar una autoría e investigación especial, exclusivamente sobre el delito de enriquecimiento ilícito, brindándole una facultad excesiva para intervenir en la calificación de otros tipos penales imposibilitando al MP.
El 14 de abril recién pasado, el Secretario Privado y Jefe de Gabinete Presidencial, Ricardo Leonel Cardona, informo Cristian Elías Santelli,administrador de la Comisión Permanente de Contingencias,(Copeco), la suspensión d su cargo, y a todos los empleados que estuvieron relacionados con el envío de información a la Secretaría de Finanzas sobre los gastos presupuestarios durante la pandemia del Covid-19.
El Consejo Nacional Anticorrupción,(CNA), comunicó que los hondureños “estamos siendo engañados”, después de una exhaustiva revisión en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de la información entregada por la Secretaría de Finanzas y otras instituciones públicas que no siguen los lineamientos de ese organismo de transparencia.
Asimismo, exigieron a los funcionarios públicos revestirse de humildad y honestidad, evitando aprovecharse de los recursos públicos, para el abastecimiento de fondos “como antesala a una campaña política que se verá manchada de sangre honesta, por las vidas que se están perdiendo”.
Ivonne Ardón, Comisionada del IAIP, dijo en el Noticiero Hoy Mismo Estelar, de fecha 14 de abril de 2020, que esa entidad no ha recibido ningún informe sobre el manejo del recurso presupuestario de la emergencia por el virus y que había plazo para que el gobierno lo hiciera hasta este sábado 18 de abril, de lo contrario sancionarían a los funcionarios responsables conforme a la Ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución Pandemia y Derechos humanos en las Américas emitió recomendaciones ante el Covid-19 donde instó a los Estados asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, incluidos los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA, en el contexto de las pandemias y sus consecuencias, entre ellos abusos por parte de actores privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos.