Era la noche del 24 de mayo del 2017 cuando un grupo de más de 20 jóvenes se tomaron las instalaciones del edificio administrativo o “Alma Mater”, el objetivo era protestar contra un juicio injusto contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, acusado por la UNAH y el Ministerio Público de usurpación, en el contexto de las protestas por violación a los derechos estudiantiles.

Aunque era una toma pacífica, la respuesta de las autoridades fue violenta, a través de la guardia de seguridad privada ingresaron al edificio para desalojarlos en la oscuridad de la noche. Como estaban en sus manos, los guardias junto a policías les llevaron a un lugar apartado del edificio y les apuntaron a sus cabezas, la intención era matarlos.

No solo un recuerdo

Al menos 20 estudiantes fueron detenidos y llevados al Core 7 el 24 de mayo de 2017, con los cargos de privación de la libertad y daños. El primer delito fue sobreseído, pero aún se mantiene la figura de daño.

Juan Carlos Hernández, ex estudiante de la UNAH, criminalizado en el 2017, expresó a pasosdeanimalgrade.com que era más difícil hablar con los abogados de la ex rectora Julieta Castellanos que los que están ahora en la administración del rector Francisco Herrera.

Hernández agregó que lo que les hicieron es un claro ejemplo de cómo un funcionario público que tiene tanto poder para criminalizar fuertemente a un grupo que solo ejerce el derecho de la protesta.

Julieta Castellanos fue capaz de ingresar policías en horas que no están establecidas, es un claro ejercicio de abuso de autoridad, también se sabe que tiene ciertas denuncias pero nunca fue judicializada por ninguna, reiteró.

Pasosdeanimalgrande.com consultó a algunos estudiantes que tienen abierto este proceso y la mayoría aseguró que después de un tiempo el tema no se volvió a tocar en la sociedad ni por las autoridades, pero para aceptar sentarse a crear un nuevo Reglamento Electoral Estudiantil (REE), en el año 2018, fue una de las exigencias estudiantiles desestimar los procesos contra los estudiantes criminalizados.

Las autoridades universitarias manejan el discurso público de que van hacer lo posible por cerrar los 30 procesos penales pendientes, pero argumentan que es algo que no les compete porque las denuncias fueron interpuestas en instancias nacionales. Pasosdeanimalgrande.com no logró contactar a ningún representante legal de la UNAH, pues es tan aparente la falta de voluntad política para no seguir violentando el derecho legítimo a la protesta en esa universidad.

Las pérdidas

La vida de los estudiantes pendía de un hilo, staban en total indefensión ante guardias armados y un silencio programado de la ex rectora Julieta Castellanos, pero afortunadamente apareció el periodista Ronnie Huete quien alertó a organizaciones defensoras de derechos humanos sobe lo que estaba pasando, pero él fue detenido, lo golpearon y despojaron de su celular.

Huete comentó a pasosdeanimalgrande.com que aquella noche él se reportó como periodista y defensor de derechos humanos, no era parte del grupo estudiantil sino que estaba cubriendo, cuando notó que los guardias se empezaban a poner capuchas en sus rostros y armarse con palos y gas lacrimógeno. Al realizar la alerta fue detenido y llevado al edificio donde le quemaban la cara con gas pimienta, mientras lo golpeaban por órdenes del jefe de seguridad a cargo. Posteriormente el Ministerio Público levantó cargo en su contra él y los estudiantes y fueron llevados detenidos por la policía.

En ese tiempo era corresponsal de un medio de comunicación Brasil. Una serie de difamaciones y acusaciones mediáticas propiciadas por la ex rectora Julieta Castellanos, trataron de esconder la violación a su derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y torturas de que fue objeto.

Según Huete eso lo obligo acudir a misiones internacionales en el país como la Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos, esta última el día que se dictaba sentencia envió un observador.

Al final se le declaró inocente y obtuvo la carta de libertad, pero un mes después la UNAH apeló y desde entonces no se ha resuelto este recurso, lo que mantiene en vilo la libertad de los afectados.

Mientras los estudiantes tienen manchado su historial y sus antecedentes policiales que les evitan que sean contratados en un trabajo, el periodista Huete señaló que fue un proceso que perjudicó su carrera.

Cuando sucedieron los hechos tenía 18 años de ejercer el periodismo y cubría las manifestaciones y actividades estudiantiles desde el 2009, durante el 2017 estaba cursando una segunda carrera que era sociología pero tuvo que dejar todo por las acusaciones judiciales y la campaña de desprestigio contra él, por lo que se exilió tiempo después en los Estados Unidos.