Karla Lara, defensora de derechos humanos y presentadora del programa, explicó que la emisora alude a que la suspensión es por una deuda, pero ambas partes desconocen cuál es el monto que le adjudican ya que algunas veces han realizado pagos en la cuenta y la emisora no les entregaba un recibo , pero que durante la pandemia no han tenido problemas y cumplido puntuamentel las últimos cinco cuotas, por lo que la mora es de tiempo anterior.

Según la presentadora, siempre habían buscado las maneras de llegar a un arreglo, ya que el programa es independiente y se sostiene de pequeñas y pequeños productores que colectivizan su trabajo, y con las aportaciones de las cooperativas, algunas veces han tenido atrasos pero lo solucionan, sin embargo esta vez también pusieron como excusa que la Secretaría de Educación solicitó un espacio para las clases y proporcionaron el de Sin Café No Hay Mañana.

La notificación de suspensión fue dejada en el escritorio de la cabina radial, donde el técnico la encontró 10 minutos antes de la trasmisión del programa, el 03 de agosto e informó a la presentadora y miembros de la Central Cafetalera.

Sin Café No Hay Mañana, es un programa radial y crítico que expone las luchas territoriales de los pueblos por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza, los feminismos, las propuestas de construcción de autonomía de los pueblos indígenas, el cooperativismo como respuesta frente al avance del capital financiero, el modelo agroindustrial que desplaza a pequeñas y pequeños productores, el racismo y clasismo que atraviesa cada decisión del régimen, y otras propuestas políticas.

Juan Ángel Paz, presidente de la Central Cafetalera, agregó que posiblemente después de algunos debates, el programa regrese este 07 de agosto al aire y si no es que siguen mediando un acuerdo, donde quizás solo quede en la historia como un impase en los estados de cuenta y que se tomó una decisión abrupta y unilateral.

Los miembros del programa están dispuestos a suplir la deuda en cuanto logren aclarar cuanto es el monto real, ya que ambos manejan sus cifras, pero recalcan que la decisión es una violación a la libertad de expresión porque el programa representa la voz de muchos sectores que denuncian las irregularidades que funcionarios cometen contra la población en el manejo de los recursos y acuerdos que emiten, aprovechándose aún más durante la pandemia del Covid-19.