Esta Mesa de seguimiento de recomendaciones y sentencias de la CorteIDH, en Honduras está conformada por organizaciones nacionales e internacionales, las que mencionan que es necesaria la articulación para enfrentar un régimen dictatorial que no respeta los derechos humanos y por ende las sentencias internacionales.

la CorteIDH emitió sentencia en el caso de 107 personas privadas de libertad que fallecieron calcinados en un centro penal, responsabilizando al Estado después de escuchar a peritos y testigos, mientras las autoridades habían rechazado su responsabilidad en los sucesos donde no pudieron garantizar la vida, ya que estaban dormidos y encerrados cuando se originó el fuego.

El abogado Mario Roberto Chichilla, uno de los panelistas y quien también fue parte del equipo de abogados del caso Pacheco Teruel y otros Vrs Honduras, el cual se trata de la muerte de 107 privados de libertad en la cárcel de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004, en la bartolina número 9 . La Comisión Interamericana de derechos humanos donde se tramitó el caso inicialmente, señaló que las personas fallecidas eran miembras de maras a quienes se mantenían aisladas del resto de la población del penal y confinadas a un recinto inseguro e insalubre, por lo que los hechos “son en definitiva son una consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciarlo hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas”

Chinchilla detalló que la fiscalía dejó la investigación y que cuando el caso llegó a la CIDH habían pasado cuatro año y las investigaciones aún estaban en etapa preliminar. Además de no haber identificado a los responsables no había reparación para las familias de las víctimas, apenas el Estado dio una cierta cantidad de dinero que no ajustó ni siquiera para comprar todos los ataúdes.

Tampoco hubo reconocimiento público por parte del Estado de Honduras de su responsabilidad, por lo que el caso llenaba los requisitos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Entretanto, otro de los panelistas, el abogado Joaquín Mejía , integrante del equipo legal de varias organizaciones que apoyaban a las familias de los privados de libertad muertos, dijo que la CIDH elev+o el caso a la CorteIDH y notificó a las partes. Las víctimas tuvieron dos meses para responder y el Estado de Honduras cuatro, pero se negó a reconocer su responsabilidad en los hechos.

En vista de ellos el presidente de la CorteIDH convocó a una audiencia pública el 28 de febrero de 2012 y solicitó peritajes e informes por escrito de los hechos, el Estado de Hionduras se vio obligado a aceptar su responsabilidad y a proponer un arreglo amistoso, pero la defensa de los familiares de las víctimas respondieron que sí podía haber conciliación si la conciliación se convertía en una sentencia de la CorteIDH y sí el Estado procedía a reparar a los parientes de los muertos.

Carlos Paz, de Caritas Honduras, expresó que ese suceso fue tan desgarrador porque de los 107 privados de libertad, más de 100 murieron asfixiados, varios de los cuerpos fueron entregados equivocados a sus familiares, y en el tema de la reparación integral todavía está la deuda, provocando una revictimización y la falta de indemnización para los hijos, hijas, esposas y madres.

En este caso el Estado de Honduras no ha incumplido las recomendaciones, en los últimos años se suman más víctimas debido a la falta de cambios en el sistema de justicia , sino que aprovechan el aspecto penal de las leyes para criminalizar a personas que se manifiestan en protestas y manifestaciones, así como defensores y líderes sociales y ambientales, detalló Paz.

La mesa de seguimiento plantea las oportunidades en el sistema penitenciario

Según los expositores, respetando los estándares internacionales el Estado debe garantizar la vida de las personas que se mantienen bajo su custodia y garantizar el acceso a una vida digna contemplado en los parámetros de la privación de libertad.

La mesa partió el estudio del caso en base a la observación y el informe de país de la situación penitenciaria, que permite ir viendo los reportes de hacinamiento y sobrepoblación de sentenciados y condenados, para contrastar avances del Estado y de las instituciones internacionales para debatir la realidades.

Vea la sentencia de la COrteIDH en el caso de la muerte de los privados de libertad de la cárcel de San Pedro Sula Aquí en este link