El panel estuvo conformado por Tilly Metz, Sira Riego y Javier López, parlamentarios de la Unión Europea, Juan Almendares dela organización Madre Tierra de Honduras, Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, Gabriela Sorto de la comunidad de Guapinol, Berta Zuniga del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

Según los panelistas los tratados son desiguales y garantizan los beneficios económicos para los países hegemónicos, apoyando a las transnacionales que violan los derechos humanos, así como el Banco Mundial y el Fondo Internacional que autorizan gastos de compra de armas en un pueblo pobre como Honduras.

Sira Riego, expresó que la UE debe tener compromisos en sus relaciones exteriores, “por eso es muy importante saber que en Honduras la población lucha contra un Estado que los reprime y empresas que actúan como bandas criminales y que muchas veces se ligan a trasnacionales europeas que proveen productos al mercado, ahí es necesario incorporar los derechos humanos en las regulaciones de comercio”.

Juan Almendares puntualizó que el gobierno le da dinero a los militares para que dirijan la agronomía y las armas mientras el pueblo tiene hambre, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Publico son instituciones silenciosas avalando la corrupción, la violencia, es la crisis de una explotación de clase donde no se sabe quién manda si el presidente de la Rep+ublica o el Comando Sur.

Almendares agregó que muchos defensores murieron en los últimos años, aun teniendo medidas del Mecanismo de Protección, por lo que es vital que tenga un mejor funcionamiento y para eso debe estar afuera la representación de las fuerzas armadas, servicios de inteligencia y el consejo de seguridad.

Miriam Miranda señaló que la destrucción de la institucionalidad dejó en peligro a toda la población del país, donde se aprueban leyes para apoyar la impunidad y corrupción que obligan a las personas a huir, “es una tragedia humanitaria donde en plena pandemia y crisis por huracanes, la gente piensa en migrar al extranjero”.

Desde la comunidad internacional es imprescindible que no se sigan legitimando Estados que no garantizan a la población las necesidades básicas, si la Unión Europea está colaborando no solo debe esperar un informe sino que es verificar dónde va ese dinero y a quiénes ayudan, porque en este 2021 van a ser miles de personas que van a huir, es un boomerang para Europa y los Estados Unidos, destacó la defensora Miranda.

Agregó que la participación del crimen organizado es parte de las instituciones, por eso para los defensores es muy difícil acudir a las instancias judiciales o Mecanismo de Protección, tampoco existe la confianza de que se inicie una investigación por lo que provoca una indefensión.

Tilly Metz mencionó que la unión Europea sí debe controlar los subsidios y financiamientos, pero en cuanto a las sanciones se tiene que ser consiente que buscar una mayor responsabilidad, incluir donde muchas pueden ser víctimas, por lo que conlleva un debate, además de sensibilizar la situación de Honduras con lo que ocurre y regular los impactos de las políticas comerciales, de donde provienen los productos o las circunstancias que generan.

Berta Zúniga, explicó que las decisiones que se han tomado por los funcionarios solo agudizaron los conflictos, las instituciones ahora pueden impedir conocer las licencias ambientales que se le otorgan a proyectos de explotación, mientras el Mecanismo de Protección no satisface las medidas para las y los defensores.

En el caso de asesinato a Berta Cáceres se decidió que el proceso no se avanzara en las investigaciones hasta que termine el juicio contra David Castillo, como uno de los autores del crimen, lo que se refleja un acto de impunidad que ya lleva 5 años, expresó Zuniga.

Gabriela Sorto dijo las leyes solo favorecen a los ricos, mientras para los pobres se implementan herramientas de criminalización, por eso toca a las comunidades defender las riquezas de las empresas que solo llevan destrucción del ambiente y medios de subsistencia de las personas.

En Guapinol las instituciones de seguridad sirvieron para infundir el miedo y reprimir a la comunidad y el sistema de justicia envió a prisión a ocho defensores, mientras la destrucción obliga al desplazamiento y abandono del territorio por temor. Todavía hay quienes están dispuestos a seguir frente a un gobierno corrupto, manifestó Gabriela Sorto hija de uno de los defensores criminalizados.

Javier López concluyó que en Honduras han sido asesinados 150 defensores en la última década, el papel que debe imponer la Unión Europea a empresas que actúan con financiamiento en la zona debe estar vinculada a la realidad de las comunidades, el territorio y medio ambiente.

“El Estado debe proveer la protección y un mejor funcionamiento de las instituciones para que los defensores puedan realizar sus labores de defensoría y sancionar aquellos que violan sus derechos humanos”, destacó López.