Rafael Alegría, coordinador de Vía Campesina, expresó que el 70 por ciento de los hombres y mujeres no tienen tierras, la inseguridad alimentaria en el campo se destaca en 14 departamentos occidentales y centrales, que han tenido problemas y los huracanes ETA e IOTA, aumentaron los casos, mientras el gobierno prefiere seguir apoyando a los grandes empresarios de exportación.

Las organizaciones exigen que sea aprobada la Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuaria y Forestal para garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria, que fue presentada a más de 30 diputados. También alertaron al movimiento campesino e indígena para asumir con dignidad ante la destrucción y abandono del agro hondureño.

Wendy Cruz,de la Vía Campesina explicó que la propuesta de emergencia se entregó hace un año y los congresistas no han podido hacer nada para legislar en pro de la alimentación de la población hondureña, por ello se les hace un llamado a volver la mirada al campo en favor de los pequeños y medianos agricultores.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la crisis en la inseguridad alimentaria de Honduras es grave en al menos el 66 por ciento de la población, que tienen una falta de acceso a la comida y una mala nutrición.

Los campesinos señalaron que la administración de Juan Orlando Hernández, en los últimos tres años ha incrementado medidas como la desarticulación de la institución agraria, la militarización de las políticas y los decretos ejecutivos que atentan contra el acceso a la alimentación, profundizadas con la pandemia y los huracanes ETA e IOTA.

La propuesta contempla la creación del Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal CNPAPF, resolver la mora agraria de expedientes que se encuentran en el Instituto Nacional Agraria,  INA, la reactivación productiva, reforestación con preferencias en las zonas de reservas y cuencas hidrográficas productoras de agua.

También implementar un plan de estudios mediante becas a jóvenes y mujeres del sector, cumplimiento de la Ley CREDIMUJER y acciones para que en las áreas rurales tengan control de tierras, y un plan de comercialización que garantice precios justos y rentables para los productores y consumidores.

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