Este 02 de junio de 2021mediante una conferencia de prensa, las personas representantes del MADJ, María Dolores Euceda; Martín Fernández; Ibsy Aranda; Magdalena Díaz y también Brigitte Gynder,  de SOA Watch, señalaron que es  un triunfo para los pueblos,  la cancelación del financiamiento por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, (DFC), y piden hacer lo mismo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

En julio del 2020 Adam Boehler,  director ejecutivo del DFC, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la Encargada de Negocios de la Embajada de los EEUU en Honduras, Colleen A. Hoey y el  Asistente Adjunta del presidente y directora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental , en el Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, anunciaron la intención de un financiamiento de mil millones de dólares en la inversión del sector privado durante tres años en Honduras.

El 27 de mayo de este año ,  el diario VICE Wold News, en el artículo “Biden acaba de matar la financiación de una controvertida presa que Trump intentó construir en Honduras”, aseguró que se había procedido a la cancelación del préstamo prometido de 35.7 millones de dólares para el proyecto de inversiones de generación eléctrica S.A. de S.V. INGELSA,  en el proyecto Jilamito.

Martin Fernández, coordinador del MADJ, explicó que esta organización  inició desde el 2009 su lucha por el ambiente y la dignidad de los pueblos,  se priorizó este tema cuando un año más tarde,vía decreto se aprobaron proyectos de esta naturaleza y al menos 24 se instalarían en el departamento de Atlántida.

Fernández agregó que en el trascurso del tiempo se pudieron construir cinco proyectos de manera ilegal, un proceso que les enseñó cómo resistir en contra del despojo, no porque estén en contra del desarrollo sino por la corrupción entre la confabulación y contubernio del sector gubernamental y la banca.

Según el dirigente del MADJ , es un triunfo parcial el retiro del financiamiento por el banco estadounidense, marca un momento importante en la vida orgánica de su organización y todas aquellas otras, así como personas que apoyan esa lucha, solidaridad que está alrededor respirando procesos de resistencia y justicia.

También recalcó que el MADJ ya había presentado acciones legales en contra de la empresa INGELSA, sin embargo no cuentan con la documentación necesaria para comprobar que es un proyecto viciado al cual el Estado le otorgó una licencia ambiental a pesar de que la comunidad de Arizona, en el departamento de Atlántida, en Honduras, se declaró en contra de ese proyecto en 2015 y lo ratificó en 2019.

Según los defensores de Jilamito donde se pretende instalar el proyecto,  ya hay tres más que en un lapso de ocho  años han  recaudado al menos 800 millones de lempiras y que en la municipalidad no deja,  ni 2 millones, entonces no son procesos de los cuales se dice que contribuyen desarrollo sino que dividen a la población y alimentan la pobreza, porque 30 mil personas dependen del agua para consumo.

Brigitte Gynder,  del Observatorio de la Escuela de las Américas,  SOA Watch, explicó que el Banco de los Estados Unidos retiró el financiamiento de una inversión de mil billones de dólares destinados a la clase oligárquica, al sector privado de Honduras, en un proyecto que ha sido denunciado por corrupción y violencia contra los derechos humanos de la comunidad.

Gynder agregó que es importante destacar que Jilamito no es un caso aislado sino que es parte de un modelo de privatización de los recursos en el denominado desarrollo, un acto hipócrita de los Estados Unidos debido a que la misma embajada de ese país  había encontrado dos personas involucradas en el proyecto madre como blanqueadores de dinero.

La defensora del MADJ,  María Dolores Euceda, indicó que el pueblo seguirá desde el campamento de Jilamito, que se convirtió en una segunda casa para defender y luchar por los bienes comunes hasta que ellos se cansen porque es su territorio y su soberanía.

Asimismo detalló que es un proyecto desarrollado con violencia y muerte, en una comunidad que los huracanes dejaron una situación más precaria en el municipio de Arizona, algo que ni siquiera durante el Mich de 1998 se vivió. El paso  de ETA e IOTA destruyó la agricultura y provocó un gran impacto en la vida de las familias.

Finalmente los defensores piden al BID ver las peticiones de los pueblos que quieren conservar el Río Jilamito para consumo de las comunidades,  y no financie a la empresa INGELSA, en donde solo se lucra un  grupo.