Las ZEDE, es un proyecto reformado que nace de las denominadas Ciudades Modelo, éstas se  encuentran en varios Estados, pero en el caso de Honduras los expertos alertaron a la sociedad que tienen la potestad de crear sus propias leyes, firmar convenios internacionales, entre otras atribuciones que les permite ser independientes del mismo país donde se rigen.

El Sistema de Naciones Unidas hizo un llamado al Estado de Honduras para que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las , con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes, también al desarrollo equitativo y sostenible.

Según la ONU en la actualidad aproximadamente el 35 por ciento del territorio hondureño correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), que estarían  quedando a disponibilidad del régimen de las  ZEDE, lugares con antecedentes de conflictos territoriales.

Asimismo desde el  análisis se permite sugerir que el diseño constitucional , legal e implementación de estas zonas en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes, como resultado entre otros aspectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas entidades respecto a la administración de servicios públicos y el sistema de justicia.

La respuesta del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cooperación Internacional fue que las decisiones tomadas son respetuosas , están apegadas a la Constitución de la República y el marco legal interno, con el propósito de garantizar el bienestar social y económico.

Agregando que es un deber del gobierno, en su ejercicio del derecho,  a la autodeterminación buscar salidas a la crisis económica agravada por la pandemia del Covid-19, y las tormentas ETA e IOTA.  Según las autoridadeslLas ZEDE son una nueva fuente de empleo y atracción de inversionistas nacionales y extranjeros, por lo que instan al Sistema de Naciones Unidas a apoyar las iniciativas.

El mandatario Juan Orlando Hernández, en conferencia de prensa dijo “resulta que los mismos de siempre del COHEP, impuestos que deberían estar ampliando las calles, no ajustan porque ellos los usan en algo que llaman marchamos y es el único Estado del mundo donde el gobierno le da a una organización empresarial, deberíamos revertir eso en el Congreso y dedicarlo exclusivamente los programas sociales o de emprendimiento para no seguirle dando a los más ricos”. 

El 03 de junio de este año el COHEP, en conferencia de prensa indicó que el gobierno cometió un error al enviar el decreto ejecutivo al Poder Legislativo para reformas de las ZEDE, en ese aspecto las garantías que les darán a los inversionistas con las reducciones de costos, mejor se las den a toda la población.

Al COHEP le preocupa que los ingresos queden solo en las Zonas mencionadas, y que haya diferenciaciones entre esos espacios y el resto de país, con el único objetivo de crear empleos “algo que también puede hacer el crimen organizado, lo que el Estado debe garantizar es que sea en un marco legal, constitucional y sin corrupción”.

Por otro lado, la sociedad civil, ha salido a las calles a expresar su rechazo por el silencio de los alcaldes ante las reformas aprobadas que limitarían las funciones municipales y de departamentos, en comparación a las actividades  para las ZEDE donde se presentan leyes y estructuras diferentes.

Olman Suazo, ingeniero forestal y miembro de la sociedad organizada de La Ceiba, presentó una ponencia “Las ZEDES:  el fracaso de las políticas de desarrollo de 12 años continuos del gobierno azul”.

Según explicó fueron los miembros del Partido Nacional en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que  promovieron la aprobación de las regiones especiales.

Suazo, explicó que no tienen esperanzas que cinco o seis magistrados que responden al régimen de Hernández, resuelvan a favor de la población,  los recursos de inconstitucionalidad presentados en la Sala Constitucional, interpuestos por algunos representantes de la sociedad.

El discurso político de los funcionarios en el poder es que las personas que se oponen a las ZEDE, se niegan a la creación  de fuentes de trabajo.

A través de diferentes formas de comunicación en redes sociales diversos sectores, entre ellos las juventudes,  han señalado que no permitirán la venta de la soberanía nacional y han llamado a movilizaciones.