Cuando inició el confinamiento en Honduras, el 16 de marzo de 2020, Denise Roxana Murillo Martínez anunció a los 588 seguidores de su cuenta de Facebook que ofrecía consultas privadas gratuitas a enfermos no graves por el Covid-19, para “no saturar las emergencias de los hospitales”. Dos semanas después murió, en un rápido desenlace que la convirtió en la primera médica fallecida en el país a causa de la pandemia.

Si fuese una crónica de guerra, de la doctora Murillo Martínez se diría que falleció en primera línea de combate. Murió en el mismo hospital donde laboraba, el Leonardo Martínez de San Pedro Sula, al Norte de Honduras, la ciudad más abatida por el coronavirus junto a Tegucigalpa, la capital. 

La doctora Murillo Martínez y sus colegas afrontaron la primera ola de la pandemia en un hospital que ha sido la principal referencia asistencial en salud de San Pedro Sula, desde hace 121 años. Sin el número de cámaras necesarias, de nebulizadores, de ventiladores mecánicos, de mascarillas, guantes, uniformes adecuados, espacios de descontaminación, de laboratorios completos y de todo lo básico para atender a pacientes en condiciones normales y, menos, durante una pandemia. 

La suya parece una metáfora trágica, se contagió mientras atendía el alumbramiento de una nueva vida en la sala de partos. Su fallecimiento incentivó los reclamos del personal sanitario público, en particular el de la Zona Norte, que se sintió impotente por la falta de equipo para estabilizarla en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y por la carencia de insumos de bioseguridad para proteger sus propias vidas. 

La doctora Murillo Martínez, como sus colegas, estaba consciente de la gravedad de la situación, por eso apelaba a la prevención de la sociedad. En su cuenta de las redes digitales escribió: “Ningún sistema de salud en el mundo ha podido manejar adecuadamente la situación en sus países, ¡imagínese el nuestro!” y alertó sobre el “alto riesgo de contagio en supermercados, farmacias, gasolineras... aguantemos con lo básico... y si no tiene, busque lugares pequeños y poco concurridos”. 

También hizo eco a los mensajes de otras colegas, como el de una médica general que cursaba su especialidad y escribió: “Soy médico residente y no tengo material de bioseguridad para atender a la población. #necesitamos protección”. 

Cuando el 14 de marzo de 2020 los estudiantes de internado rotatorio del séptimo año de Medicina amenazaron con retirarse de los hospitales por falta de protección, “para no convertirse en eslabón de la cadena de contagios”, Denise Murillo los acuerpó y agregó al comunicado estudiantil: “Si alguien es periodista valiente, pásele esto al presidente”.

Dos semanas después de su muerte y a 30 días del inicio del confinamiento, el gobierno que preside Juan Orlando Hernández hizo la primera compra de mascarillas y gel para el personal sanitario, de acuerdo con los datos de los informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). 

A partir de entonces, los desembolsos públicos “para atender la pandemia” se multiplicaron al igual que los contagios y las muertes. En menos de dos meses se destinaron US$ 85 millones, pero el desabastecimiento de insumos, la sobrecarga del personal sanitario y la avalancha de pacientes siguió siendo la nota dominante. La curva de letalidad fue en ascenso, al grado que pronto un médico u otro personal de salud moría cada 72 horas. A esas alturas fue evidente que la corrupción y la negligencia pública ayudaron al virus del Covid-19 a propagarse. 

Anatomía de una tragedia

A la regla social de “Quedarse en casa”, al personal de salud le tocó aplicar la excepción: no quedarse en casa, no guardar distancia con los pacientes y asumir con responsabilidad y valentía el riesgo de contagio, como afirmó la revista del Colegio Médico de Honduras (CMH), en octubre de 2020, en un tributo a sus 61 afiliados fallecidos hasta entonces. 

En un acto simbólico y emotivo, el CMH sembró en sus instalaciones un ciprés con el nombre de cada médico fallecido y la siguiente leyenda: “Estos árboles nos darán el oxígeno que les faltó a nuestros colegas para seguir viviendo y nos darán el oxígeno que necesitamos para continuar la lucha por un sistema de salud público, justo y de calidad para el pueblo hondureño”.

La pandemia enlutó al menos a 170 familias del personal de salud antes de que se les aplicara las primeras vacunas, como sector prioritario, un proceso que inició el 25 de febrero de 2021 y concluyó en mayo pasado con la segunda dosis. La siguiente tabla muestra con más detalle esta información:

De acuerdo con el número oficial de muertes a nivel nacional, la tasa de mortalidad por Covid-19 en Honduras se estima en 648 por cada millón de habitantes, 1.3 veces más que la de Guatemala y casi el doble que la de El Salvador. ¿Qué factores agravaron y siguen agravando el problema en este país? La siguiente infografía muestra la evolución de la tragedia. 

El personal sanitario en la línea de tiempo del Covid-19 en Honduras

Infografía elaborada a partir de datos recabados.

La amalgama perversa 

La mezcla que potenció y aceleró el contagio y la muerte blanca en el país se asocia con una carga viral concentrada en las UCI, en las salas de Covid-19 y en las emergencias de un sistema de salud público precario, y con la corrupción y la negligencia del Estado.

Honduras afronta “determinantes sociales y sanitarias que requieren atención urgente e integral”. Entre las primeras figuran la pobreza, una educación insuficiente, una migración masiva, altas tasas de homicidio, el narcotráfico y la desigualdad, según sostiene el CMH en uno de sus primeros análisis escritos sobre el tema, publicado en su revista, en octubre pasado, titulado “Tributo a los médicos hondureños fallecidos durante la pandemia de Covid-19”. 

Como determinantes sanitarios, sus autoras identifican el crecimiento desorganizado de la población, la urbanización no planificada, el acceso limitado al agua segura, una infraestructura sanitaria deteriorada e insuficiente y las consecuencias ecológicas del cambio climático. Y como elementos que potencian el impacto de la pandemia en la salud, enumeran la mala gobernanza, las políticas sanitarias fallidas, la privatización del sistema y la corrupción.

El peso de todos esos factores posibilitó con la pandemia “una carga viral altísima en los hospitales, donde al más mínimo error el riesgo de contagiarse puede ser fatal”, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, quien se contagió por Covid-19, pero logró recuperarse. 

Cuando se introdujeron más camas, camillas y hasta bancas y sillas para colocar a los pacientes, el personal sanitario empezó a trabajar en un hacinamiento que concentró el virus en espacios cerrados, situación que se agravó en junio de 2020 con el pico de la primera ola. Ante la presión, el sistema hospitalario colapsó. 

“Con tanta carga antigénica, de tanta población positiva, no hemos tenido el equipo necesario y suficiente”, precisó el presidente del Colegio de Microbiólogos, Marco Moncada, cuyo gremio profesional perdió a siete miembros.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares de Honduras (SITRAMEDHYS), Miguel Mejía, aseguró que no hubo un reacondicionamiento de las instalaciones de salud que permitiera mejores condiciones de trabajo y protección, “las áreas de hospitalización no son lo suficientemente ventiladas y amplias para que los pacientes no estén tan pegados unos de los otros”.

Lo peor, en opinión de los entrevistados, es que la situación no ha mejorado sustancialmente. Después de 15 meses de crisis sanitaria, la cantidad de materiales que el gobierno les entrega es insuficiente: “una mascarilla para una semana completa” o “cuatro mascarillas para un mes”, aseguraron Mejía y Orellana. 

Esta carencia afecta también a los pacientes hospitalizados, que suelen temer más a las condiciones que enfrentarán que al propio virus. Ante las carencias, los médicos, paramédicos y las familias de los pacientes recurren a sus propios bolsillos para adquirir lo básico en bioseguridad y fármacos.

El virus encontró su caldo de cultivo en el personal de salud mayor de 60 años y/o con enfermedades de base, pero también se ensañó con grupos de jóvenes en primera línea, a quienes inicialmente no se les consideró sujetos principales de riesgo. 

Ese moderno memorial llamado “Facebook”

Si se buscan las cuentas de Facebook de los fallecidos por Covid-19 sorprende saber que varias, en el caso del personal de salud, siguen activas como una suerte de epitafio que dice “en memoria de”. A través de ellas las víctimas dejan de ser una estadística más para poner en primer plano su perfil humano y profesional. 

Una de ellas es la de Karen Melissa Tábora (32 años), quien murió el 5 de febrero de 2021, poco antes de que iniciara la vacunación para el personal de salud. Esta doctora se describía como “una persona tranquila...me gusta divertirme...y pasarla muy bien...”. Tenía dos trabajos en el occidental departamento de Copán. Uno en una clínica privada y otro en el Hospital Regional de Occidente. Nueve días antes de su muerte actualizó su foto de portada con la de una tía suya recién muerta por Covid-19. En un breve texto parecía presagiar su destino: “Espero pronto nos volvamos a ver”, le escribió.  

En Facebook también se conservan los recuerdos de Yasser Amir Cuéllar, quien cursaba el último año de Medicina o servicio social. El 11 de mayo del 2020 publicó en su “muro” un comunicado conjunto de estudiantes de Medicina criticando al gobierno por la falta de interés para dotarles de los insumos de protección personal necesarios para atender a los pacientes. Sentían que los mandaban a una guerra sin armas y sin ningún seguro, sostuvieron. 

Yasser Amir Cuéllar falleció el 14 de febrero pasado, en San Pedro Sula, a los 27 años de edad, dos días antes de obtener su título. Él dio rostro a más de 1,300 universitarios de Medicina y Enfermería que, sin graduarse, se vieron enfrentados a un desafío que jamás habían imaginado.

Una tercera historia es la de Iveth Zepeda, quien el 22 de abril de 2021 publicó en su cuenta una noticia que se titulaba: “Diario El País de España: a Honduras le tomará 11 años vacunar a toda su población”. Con un emoticón de ceño fruncido expresó el sentimiento que le provocó esa noticia, dijo que se sentía “cabreada”. Y agregó: “qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando... espero que sepan esas cosas que hacen, señor presidente y ministros gubernamentales... y ojalá se arrepientan del daño que han causado en todo un país por tanto tiempo, #NoMeEquivoqueDeProfesionSiNoDePais##VictimaDeUnSistemaCorrupto#. 

Su comentario tuvo una sola reacción de apoyo, a la que respondió: “nos toca vacunarnos solamente como se puede, que es cursando la enfermedad, lastimosamente”. Iveth cursó la enfermedad, pero no alcanzó a inmunizarse con ella. Falleció el 12 de mayo pasado a los 29 años. Con su nombre y el del doctor Bernardo Ávila Castellano parece haberse cerrado la lista de muertes de médicos y personal sanitario que no alcanzó a ser inmunizado.

Fotografía de la corrupción

El reclamo de Iveth Zepeda no era emocional, sino pragmático. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una institución híbrida -entre estatal y ciudadana y entre beligerante o tímida-, de acuerdo con las coyunturas nacionales o con quienes lo encabezan, escudriñó el tema a fondo. 

A lo largo de 14 informes de la serie “La corrupción en tiempos de Covid-19”, sobre el manejo y las compras del Estado para atender la emergencia sanitaria, esta institución confirmó la relación directa entre la corrupción y una cantidad no determinada de contagios y muertes del personal sanitario y de la población hondureña que pudieron prevenirse, evitarse o reducirse.

En su informe del 27 de abril de 2020 el CNA consignó que entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2020, Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) ejecutó 17 compras por 2,000 millones de lempiras, equivalentes a US$ 85 millones. En su investigación detectó, por ejemplo, la compra sobrevalorada de mascarillas para el personal de salud. Con esa operación fraudulenta se perdieron 57.5 millones de lempiras (US$ 2.3 millones) y dejaron de comprarse 1.9 millones más de mascarillas.  

Ese detalle no pasó inadvertido en la valoración del CNA que, en su séptimo informe, “La trampa mortal de la bioseguridad”, correspondiente a julio de 2020, expuso que la compra de mascarillas hecha por el Estado de Honduras, a través de INVEST-H y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), constituyó “un atentado contra la salud y la vida de quienes enfrentan los estragos de la pandemia en primera línea”. La indicación del fabricante era explícita: “No recomendada para el uso médico”. 

Siguiendo la pista a otras compras, el CNA documentó que de 740 ventiladores mecánicos adquiridos a través de INVEST-H, sólo se habían recibido 20, en junio de 2020, justo cuando la pandemia arreciaba. En ese caso la inversión fue de 450.6 millones de lempiras (US$ unos 18.7 millones). Se pagó entre el 75 y 80 % de manera anticipada y el “comprador”, es decir, el Estado, rechazó a empresas locales que ofrecían mejores marcas y precios, así como calidad y garantía, y aceptó plazos de entrega de hasta por 210 días, sin importar la urgencia del equipo.

El peor latrocinio, sin embargo, fue la adquisición de 7 hospitales móviles de Turquía, a través de un oscuro tramitador guatemalteco, Axel López, a quien se le canceló por anticipado -sin seguir los procedimientos administrativos correctos ni valorar otras cotizaciones- US$ 46.8 millones. En 10 días se hizo el pago sin tener certeza de lo que el país iba a recibir. Según el CNA, los hospitales fueron sobrevalorados en más de US$ 32.5 millones.

Los informes destacan que equipos que incluyen estos hospitales fueron fabricados en 2001, estaban usados o en mal estado y no son aptos para el tratamiento del coronavirus. Un triaje, considerado como hospital móvil, en Villanueva, departamento norte de Cortés, fue adquirido por US$ 185 mil, pero era en realidad una carpa sin las condiciones biomédicas necesarias para atender a pacientes de la pandemia.   

El CNA también constató que el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud (SESAL), INVEST-H y COPECO, adquirió y distribuyó a nivel nacional el tratamiento MAIZ, un combo de medicinas “no recomendado para prevenir y combatir el Covid-19”, a costos sobrevalorados entre el 55 y el 60 %. La compra de cada componente favoreció a un grupo reducido de sociedades mercantiles, incluidas empresas con antecedentes ligados a actos de corrupción.  

Varios de los casos de corrupción cometidos durante este período fueron documentados y están siendo judicializados a través del Ministerio Público. Son la continuidad perfectible de un fenómeno histórico en el país que también explica el deterioro acumulado del sistema de salud pública, tal como lo encontró la pandemia.  

Una mirada hacia atrás  

En 2013, la SESAL propuso un nuevo modelo de salud porque consideró que el anterior estaba agotado y tenía capacidades limitadas para reducir la brecha de exclusión. En su justificación afirmaba que había dificultades para la gestión sanitaria y la transparencia; desarticulación y débil capacidad de articularse con otras instituciones; y que la salud tenía uno de los presupuestos “más inequitativos del continente americano”, subsidiado en un 35 % con el bolsillo de las personas pobres o en peligro de empobrecer.

Su estrategia fue ofertar la gestión de los servicios a terceros, la “tercerización”, en realidad una forma de privatización. El Estado prefiere llamarla “descentralización”. El resultado es que la empresa privada, iglesias o las fuerzas armadas gestionan en la actualidad ocho hospitales del Estado en seis departamentos del país.  

El cambio de gestores no alteró el producto. La situación más bien empeoró. Bajo el nuevo modelo, la población cubierta disminuyó del 52 al 48 %, y el presupuesto en salud, del 9.9 % al 8.31 %. 

“El papel rector de la Secretaría de Salud se ha perdido ya que se ha desmembrado y tercerizado su asistencia, cada uno hace de su área de acción un feudo”, comentó la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, quien también es una crítica permanente del manejo de la pandemia.

El punto es que el sistema público está dirigido a una “población de escasos recursos económicos”, pero su exclusión social adquiere nuevas e insatisfechas dimensiones frente a las diferencias y las desigualdades de género, étnicas, por procedencia geográfica o por niveles educativos. 

Los recursos médicos disponibles

Para intentar cubrir la demanda de salud, el Estado se hace directamente responsable de 1,212 establecimientos para el primer nivel de atención. Son establecimientos de baja complejidad, con una enfermera o con una enfermera y un médico, para poblados entre 3 mil y 10 mil habitantes. 

Para el segundo nivel de atención operan 31 hospitales; 23 están bajo la gestión directa de la SESAL. Ocho son de carácter nacional, de los cuales 6 están en Tegucigalpa y 2 en San Pedro Sula, las ciudades que concentran el 53 % de los casos de Covid-19.

Por su parte, el diezmado Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), víctima de un mega fraude que en 2014 lo llevó a declararse en “situación financiera de calamidad”,

cuenta con 41 clínicas de atención en 14 de los 18 departamentos, con una cobertura del 18% de la población hondureña. El gobernante Partido Nacional admitió que parte de los fondos sustraídos al Seguro Social sirvieron para financiar la campaña electoral del actual presidente. 

El cuadro se completa con un tercer subsistema de salud, el privado, al que solo tiene acceso un 10 % de la población, con capacidad de pago inmediato o de endeudarse. “En mi caso, llevé a mi esposo contagiado al hospital privado donde trabajo. Lamentablemente él falleció y pese a cierto descuento, quedé endeudada con 2 millones de lempiras” (unos US$ 83,000), afirmó una médica que prefirió que se omitiera su nombre para este reportaje.

La indefensión sanitaria es dramática en Honduras. Menos del 3 % de los hondureños está medianamente protegido con seguros privados; el 18 % con el Seguro Social y el 78.6 % no cuenta con ningún tipo de seguro y es el que utiliza los servicios públicos. Peor aún; 15 de cada 100 habitantes no pueden acudir ni siquiera a los servicios públicos del Estado porque viven en zonas aisladas por su extrema pobreza, por razones de índole cultural o por otras causas. 

La SESAL no proporcionó información cuantitativa sobre el personal de salud. Estadísticas correspondientes a 2015 establecen que había 3,900 médicos empleados: el 63 % en los hospitales públicos, el 13 % en el IHSS y el 24 % en el sector privado. En la SESAL, el 13 % de sus empleados eran médicos. No se encontró información oficial sobre el número de enfermeras empleadas.

Cuando el coronavirus cruzó distancias geográficas y arribó a Honduras, se estima que había 10 médicos, 2 enfermeras profesionales y 2 enfermeras auxiliares por cada 10 mil habitantes. 

Las cifras del 2020 facilitadas por la SESAL detallan que el país posee 7,173 camas. De estas, 600 son para pacientes con Covid-19, equivalente al 8.4 por ciento del total disponibles.

Para San Pedro Sula y Tegucigalpa, como los epicentros de la pandemia, se han destinado 460 de las camas para casos de Covid-19. Hospitales de pequeñas ciudades -como La Paz y San Marcos de Ocotepeque, fronterizas con El Salvador y Guatemala, respectivamente- no disponen de camas para estos pacientes e improvisan recursos para atenderlos provisionalmente.

Los protocolos sanitarios versus la realidad 

Con el apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la SESAL preparó desde febrero de 2020 varios protocolos de atención a la pandemia, incluido el del “Uso y descarte del Equipo de Protección Personal para la prevención de Covid-19”, dirigido especialmente al personal sanitario, que fue aprobado en abril de ese año.

La doctora Elsa Palou, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, quien participó en la formulación de los primeros protocolos incluido el de la “Vigilancia epidemiológica, manejo, control y prevención de Covid-19”, afirmó que este “no se logró aplicar plenamente”, aunque “algunas cosas sí se hicieron”.

Sobre los tropiezos encontrados, la especialista señaló que como miembro de la Plataforma Todos contra el Covid-19 se planteó al gobierno el cierre del país en marzo de 2020, “en vista de los primeros casos”, pero el logro fue parcial. Posteriormente se recomendó “hacer de 2 mil a 3 mil pruebas moleculares diarias de PCR”, pero tampoco se pudo lograr. “Siempre estábamos en mil y hasta un máximo dos mil para poder identificar dónde estaba la concentración del virus, aislar a las personas que salieran positivas y evitar el contagio”.

Palou consideró que “ha habido altos y bajos en el abastecimiento de insumos...  Le corresponde al Estado, pero cuando ha habido carencia de insumos, lo hace el propio médico y el propio paciente... y la vacunación para el sector salud empezó hasta este año y ha sido a cuentagotas”. 

La lucha de los especialistas ha sido bajo las peores condiciones. “La respuesta del gobierno ha quedado en propaganda, en estar mintiendo y dando datos que no son reales, mientras que los hospitales siguen desabastecidos” afirmó José Manuel Matheu, médico fisioterapeuta y exviceministro de Salud, también paciente recuperado por coronavirus. 

Lo que los médicos expusieron es que sus contagios no obedecen al desconocimiento de protocolos sanitarios, sino a la carencia para poder cumplirlos. Es muy difícil reducir los riesgos si se carece de las cantidades necesarias de agua, jabón y alcohol para la higiene de manos, mascarillas, batas descartables, guantes, gorros, protectores oculares, pecheras o delantales impermeables, escudos faciales, protectores de calzado, botas o zapatos de trabajo cerrados y todo el equipo personal adecuado para movilizar pacientes, tomar muestras biológicas, realizar exámenes clínicos o hacer la limpieza.

Esa situación ha remarcado la religiosidad entre el personal de salud, que establece un vínculo básico: “ante tantas carencias y peligros solo toca ponernos en manos de Dios”, suele ser el tipo de mensajes publicados en los muros de las redes sociales.

En una valoración sobre el segundo año de la pandemia, las fuentes consultadas para este reportaje señalan que el panorama mejoró parcialmente pero no se transformó, “hay más equipo que al inicio de la pandemia, pero no el suficiente”. El Instituto Nacional Cardiopulmonar en Tegucigalpa, por ejemplo, no cuenta con un tomógrafo funcional, ni con el sistema de alto flujo que cubra la demanda de pacientes; hay más ventiladores mecánicos, pero varios no funcionan. Si los hospitales móviles hubieran funcionado, la carga laboral y viral habría bajado, sobre todo en junio del año pasado y en abril y mayo de este año, cuando se presentó la mayor cantidad de contagios y muertes.

Las demandas de salud y el manejo de la crisis sanitaria

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) registró, entre marzo y julio de 2020, 29 protestas del personal de salud. Su tema recurrente fue demandar equipo de protección. 

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) informó que recibió 15 denuncias en contra del Estado de Honduras por “ocultar información a enfermeras y médicos y por no brindarles el equipo de bioseguridad para atender la pandemia; al tiempo que el CNA confirmó y certificó, el 15 junio de 2020, que médicos de la sala de Covid-19 del Hospital Escuela no contaban con los equipos de bioseguridad para la emergencia.

“Irresponsable, intransigente y, sobre todo, culpable del delito de omisión del cuidado de la salud del pueblo hondureño ha sido la actuación del Gobierno de Honduras. No solo ha robado al pueblo hondureño, sino que ha colocado a personas que no tienen los méritos suficientes para resolver este gran problema”, aseveró para esta investigación la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva.

Para el gremio médico y la población en general es evidente la incapacidad de la administración pública para afrontar la crisis. La SESAL, la COPECO, INVEST-H, las Fuerzas Armadas y la policía son algunas de las instituciones de gobierno a las que se ha encomendado dirigir las acciones públicas antipandemia, sin ningún suceso en su gestión, salpicadas por la corrupción y/o por probadas muestras de negligencia en sus funciones.

El cruce de diversos decretos ejecutivos, contradictorios entre sí, y la aprobación de leyes otorgó poderes de gestión a diversas entidades públicas que fueron probándose al frente de la pandemia y repeliéndose a sí mismas ante sus inminentes fracasos. La institución pública rectora de la estrategia tendría que ser, sin objeciones, la Secretaría de Salud, que no solo fracasó en el intento sino que encontró muy rápido a contrincantes dispuestos a manejar las finanzas de la crisis. 

El equipo de conducción nacional, a cargo de una comisión de expertos clínicos, dirigido por Salud ni siquiera arrancó. La compra sobrevalorada de mascarillas desechables y de guantes descartables, hecha por esta secretaría de Estado, fue uno de sus primeros entuertos, a los que se sumó la compra del tratamiento MAIZ, sin un sustento científico adecuado.

La COPECO, un ente creado para mitigar el impacto de los desastres naturales, tampoco se mostró más certera. El 21 de abril de 2020, a 40 días del inicio de la declaración de la emergencia nacional, fue removido del cargo su titular, Gabriel Rubí, por actos de corrupción en la compra de equipo, denunciados por el CNA y confirmados por el Tribunal Superior de Cuentas. Sin una demanda judicial en su contra, el funcionario retomó, 9 días después, sus anteriores funciones como diputado ante el Congreso Nacional por el partido de gobierno.  

INVEST-H, a cargo de la construcción de obras viales, ejecutó más de US$ 84.6 millones, de los cuales el 56 % los echó a perder en la fallida adquisición de siete hospitales móviles. De hecho, su exdirector, Marco Bográn, guarda prisión acusado por la fiscalía general por violación a los deberes de los funcionarios y por fraude.   

En abril de 2020, el manejo de la crisis fue asignado -por decreto ejecutivo- a una sola persona, bajo la figura de Comisionado Especial de Atención a la Emergencia Covid-19. Para el cargo fue nombrado el ministro de Relaciones Exteriores, siempre en funciones y con multifunciones. La imagen de este funcionario, Lisandro Rosales, ha sustituido a nivel internacional a la del presidente Juan Orlando Hernández, coincidiendo con el aislamiento del mandatario por señalamientos de su participación en el narcotráfico. 

Las Fuerzas Armadas y la policía dieron un enfoque de “seguridad nacional” al manejo de la crisis. La primera creó cordones de vigilancia epidemiológica fronteriza y recibió fondos para encabezar movilizaciones para la entrega de equipo de bioseguridad y ayudas. La policía ha sido la encargada de determinar el cómo y el cuándo del confinamiento, sin un criterio científico que la oriente y sometida a las presiones de los sectores afectados por las pérdidas económicas.

La Secretaría de Finanzas demostró también un pobre desempeño como órgano administrador de la hacienda pública, a cargo de supervisar, controlar y evaluar la ejecución del presupuesto nacional.

En el balance final, la doctora Elsa Palou consideró que la respuesta del gobierno a la pandemia ha sido “fragmentada, improvisada y desarticulada... y el otro gran problema es la corrupción que se ha consumado”.

La fiscal del CMH, Ligia Ramos, piensa que a 15 meses de la pandemia Honduras cuenta con menos insumos, menos hospitales, menos medicamentos y menos personal de salud “porque muchos colegas han fallecido, porque han quedado con las secuelas del virus o porque los habían contratado y los despidieron. No se invirtió en el sistema de salud y los dineros fueron dilapidados”. 

El Estado no puede ocultar su responsabilidad, subrayó, y “puede ser llevado a la Corte Internacional de Justicia por toda la desidia que ha tenido, por los muertos que hemos tenido, por los profesionales de salud que fallecieron”.

En una línea similar, la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, consideró al gobierno como “otra pandemia”, ante la cual no hay vacuna disponible. 

El doctor Carlos Aguilar, neumólogo, exministro de Salud y otro de los médicos sobrevivientes del Covid-19, alimentó una pizca de optimismo cuando dijo: “Es el momento de constituir un movimiento ciudadano que promueva no solo la adquisición de equipo y tecnología, sino disminuir esa brecha enorme que existe entre algunos países del área centroamericana y Honduras”. 

La construcción de ese movimiento ciudadano que reclama su derecho a la salud es todavía incierta. La suerte de la población sigue en manos del personal médico y paramédico que la atiende y asiste, pese a las dificultades. Mientras sigan en primera línea habrá esperanza y estarán honrando la memoria de sus colegas, como la doctora Iveth Zepeda, quien no se equivocó de profesión y, talvez, tampoco de país.

Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre emergencias sanitarias y cambio climático.