Al acto que se desarrolló en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, estuvo presente la junta directiva del parlamento hondureño presidida por Luís Redondo, conformada por Edgardo Casaña, Carlos Raudales, de la Democracia Cristiana, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval y Angélica Smith que junto a representantes de los estudiantes, del Consejo Indígena Lenca de Reitoca y de la Comunidad indígena lenca Tierras del Padre, en Francisco Morazán, llevaron a cabo la actividad.

También llegó la ministra de la Secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque y las viceministras de esa institución Suyapa Martínez y Rosa Seaman. También representantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas del COFADEH Y ASOPODEHU.

En el decreto que busca la reconciliación nacional , la condena del golpe de Estado, la instalación de una Comisión contra la impunidad y la corrupción, así como la amnistía para presos políticos, presos de conciencia y perseguidos políticos se incluyó a la organización COFADEH como la única institución de sociedad civil para validar a través de constancias a las personas que serán sujetas de la amnistía, por lo que al evento se hizo presente la coordinadora de esa institución Bertha Oliva.

El presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo, dio lectura al documento memoria y justicia, señaló que el artículo 2 del decreto contempla la amnistía.

También leyó un comunicado que había difundido horas antes en medios de comunicación y donde destacaba que el decreto el cual ha sido objeto de críticas de algunos sectores a los cuales refutó diciendo “ no es un pacto de impunidad ya que el propósito es condenar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y reparar , resarcir o restituir a las víctimas del golpe de Estado en lo posible su libertad, su estado de inocencia, su integridad corporal, su dignidad, su honor y el de su familia. Todo lo que se derive del golpe de Estado está contaminado porque carecerá de garantías que establece nuestra constitución”.

Agregó que los delitos fueron cometidos por quienes dieron el golpe de Estado y la amnistía otorgada en el 2010 es ilegal porque los autores del golpe de Estado no se pueden auto otorgar amnistía.

Por su parte la ministra de derechos humanos, Natalie Roque,  dijo que “hoy es un día histórico, recibimos por parte del Congreso Nacional el marco legal para empezar a desmontar el aparato de persecución de la dictadura. Después del golpe de Estado los aparatos de justicia se convirtieron en instrumentos del régimen iniciando una cruenta persecución contra toda ciudadana y ciudadano que se opuso al gobierno de facto y a la dictadura que se instauró durante estos doce años. Durante todo este tiempo promovieron juicios contra el presidente derrocado y todos sus funcionarios, contra todos y todas nosotras que ejercimos nuestro derecho a la protesta social, acciones de desobediencia civil y que luchamos por la defensa de la democracia, nos convertimos en presos y presas políticos, perseguidos o exiliados”.

Denunció que el aparato de justicia estaba envilecido y obedecía órdenes superiores estando en su posición de jueces,  convirtiéndose en sicarios que utilizando sus postura legal realizaron acciones por motivación política.

Entretanto el representante del Consejo Indígena Aguas del Padre, describió el problema que están viviendo en su comunidad, donde hay intimidación, persecución y que para el 09 de febrero próximo está programado un desalojo forzoso, en tierras reclamadas por el empresario Mario Facussé.

Entre las peticiones que hizo ante los diputados fue un pronunciamiento del Congreso para que se detenga el desalojo, “les pedimos que con toda la autoridad que tienen uds que se revise el expediente porque estamos siendo condenados antes de ser juzgados. Tenemos 11 compañeros judicializados, uno asesinado y otro que murió por la presión que le provocó la persecución. Tenemos personas enfermas por la persecución”.

Deben incluirse otras organizaciones

El representante de la comunidad indígena lenca de Reitoca expresó que en el marco de la dictadura los invitaron pero para que negociaran sus derechos a no permitir la destrucción de sus ríos por parte de una hidroeléctrica propiedad de Jack Arévalo Fuentes, que se quieren apropiar de sus recursos, donde son dueños los indígenas desde 1935.

Describió cómo ha sido el proceso de persecución, “yo vengo a firmar al juzgado todos los viernes durante tres años. Tenemos 15 compañeros judicializados, tres están en el exilio, tres venimos a firmar al juzgado y los otros nueve tienen sobreseimientos provisionales”.

Solicitó al Congreso Nacional que se tomen en cuenta a otras organizaciones de derechos humanos , “que se  otras organizaciones  porque no todos hemos sido representados por el COFADEH , hay otras organizaciones como C-Libre donde ha habido muy buenos abogados como Edy Tábora, Mario Rojas, Kenia Oliva y Arnold Guifarro, que tienen toda la información sobre nosotros. Queremos pedirles que se haga justicia y se castigue a los agresores. Quiero pedir como pueblos indígenas que los pueblos se capaciten en los temas indígenas porque no saben nada o se hacen los que desconocen ”.

Hablan estudiantes criminalizados

José Manuel Serén, en representación de los estudiantes, dijo que han sido criminalizados por hacer defensa de la educación pública en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “Nosotros nos revelamos porque empezó la privatización de la educación , entonces surge la persecución a través de los juzgados, Ministerio Público y la policía. En una operación de los comandos tigres nos capturaron a 20 estudiantes acusándonos de daños agravados por los que la universidad nos cobra más de 600 mil lempiras y el otro delito era privación injusta de la libertad de dos guardias de seguridad, pero en realidad fueron ellos que nos intimidaron , estaban encapuchados y al mando de Roger Aguilar involucrado en acciones en la década del ochenta, no hicimos nada solo defender el derecho a la educación”.

A mí me canceló la beca de excelencia académica Julieta Castellanos con la firma de Ayax Irías, se vino también una campaña de desprestigio por los medios de comunicación , después vino la expulsión por 15 períodos consecutivos de 24 estudiantes . En el 2019 hubo más de 100 estudiantes criminalizados, hemos quedado 23 que vamos a firmar todos los viernes al juzgado, denunció.

Emmy Jiménez, otra de las estudiantes criminalizadas dijo que debe entenderse por qué se están criminalizando hombres y mujeres, “lo que significa ir a firmar todos los viernes y ver otra persona arriba del libro por violación especial y uno está allí por haber participado de una protesta, no están dimensionando cómo está accionando el ministerio público, la corte suprema, que están poniendo delitos más graves para enviarlo a uno a la prisión, no solo hay audiencias, sino que hay afectaciones cuando se quiere entrar al mundo laboral y piden la hoja de antecedentes penales y nos dicen si participamos en un secuestro, cuando en realidad solo llevábamos una bandera y los guardias estaban armados”.

Solicitud al Congreso Nacional de integrar a los abogados y a otras organizaciones

Llamó la atención en el sentido que debe dignificarse el proceso de amnistía porque las personas criminalizadas deben regresar a su vida, cómo hay un plan de reparación en este sentido.

“No deslegitimamos el trabajo de COFADEH, pero sí queremos que estén todas las personas del equipo legal , integrarlos y hacerlos parte de todo este proceso, así como la ASOPODEHU. También a nivel nacional hay muchas personas que deben ser escuchadas, les invito que esta práctica que se esté haciendo aquí que se replique en otras partes del país”, expresó.