La mencionada Ley fue aprobada y publicada en Diario Oficial La Gaceta en marzo de 2014, y desde esas fecha ya se vienen presentando obstáculos al acceso a la información, como si en Honduras nunca se hubiere aprobado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya tiene casi nueve años de su aprobación según Decreto Legislativo número 170-2006.
En la conferencia de prensa realizada por la Alianza estuvieron presentes Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de dicha alianza; José León Gómez en representación de la Fundación Democracia Sin Fronteras y Héctor Becerra del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre.
Sánchez señaló que en las Américas existe un fallo importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 2006 que reconoció el acceso a la información como un derecho humano fundamental y el año 2011 la Organización de los Estados Americanos, OEA, estableció una Ley modelo de acceso a la información para las Américas, por lo cual muchos países han avanzado y han consolidado sus leyes estableciendo criterios conforme a los derechos humanos
Estos estándares hoy día están siendo vulnerados por estas normas y vemos con extrema preocupación que están borrando con el codo lo que se escribió con la mano dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública en Honduras, dijo.
Acompañamos con esta preocupación a nuestros miembros locales, a Fundación democracia sin Fronteras y a C-Libre que han trabajado desde los inicios la institucionalidad de acceso a la información , por proveer un marco regulatorio que promueva el diálogo y que permita el acceso a la información a periodistas, ciudadanos y todos aquellos interesados, por eso estamos en Honduras para dar una señal de preocupación internacional respecto a estas leyes y resoluciones que no son solo en papel sino en la voluntad de retroceder en los avances , expresó ante periodistas de distintos medios de comunicación.
Argumentó que la institucionalidad de acceso a la información pública es un pilar de la democracia la cual se construye con el diálogo, el intercambio de información y de opinión, cuando la regla general se vuelve la excepción no podemos hablar de un diálogo democrático y eso es preocupante no solo como parte de acceso a la información sino de cara al futuro y en las Américas.
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Por su parte José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras, manifestó que la Ley de Acceso a la Información fue una lucha de siete años El problema en el país es que se han venido haciendo otros decretos que vienen a violentar las normas jurídicas aprobadas, por eso vemos con preocupación esta Ley de Secretos Públicos debido a que no está clara.
Hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que revisen esta Ley para hacerle las enmiendas necesarias.” Es importante que el Congreso se interese por esta Ley y que le puedan hacer una reforma porque es el único ente que puede hacerlo. Creo que hay voluntad política porque estamos en comunicación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y ellos están también preocupados por esta Ley que les coarta su accionar como institución rectora del acceso a la información”.
A la pregunta de pasosdeanimalgrande.com en el sentido de que si en realidad habría voluntad política tomando en cuenta que hay una concentración de poder por parte de actual presidente de la República y una concepción militarista en su gestión, Aguilar dijo que “independientemente del control que tenga , mejor es que se interese y que diga que se va a cambiar esto , porque sí es cierto que hay algunos intereses que los desconocemos pero el interés debe ser de país”.
Héctor Becerra de C-Libre informó que han iniciado una serie de visitas a instituciones del Estado y también se han reunido con organizaciones de sociedad civil para abordar el tema.
Explicó que se está negando la información en varias instituciones del Estado que se amparan en la resolución CNDS 069/2014, aprobada en julio de 2014
En esa resolución el Consejo Nacional de Seguridad CONADESE, dispuso reservar sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”, señala un comunicado de esta organización emitido después de la publicación de esta normativa.
La resolución fue aprobada por el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el titular del Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Aviles; el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla; el entonces ministro de Seguridad, Arturo Corrales; el ministro de Defensa, Samuel Reyes y el entonces titular de la DNII, Julián Pacheco Tinoco.
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Ya se inició a aplicar en instituciones, una de ellas es el Registro Nacional de las Personal, RNP, que negó información al Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, sobre puntos de acta de cómo se aprobaron todas las compras de la empresa denominadas Lufergo, Lafis, Grupo G Y T, Inversiones Zaldívar; y del alquiler del inmueble donde se ubica esa institución en Tegucigalpa.
Igualmente se solicitaba copia de traslado de los fondos de Banco de Occidente, donde se encuentran reflejados los ingresos, egresos y gastos actuales por conceptos de contratos de telefonía con las empresas Tigo y Claro, así como gastos de viaje a Lima Perú y copias de las personas que conforman el Directorio en los periodos 2010 al 2013.
El diecinueve (19) de agosto de 2014 el Registro Nacional de las Personas envió oficio informando que han recibido del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad, certificación de la Resolución No. CNDS-069/2014 de fecha 22 de Julio de 2014, mediante la cual se resuelve declarar como reservada la información solicitada al Registro Nacional de las Personas, resolución que tiene carácter de ejecutoriedad inmediata, señala un Recurso de Revisiòn interpuesto por el CNA ante el Iinstituto de acceso a la información pública, IAIP, al que le solicita que se resuelva el presente recurso declarando que se ordene o que se permita al solicitante el acceso a la información solicitada.
Lo grave del caso es que ya se informó que 18 instituciones del Estado tienen la información reservada desde el 2014, a continuación las entidades que tienen discrecionalidad para hacerlo:
Instituciones con información reservada
- Corte Suprema de Justicia
- Secretaría de Seguridad
- Ministerio Público
- Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN)
- Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)
- Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas (C-2).
- Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
- Instituto Nacional de Migración
- Dirección Ejecutiva de Ingresos
- Registro Nacional de las Personas (RNP)
- Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
- Instituto de la Propiedad
- Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros
- Dirección General de la Marina Mercante
- Dirección General de Aeronáutica Civil
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
- Otras que se puedan incorporar en el futuro.
