La impunidad es un elemento vital que si no se controla a través de investigaciones serias, imparciales que lleven a los responsables a la cárcel y con resultados públicos, son un incentivo para que los perpetradores continúen estropeando la libertad de expresión y promuevan el terror.

Las cifras oficiales demuestran que la situación no es broma. En los últimos 16 meses el CONADEH registró casi medio centenar de hechos relacionados a la libertad de expresión que van desde amenazas, atentados, agresiones, asaltos, persecuciones, decomisos de equipo, sentencias condenatorias, y la muerte violenta de más de una docena de personas ligadas a los medios de comunicación.

Pen Internacional en su informe enviado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un aporte para el Examen Periódico Universal para Honduras, que será el próximo 08 de mayo, señaló que desde el último EPU 2010 al menos 26 periodistas han sido asesinados, más de la mitad en los dos últimos gobiernos, con una tasa de impunidad del 91 por ciento.

La mayoría de los casos no se investigan correctamente para dar con las conexiones entre los atacantes y las víctimas, descartando por parte de las autoridades que haya una vinculación con el ejercicio periodístico, sin que para dichas aseveraciones el respaldo investigativo esté claro.

Se suma a ello los juicios por difamación criminal contra periodistas por ejercer su derecho a la libre expresión, tal es el caso de Julio Ernesto Alvarado a quien en el año 2013, la Corte de Apelaciones condenó a un año cuatro meses de prisión y suspensión del ejercicio en la profesión, pero a pesar de existir una medida cautelar emitida por la CIDH para que el Estado proceda a suspender la sentencia porque atenta contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, éste se resiste a implementarla a casi seis meses de su emisión.

Hay una falta de voluntad política para iniciar investigaciones prontas con resultados rápidos, antes de que las víctimas letales continúen, los ataques no letales generen más miedo y la autocensura deje sin información a la sociedad hondureña.

También debemos recordar al Estado de Honduras que es su responsabilidad desarrollar e implementar una política nacional no discriminatoria con fondos adecuados para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil.

Honduras debe cumplir con sus compromisos internacionales en esta materia firmando el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y culturales, tal como lo dijo ante el EPU 2010.

El próximo 08 de mayo Honduras estará nuevamente ante el Consejo de Derchos Humanos de la ONU en el EPU 2015 , demandamos no solo palabras sino que a la par de la aceptación de las recomendaciones, el Estado hondureño presente un cronograma de acciones que puedan ser monitoreadas en su cumplimiento por la comunidad internacional con miras a una pronta respuesta para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de mayo de 2015

Pen Honduras