La Coalición contra la Impunidad que aglutina a más de 35 organizaciones de sociedad civil  manifestó hoy a través de un comunicado que es la hora de cambios en el sistema de justicia y de enjuiciar a los políticos corruptos y por tanto exigió la renuncia del Fiscal General, Oscar Chinchilla y del Fiscal general Adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Mientras tanto y al aproximarse la elección de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  la Coalición contra la Impunidad exige de manera firme e imperativa que el Congreso Nacional elija a magistrados y magistradas honestos, honestas e  independientes en el máximo tribunal de justicia, “lo que significa que quienes se seleccionen y elijan sean profesionales sin vínculos con la corruptela y además con coraje para enjuiciar y castigar a los funcionarios y las funcionarias corruptas enquistados y enquistadas en la administración pública.

Estando a la puertas del inicio de la selección, nominación y elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente para el próximo mes de julio, “es necesario que los hechos que hoy estremecen la conciencia ciudadana nos lleven a un escenario en el que sea posible el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia, en función de no permitir más impunidad”, expresa el comunicado.

“Concretamente proponemos que se reorganice el Ministerio Público, lo cual debe iniciarse con la renuncia del Fiscal General (Oscar Chinchilla) y de su Adjunto (Rigoberto Cuéllar), dijo la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Rivera enfatizó: ¡Señores fiscales generales, renuncien!, y  en el futuro cercano demos paso a una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) independiente y comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En su participación como miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone dijo que esperan que la clase política reaccione para que se produzca el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia “y hay que iniciar por el Ministerio Público, porque creemos que ahí está una de las fallas principales para la investigación y la persecución de todas las personas que son responsables de los actos de corrupción en este país y de las violaciones a los derechos humanos”. 

López Lone apuntó que no debe suceder lo que ha venido ocurriendo en años anteriores, donde los políticos corruptos se apropian del espacio de selección y nominación de la CSJ, “en esta coyuntura nosotros demandamos que esos nuevos magistrados y magistradas sean profesionales independientes y comprometidos con la democratización de la justicia y el estado de derecho en este país”.

En la actual coyuntura ¿quién tiene legitimidad?

Por su parte el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señaló que hay una desventaja planteada desde la institucionalidad en el proceso de selección de los nuevos magistrados, porque actualmente se tendrá que turnar o cursar el procedimiento a través de los términos que están en la ley y que son “sujetos a la manipulación histórica que han hecho los partidos políticos, lo que nosotros podemos apuntar en este caso, es que afortunadamente las circunstancias políticas del país han traspasado la legitimidad que se le ha venido reconociendo a los partidos políticos”. 

Fernández agregó que lo que se plantea es un desafío ya que los partidos políticos están en general en las manifestaciones de la ciudadanía, demandando de fondo el cese de la impunidad, y lo que ha resultado más visible en la manifestación ciudadana es la descalificación a la partidocracia en el país.

“El desafío que está planteado para esta elección de magistrados y para cualquier otra decisión es cómo aparecen otros interlocutores que tengan más legitimidad en perspectiva ciudadana, es decir que superen a los partidos políticos; ahí es donde nosotros los espacios de la sociedad civil, del pueblo organizado, tenemos el desafío de superar a una oposición política partidaria que, naturalmente va a cursar sus prácticas a partir de los intereses partidarios, que siempre no han sido coherentes con los intereses de la ciudadanía”, explicó el profesional del derecho.

El comunicado recalca que en lo que concierne a la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigimos que se desarrolle el proceso de selección, nominación y elección con participación activa de la ciudadanía, lo que se debe expresar en la creación de un mecanismo que observe y fiscalice las actuaciones de la Junta Nominadora para evitar que se seleccionen profesionales con vínculos directos o indirectos con los políticos corruptos del país.

El proceso de selección, elección y nominación de los magistrados y magistradas de la CSJ está previsto a realizarse el próximo mes de julio, mediante la integración de una Junta Nominadora que abrirá la convocatoria para la propuesta de los candidatos y candidatas provenientes de la sociedad civil. En el mes de septiembre el Congreso Nacional estaría juramentando a los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia.

La mesa principal estuvo integrada por el director de la organización lésbico-gay Arcoiris, Donny Reyes, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, el pastor de la Iglesia Cristiana Agape, Rigoberto Ulloa, el coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone y el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).