De conformidad con la información presentada a la CIDH y la información de público conocimiento, Héctor Orlando Martínez habría sido asesinado el 17 de junio de 2015 mientras se dirigía a su casa luego de su jornada laboral en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El defensor de derechos humanos se desempeñaba como Presidente de la Seccional No. 6 de SITRAUNAH, en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico CURLP-UNAH de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca. Según lo informado, Héctor Orlando Martínez habría sido atacado por dos personas a bordo de unas motocicletas que dispararon a su vehículo recibiendo doce impactos de bala. Estos hechos presuntamente habrían ocurrido luego de que una comisión investigadora de derechos humanos procediera a constatar una serie de denuncias realizadas por Héctor Orlando Martínez.

La CIDH otorgó medidas cautelares el 19 de mayo de 2015 (MC-253/14) a favor de Héctor Orlando Martínez y su familia, en atención a las  amenazas y actos de hostigamiento de los que habría sido objeto como consecuencia directa de sus actividades como representante del SITRAUNAH. Dichos actos habrían estado dirigidos a que abandonase su trabajo como líder sindical. Es de destacar que la Comisión en el marco de su visita in loco a Honduras, recibió información sobre la situación de varios líderes sindicales que serían criminalizados u objeto de vigilancias y seguimientos, tanto a sus personas como a sus núcleos familiares. Asimismo, en el marco del mecanismo de medidas cautelares, la Comisión Interamericana ha recibido información sobre el alegado contexto de conflictividad que existiría entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo que habría puesto en riesgo a algunos líderes sindicales, en vista de presuntas amenazas y actos de hostigamiento.

Asimismo, el 27 de mayo de 2015 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Donatilo Jiménez Euceda, empleado del Centro Universitario Regional Atlántico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras seccional del CURLA, quien habría desaparecido en circunstancias supuestamente no esclarecidas hasta la fecha. Según la información recibida por la CIDH, la presunta desaparición habría tenido lugar mientras se encontraba en búsqueda de auxilio, en vista que dos compañeros de trabajo habrían resultado heridos productos de un accidente a bordo de un ‘tractor recolector’. Según lo informado, la desaparición de Donatilo Jiménez estaría enmarcada en un presunto contexto de conflictividad que, desde el año 2008, existiría en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En particular, la CIDH insta al Estado de Honduras a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Héctor Orlando Martínez fue cometido por su labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, en especial de los líderes y lideresas sindicales. Por otra parte, es indispensable que el Estado adopte en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Héctor Orlando Martínez, tal y como lo plantea la medida cautelar aún vigente. 

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la CIDH insta al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.