El evento se realizó el martes 30 de junio en la Sala de Juicios Orales, edificio 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS), en la ciudad de San Pedro Sula.

En la primera intervención, el dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga destacó el papel de las radios comunitarias del occidente del país como radio Morazanista (en la Esperanza, Intibucá) y Taragual (que emite su señal en la Iguala Lempira), emisoras que acompañan procesos en contra de la privatización de los territorios promovidas por empresas transnacionales amparadas por el estado y destinadas a la construcción de represas hidroeléctricas y a la explotación minera a cielo abierto.

“Nosotros trabajamos el tema del derecho a la comunicación, el derecho a la libre expresión que está reconocido en varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”, sostuvo Zúniga.

Zúniga destacó que estamos conscientes que estos derechos hay que trabajarlos a partir de medios con una visión contra hegemónica , con una visión emancipadora.

Salvador Zúniga dirige la radio Morazanista que opera en frecuencia libre con una potencia de 200 watts en La Esperanza, Intibucá y señaló que han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la obtención de un título habilitante.

Entretanto el Coordinador de la Asociación Mundial de radios Comunitarias (AMARC) capítulo Honduras y coordinador de comunicación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás Membreño apuntó que la organización cuenta con 5 radios comunitarias en el occidente del país.

Nuestra misión es llevar nuestras luchas contra la privatización del río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca para denunciar la criminalización y las campañas de desprestigio contra el COPINH y contra la comunidad indígena, que la están asesinando, denunció el comunicador social.

Membreño destacó que la presencia de radios comunitarias ha permitido organizar a las comunidades en la lucha por los bienes comunes y que como pueblo originarios al igual que los pueblos garífunas son dueños de los territorios y por ende dueños del espectro radioeléctrico, lo que les permiten operar en frecuencia libre, amparada por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El comunicador social denunció como una violación al derecho a la comunicación en el país, una disposición de la CONATEL en la que establece que para poder optar a un título habilitante, las radioemisoras comunitarias deben pertenecer a la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH).

Pueblos originaron preparan la propuesta de una nueva Ley de Telecomunicaciones

Membreño adelantó que tanto AMARC como la Red Mesoamericana están trabajando en una propuesta de Ley de CONATEL, para “que esa propuesta sea desde nuestras comunidades, que sea participativa y que sea de acuerdo a nuestras necesidades”. 

“El estado no debe cobrarnos el cannon (impuesto anual) para operar nuestras emisoras, más bien debe pagarnos porque somos nosotros los que cuidamos los territorios, somos quienes estamos en contra de las privatizaciones, en contra del robo del oxígeno, de los bosques, de los minerales y del agua, que beneficia a todos y todas las hondureñas.

Por su parte la periodista, defensora de derechos humanos y Coordinadora de la Iniciativa Periodismo y Democracia, Dina Meza destacó que estos espacios promovidos por el Colectivo Josefa Lastiri permiten hacer “una experiencia de demanda ciudadana ante un estado donde la libertad de expresión se está convirtiendo cada vez más en un sueño”.

Meza apuntó que la Iniciativa Periodismo y Democracia tiene el objetivo de apoyar a las comunidades que realizan el ejercicio de la libertad de expresión, pero que están siendo violentados en sus derechos. 

La periodista que también es presidenta de PEN-Honduras, dijo que “esta iniciativa también apoya a periodistas que están siendo querellados, porque van caminando silenciosamente dichas querellas promovidas por funcionarios que son intolerantes frente a la crítica”.

Meza destacó que la libertad de expresión ejercida desde medios alternativos como las redes sociales, está siendo bastante vigilada  por el estado y citó el caso de la joven Jennifer Padilla (empleada pública) que  fue citada a una audiencia de descargo por parte de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por escribir comentarios acerca de la corrupción en dicha institución y publicarla en su cuenta de facebook.

En este caso, Meza dijo que la joven recibió acompañamiento legal de la Iniciativa Periodismo y Democracia y que espera que éstas acciones disuadan la acción represiva del Estado. También respaldo de otras organizaciones como el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla; CIPRODEH; Pen Honduras y C-Libre.

También la periodista y defensora de derechos humanos habló sobre otro caso de acompañamiento como el del comunicador social en La Paz, Gilberto Gálvez, quien enfrenta una querella promovida por una autoridad edilicia de ese municipio.

En relación a la lucha de las radios comunitarias que critican y repudian las pretensiones de los grupos económicos y de las transnacionales en su pretensión de adueñarse de los recursos naturales, la periodista y defensora de derechos humanos dijo que “cuando se tocan estos temas, entonces viene la presión sobre los medios comunitarios, porque desde el estado se está pretendiendo controlar los contenidos de las radios, o sea sobre lo que se va a decir o sobre lo que no debe decirse, cuando el principio de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable e inherente a todas las personas y además un requisito indispensable para la existencia de un estado democrático”.

En relación a los patrones de ataque contra los medios comunitarios dijo que hay revisiones periódicas por parte de CONATEL contra las radios de OFRANEH y COPINH; cobros ilegales de Canon anual a estas radios que están protegidas por el Convenio 169 de la OIT; incendios como el caso de la Radio garífuna Faluma Bimetu, Vigilancia y otras amenazas constantes

Finalmente el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y miembro del Colectivo Josefa Lastiri, Edy Tábora dijo que en la actualidad analizamos a un estado inquisitivo, que se ha transformado a partir del golpe de estado, se ha creado toda una institucionalidad paralela al estado que conocíamos.

“Ahora hay una concentración del poder en el presidente de la República a través de un órgano que se llama Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que cuenta con una Dirección Nacional de Inteligencia como las mejores dictaduras sin ningún control público sobre esta Dirección Nacional de Investigación (DNIC) que es la que nos investiga a todos y a todas”, detalló Tábora. 

Leyes y Reglamentos restrictivos que segregan a medios comunitarios

Analizando las leyes que se aplican a medios comunitarios, existen varias normas sancionatorias comenzando por la Ley Marco de Telecomunicaciones, el reglamento de dicha ley sobre la operación y prestación de servicios de difusión con fines comunitarios y además si se comunica  a través de internet, se puede aplicar el Reglamento sobre internet, explicó el defensor de derechos humanos.

“Nunca en el país se habla del derecho a la libertad de expresión como un derecho humano, porque todo se regula como servicio”, afirmó Tábora.

Dentro de las criminalizaciones tenemos que a las radios comunitarias se le aplican 4 niveles de normas, por el mismo hecho de existir un Reglamento y no una ley, hay una discriminación a las personas que ejercen el derecho a la comunicación a través de medios comunitarios, dijo Tábora.

Tábora señaló que la razón es que los medios corporativos cuentan con una Ley de Telecomunicaciones que se aplica básicamente para la comunicación a través de esos medios.

“Dentro de estas 4 normas, tanto a la Ley como a los Reglamentos que se aplican las radios comunitarias y a otros medios alternativos de comunicación independientes, se les puede aplicar una sanción que implica cancelación de títulos habilitantes en comunicaciones, o sea la cancelación de concesiones, licencias y permisos de operación de un servicio de telecomunicaciones invocando razones de seguridad nacional, lo que es grave porque la cuestión de seguridad nacional puede implicar absolutamente todo”, reveló el director ejecutivo de C-LIBRE.

La denegación de títulos habilitantes en telecomunicaciones, la denegación del otorgamiento de concesiones, permisos, licencias o registros en telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional, interés público, capacidad técnica y económica, son las tres principales situaciones para “segregar” el acceso al derecho a la comunicación.

Por otro lado Tábora indicó que una de las viejas  criminalizaciones es la censura sobre publicaciones, cuando aún está vigente la Ley de Emisión del Pensamiento de 1955, que establece que se puede prohibir cualquier circulación de publicaciones, porque no se permite que perjudiquen o divulguen doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del Estado o de la familia.

“Digamos que en una radio comunitaria se discuta el aborto, eso da pie a cancelar por ejemplo una radio, o digamos a someterla a un procedimiento disciplinario y posteriormente a una sanción o cualquier tema que se considere que vaya contra la familia o contra los fundamentos del Estado”, detalló el defensor de derechos humanos.

Tábora también citó que por ejemplo el que una radio comunitaria llame a una manifestación de las antorchas,  el Estado para neutralizar la demanda ciudadana podría decir que ello va contra los fundamentos de este mismo Estado, porque está en contra de uno de los poderes, que sería el presidente de la República.

El director de C-LIBRE comentó que en la Ley y Reglamentos están contenidas multas por diversas infracciones administrativas, entre ellas usar telecomunicaciones sin autorización del Estado, que tampoco crea las condiciones para obtener los títulos habilitantes para ejercer el derecho a la comunicación en el país.

Por otro lado, Tábora apuntó que en la Ley Marco de Telecomunicaciones establece las inspecciones preventivas por cualquier motivo a quienes tengan una concesión, licencia o permiso, lo que implica que los usuarios de un servicio de telecomunicaciones, al tener internet en nuestra casa o en nuestro teléfono, el Estado puede hacernos inspecciones preventivas o a las redes comunitarias.

Otra amenaza que comentó el director ejecutivo de C-LIBRE, es lo que tiene que ver con el decomiso de los equipos, porque mientras la Constitución establece que no se podrá decomisar ningún equipo de telecomunicaciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión, la misma Constitución criticada duramente  a nivel internacional, señala que las leyes podrán establecer “censura previa” (artículo 83 del Reglamento de Telecomunicaciones creado en 2012).

Otro aspecto abordado por Tábora fue el  la restricción al anonimato,  a la que calificó como una de las cosas más terribles en el país.

“O sea el estado vigilante ha llegado a tal momento de legalizar la intervención de las telecomunicaciones entre presentes a través de la Ley de Intervención de las Comunicaciones, donde el estado puede colocar micrófonos en nuestras viviendas y escuchar todo lo que nosotros decimos, pero lo más grave es que el Estado considera que (escuchar) las comunicaciones entre presentes en espacios públicos no es intervención de las comunicaciones, porque los espacios son del Estado”, denunció Tábora.

Al evento asistieron estudiantes de las carreras de Sociología, Derecho y Periodismo y destacados docentes universitarios como el abogado Ramón Enrique Barrios quien es el titular de la clase que desarrolló el evento junto al colectivo Josefa Lastiri, y la licenciada en Periodismo, Patricia Murillo.