“Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas”, señala la declaración del organismo internacional de protección a los derechos humanos. 

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. 

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes. 

En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa. 

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias (en su mayoría indígenas tolupanes). 

La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨. 

Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes e informara  las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, el Estado de Honduras ha desconocido el mandato de la CIDH y se ha negado tanto a aplicar las medidas cautelares de protección para las y los indígenas tolupanes, así como a realizar una investigación seria que permita capturar y juzgar a los responsables de los asesinatos.

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacíficas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos. 

Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos. 

Producto de la histórica invisibilización a la que han estado sometidas las comunidades indígenas tolupanas, 6 hombres y una mujer procedentes de San Francisco de Locomapa respaldaron la huelga de hambre que durante varias semanas se mantuvo a escasos metros de Casa de Gobierno para exigir, entre otras demandas,  la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) ante el escándalo de corrupción perpetrado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que representó pérdidas para la institución por el orden de 7 mil millones de lempiras (unos 350 millones de dólares) y la muerte de casi 3 mil afiliados y afiliadas. 

Al respecto el MADJ en un comunicado divulgado el 7 de julio de 2015  expresó: “Las demandas de los huelguistas son tan urgentes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde diciembre de 2013, dispuso que el Estado de Honduras protegiera a varios líderes y lideresas tolupanas cuyas vidas están en riesgo por oponerse a la corrupción y despojo de sus bienes naturales. A pesar de esa disposición de la CIDH, varias familias tolupanas han sido expulsadas violentamente de sus territorios y otros líderes más fueron asesinados. Toda esta barbarie se mantiene en total impunidad a pesar que se conoce la identidad de quienes ejecutan estos crímenes”.

 Contexto que refleja el constante riesgo en que viven las comunidades

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. 

Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror. 

Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas. 

Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y del MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo.