Esta carta fue enviada este 19 de agosto de este año por los congresistas Henry C. “Hank” Johnson, Jr. Janice D. Schakowsky, James P. McGovern,John Conyers, Jr.Sam Farr , Luis V.  Gutiérrez, Raúl M. Grijalva, John Lewis, Marcy Kaptur , Mark Pocan, Keith  Ellison , Maxine Waters, Michael M. Honda, Rosa DeLauro, Gwen Moore ,Karen Bass , Zoe Lofgren  , Danny K. Michelle Lujan Grisham  y José E. Serrano.

“Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la continua participación de las fuerzas armadas hondureñas en las labores policiales nacionales  e instituciones tradicionalmente civiles en Honduras, así como por la solicitud del gobierno de Obama de aumentar la asistencia de los Estados Unidos a Honduras en materia de seguridad para el año fiscal 2016”, le expresan a Kerry.

Le solicitan una evaluación estricta por parte del Departamento de Estado del apoyo y entrenamiento dados por los Estados Unidos a la policía y a las fuerzas armadas hondureñas, de acuerdo con los requisitos relativos a los derechos humanos fijados en la Ley de Asignaciones a Operaciones en el Estado y en el Extranjero para el año fiscal 2015,  en plena aplicación de la ley Leahy, y la suspensión y reevaluación del subsiguiente entrenamiento y asistencia a la policía y a las unidades militares de Honduras hasta que los abusos contra los derechos humanos sean abordados adecuadamente por el gobierno hondureño.

Los firmantes de la carta le recuerdan al Secretario del Departamento de Estado que  la mayoría de los países democráticos establecen claramente los distintos papeles de la policía y del ejército, y fijan límites a la participación de sus fuerzas armadas en las labores policiales nacionales. Sin embargo, en Honduras, las fuerzas armadas están cada vez más involucradas en la vigilancia policial a civiles.

Recuerdan además que Desde 2010, el gobierno de Honduras ha desplegado con regularidad a las fuerzas armadas para llevar a cabo funciones propias de la policía en diferentes partes del país. “Esta policía militar, que forma parte de la cadena de mando militar, actualmente alcanza los 3.000 miembros y continúa ampliándose. El 28 de febrero de este año, el ahora presidente Hernández anunció que el trabajo de los 2.144 miembros recién graduados de las fuerzas armadas regulares incluiría tareas policiales. En la actualidad, los militares patrullan barrios residenciales, autobuses, aeropuertos y carreteras”.

Otro de los puntos de la carta es la preocupación  es la preocupación que tienen los congresistas antes señalados sobre la creación de un nuevo "súper ministerio" el año pasado, llamado el Ministerio de Seguridad.

“Este ministerio unificó instituciones civiles y militares de seguridad bajo la dirección de Julián Pacheco Tinoco, un general activo en el momento de su nombramiento, que no renunció a su cargo hasta enero de 2015, después de que varios actores locales e internacionales, incluidos defensores de derechos humanos, cuestionaran el nombramiento. Antes de desempeñar este cargo, el Sr. Pacheco estuvo a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), un cuerpo especial interinstitucional –que combina a la policía, a personal militar, agencias de inteligencia y fiscales– creado por el presidente Hernández. Actualmente, el ministerio controla la policía, la Dirección General de Migración, la Marina Mercante y la Agencia de Aeronáutica Civil, entre otras instituciones gubernamentales claves”, destacan.

Agregan que están  preocupados por los informes de los medios de comunicación hondureños según los cuales, a mediados de mayo de este año, un equipo de 300 militares estadounidenses y personal civil, incluyendo a los Marines y el FBI, llevaron a cabo un entrenamiento de "respuesta rápida" con 500 agentes de FUSINA, utilizando helicópteros y aviones de Estados Unidos, a pesar de las denuncias en conexión  a la repetida participación de esta institución hondureña en violaciones de los derechos humanos.

Pero además se centran en la solicitud de presupuesto enviado el 2 de febrero de 2015 donde  el gobierno estadounidense presentó la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2016.

La misma incluyó un fondo de mil millones de dólares para Centroamérica, en su mayor parte dirigido a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para asistirles en el abordaje de los principales problemas que impulsan la migración desde la región hacia Estados Unidos.

“Entendemos la importancia de atacar las causas fundamentales de la migración hacia los Estados Unidos, pero queremos asegurarnos que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilicen para la vigilancia policial de tipo militar, actividad que podría, de hecho, ser una de los motivos de esta migración, ya que agrava la violencia en el país”, advierten.

Los Congresistas le piden  al Departamento de Estado que continúe con los esfuerzos para instar al gobierno de Honduras a implementar medidas serias y concretas para abordar los abusos militares y policiales, y para detener la continua participación de los militares en las tareas policiales de cumplimiento de la ley.

Para finalizar la carta solicitan un informe detallado sobre el uso de los fondos asignados a la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Honduras en la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Estado y en el Extranjero del año fiscal 2015 y en la futura legislación de asignaciones para 2016.

Varios de los congresistas que firman la misiva enviaron a Kerry otra el 15 de octubre de 2013,  donde le instaban a  a pronunciarse en contra de la creciente militarización de la vida civil en Honduras en el contexto de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre, “…observamos con gran preocupación la promoción de una creciente militarización de la policía, ya que se ven amenazadas las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión y la libertad sindical en Honduras, señalaron en esa oportunidad.

Desde el golpe militar de 2009, las Fuerzas Armadas recobraron su poderío el cual había sido diezmado con las demandas de la sociedad hondureña para que después de muchas décadas volvieran a los cuarteles a desarrollar las funciones que la Constitución de la República les asigna, de las cuales estaban alejados porque habían dirigido sus pasos a gobernar el país a través de  golpes de Estado y como instrumentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, implementada por los Estados Unidos en la confrontación Este-Oeste y donde Honduras tenía una posición geopolítica muy estratégica para agredir a sus vecinos centroamericanos, lo que se llamó el patio trasero de los Estados Unidos.

Con la llegada de Juan Orlando Hernández al poder de la nación y desde meses antes cuando fungía como presidente del Congreso Nacional, inició una etapa de darles más poder a los militares y creó la Policía Militar y del Orden Público, con el apoyo del anterior presidente Porfirio Lobo Sosa, que inició con un Decreto Ejecutivo para asignarles labores policiales invocando emergencia de seguridad.

La salida del ejército a las calles a significado graves violaciones a los derechos humanos sin que hasta la fecha hayan sido enjuiciados por los atropellos contra el pueblo de Honduras. Disparos contra autobuses, torturas a mineros, crimenes contra ciudadanos, son solo parte de las secuelas de dolor que han ido dejando a su paso.

La re militarización de las instituciones estatales se ha incrementado en este  período y la ausencia del poder civil es evidente .