El 17 de julio del presente año, un total de 20 campesinos y campesinas de esa comunidad que estaban ejerciendo su derecho a la tierra y a la alimentación fueron detenidos, entre ellos 11 hombres, cuatro menores de edad y cinco mujeres, siendo sometidos y sometidas a torturas y tratos inhumanos y crueles. A todas y todos, incluyendo a los menores, se les mantuvo por espacio de media hora boca arriba bajo un ardiente sol; además, de propinarles golpes con toletes lo que provocó que una mujer embarazada abortara.

Las organizaciones antes mencionadas difundieron un comunicado de prensa donde detallan la situación, el cual a continuación lo transcribimos de manera íntegra:

Comunicado de Prensa

01 de Septiembre de 2015

17  personas defensoras del derecho a la tierra, entre ellas La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres CDM, la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC y el Colectivo Josefa Lastiri a través de este medio denunciamos la represión contra campesinas y campesinos de la comunidad de Planes, Santa María, departamento de La Paz por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y que ha dado como resultado que hoy guarden prisión injustamente 3 campesinas y 12 campesinos.

El 17 de julio del presente año, un total de 20 campesinos y campesinas de esa comunidad que estaban ejerciendo su derecho a la tierra y a la alimentación fueron detenidos, entre ellos 11 hombres, cuatro menores de edad y cinco mujeres, siendo sometidos y sometidas a torturas y tratos inhumanos y crueles. A todas y todos, incluyendo a los menores, se les mantuvo por espacio de media hora boca arriba bajo un ardiente sol; además, de propinarles golpes con toletes lo que provocó que una mujer embarazada abortara.

Hoy en día, guardan prisión en la cárcel del municipio de Marcala, las defensoras  del territorio Norma Suyapa  Herrera (42), Sonia Isabel Gáleas (45) y Gerardina Santos Hernández (35) mientras que a María Melecia Hernández (74) años y  María Emérita López (29) quien se encontraba en estado de embarazo en el momento de su captura,  se les proporcionó medidas sustitutivas cautelares. Además de los defensores Dario López, Eulalio Lazo, Samuel Vázquez, Jorge López, José Caballero, Porfirio Rodríguez, Rufino García, Santos Agustín, Petrinillo García, José Pérez, Juan Gutiérrez y José flores.

Denunciamos las condiciones en las que se encuentran las defensoras del derecho a la tierra y alimentación que aún permanecen en la Centro Penitenciario de Marcala en condiciones de hacinamiento, sin asignación de cama lo que las obliga a dormir en el suelo, además que viven, duermen, comen en el mismo espacio donde están los baños sanitarios, y cuentan con limitado acceso a los pocos enseres que sus familiares les pueden proporcionar por su condición de precariedad, producto del desalojo violento en el cual fueron capturados y perdieron todos sus bienes materiales y tienen prohibido acceder a sus tierras donde tienen sus cultivos.

Denunciamos las severas repercusiones físicas, emocionales, psicológicas producidas por el desalojo, la captura y la privación de libertad, una de defensoras en condición de embarazo estuvo 22 días privada de libertad en las condiciones antes mencionadas y producto de ello tuvo una interrupción de su embarazo. Además de las consecuencias económicas negativas en las familias de las defensoras y defensores, el no poder trabajar sus cultivos y en los casos de las defensoras con medidas cautelares sustitutivas quienes tienen que viajar a otro municipio una vez por semana para firmar en los juzgado,  lo que les genera gastos sin tener ingresos como cubrirlos.

Condenamos la confabulación del sistema jurídico para sentenciar a las  defensoras y defensores detenidos, la rapidez para dictar la detención inmediata sin darles la oportunidad de defenderse en libertad a lo que se le une el evidente retraso del proceso en la solicitud de documentación fuera de lo común para demostrar arraigo, por ejemplo pedirles notas de equipos de fútbol, iglesias, recibos, entre otros.

Demandamos al sistema de justicia local que haga un uso adecuado, objetivo y transparente de las normas jurídicas, sin sesgos de ningún tipo, y sus complicaciones en el proceso.

Exigimos la inmediata liberación de las defensoras encarceladas injustamente y criminalizadas por ejercer el derecho a la tierra y a la alimentación.

Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales a pronunciarse ante la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran los y las defensoras de derechos de la tierra, agua y bienes comunes, especialmente su solidaridad con las campesinas y campesinos de la comunidad de Planes, Santa María, departamento de La Paz.

Tegucigalpa M.D.C. 01 Septiembre de 2015.