DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Un proceso abierto por encubrimiento y usurpación por ejercer su labor como defensores de derechos humanos, son las secuelas de un sistema de justicia selectivo que dejó en libertad a los oficiales torturadores y mantiene abierto un proceso penal contra tres personas defensoras, que podrían ir hasta un juicio oral y público por ejercer su derecho a defender los derechos humanos, dijo Ariel Díaz, quien el 08 de septiembre de 2017 fue torturado y encarcelado por proteger a estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
Que las estructuras represivas del Estado se escudan en la protección de la información para no dar cuenta del paradero de los cuatro garífunas desaparecidos forzadamente desde el 18 de julio, y es una estrategia para pretender ablandar la lucha por la defensa de la tierra y favorecer a los consorcios empresariales para despojarles de la misma, destaca la Mesa de Derechos Humanos en un comunicado público, difundido este sábado 29 de agosto de 2020 por la noche, en relación a la impunidad en que se mantiene la desaparición forzada de cuatro garífunas, ocurrida el pasado 18 de julio, además demanda una comisión internacional para llegar a la verdad.
La organización mundial Amnistía Internacional emitió una alerta urgente en relación al fallo de la Corte de Apelaciones contra ocho defensores de Guapinol que están encarcelados desde el año pasado, y otros cinco que quedaron libres pero pretende regresarlos a la cárcel. Según la organización hay una resolución viciada y sin argumentos jurídicos válidos, solo respaldada en una clara persecusión política, según un documento circulado este 28 de agosto de 2020 por la institución que aboga por el respeto de los derechos humanos en cualquier sitio del planeta.
Un vehículo color blanco, doble cabina, ronda la vivienda del defensor Reynaldo Domínguez, por lo que La comunidad de Tocoa Colón, exige respeto y garantías a sus derechos humanos, responsabilizando de esta acción a las empresas minera Inversiones Los Pinares y Ecotek, en conjunto con los cuerpos armados del Estado de Honduras .
Las defensoras de derechos humanos en Honduras se enfrentan a lo peor de la dictadura de Juan Orlando Hernández, quien usa todas las estrategias necesarias para obstaculizar el trabajo en pro de los derechos de la población. Hablan cuatro mujeres defensoras quienes relatan cuáles son los agujeros negros del autoritarismo contra miles de mujeres que defienden los derechos fundamentales en todo el país.
“Escuchamos y recibimos este pronunciamiento con el respeto debido a la libertad de expresión del pensamiento y se dio respuestas orales, por nuestro personal, ante el abuso de ese derecho, al desinformar y propagar información falsa, por esa vía, sobre nuestras actuaciones. Apreciamos la solidaridad positiva que nos ha sido expresada por emblemáticas organizaciones no gubernamentales de defensoras y defensores de derechos humanos”, señaló este 21 de agosto de 2020, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, en respuesta a un pronunciamiento que la Mesa de Derechos Humanos entregó en esta semana donde le señalaba falta de debida diligencia.
Tres mujeres jóvenes y un muchacho, fueron detenidos por participar en una protesta de “Dónde está el dinero”,actividad que tenían varios ciudadanos y ciudadanas en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Les capturaron a eso de las nueve de la noche del 18 de agosto de 2020, en la patrulla PN-519.
Las profundización de la crisis de derechos humanos, el latrocinio de los recursos públicos, una justicia selectiva para favorecer a los grupos de poder y desprotegee a las víctimas, y la falta de institucionalidad para contrarrestar esta situación, son algunos de los puntos que la Mesa de Derechos Humanos denunció en conferencia de prensa y entregó un pronunciamiento público ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, donde le señala que ha jugado un pobre papel en el contexto del covid19, este 19 de agosto de 2020.
Un Recurso de Reposición fue presentado este lunes 17 de agosto de 2020, contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que ratificó la prisión para ocho defensores de Guapinol que están presos y echó al cesto de la basura el sobreseimiento definitivo contra otras seis personas defensoras del ambiente, entre las que están integrantes del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
La Juez Lisseth Vallecillo Banegas , resolvió favorablemente este 17 de agosto de 2020, un escrito presentado por los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, defensores de Roberto David Castillo, para reprogramar la audiencia preliminar una vez más, lo que fue visto como una dilación al proceso penal por el crimen de Berta Cáceres.
Desde el 24 de julio de 2020 los abogados de los defensores de Guapinol presentaron un escrito ante la Fiscalía de Tocoa, Colón, solicitando que el Ministerio Público aplique el nuevo Código Penal a los encausados que están encarcelados ilegalmente desde agosto del año pasado, y desista de la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo este ente acusador no ha respondido tal petición, lo que deja claro que esta nueva ley fue hecha a la medida de los corruptos.
Los corruptos que han despilfarrado los fondos de la pandemia, no toleran leer por todas partes “Dónde esté el dinero”, para neutralizar a una población que demanda rendición de cuentas tienen a su servicio a los cuerpos de seguridad del Estado, que aplican a discrecionalidad los decretos de restricción de garantías constitucionales y la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, con el objetivo de enterrar este movimiento ciudadano que va cobrando más fuerza en todo el país.
Un fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán ratificó la cárcel para ocho defensores del Río Guapinol que están presos desde agosto del año pasado y ordenó que otros cinco regresen a prisión, después de tener un sobreseimiento definitivo en los delitos por los cuales el Ministerio Público en contubernio con la empresa Minera Inversiones Los Pinares, les envió a prisión a principios de 2019.
Desde vigilancia, amenazas a muerte, seguimientos y hasta utilización de falsos positivos para amedrentarla, han constituido cinco años de zozobra para la Doctora Ligia Ramos, Fiscal de la Junta Directiva del Colegio Médico, solo por defender el derecho a la educación en Honduras. Esta semana carros de la policía y hombres en motocicleta merodearon su casa y tomaron fotografías.
A simple vista se puede pensar que se trata de una política de dejar hacer y dejar pasar, pqra que los perpetradores lleven a cabo su estrategia de generar terror para ablandar a las voces fuertes del gremio médico de Honduras que han denunciado innumerables actos de intimidación y represalidas.
Cinco añosconstantes sin tranquilidad
Las amenazas se iniciaron tras haber denunciado actos irregulares en el sistema de salud y después de haber participado en la plataforma de Salud y Educación, aunque interpuso dos quejas ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, por amenazas y persecución.
Ramos manifestó a pasosdeanimalgrande.com que debido a las quejas en el CONADEH fue enviada al Mecanismo de Protección para recibir medidas, pero las mismas no se lograron concretar por desconfianza en el sistema de protección.
También el doctor Carlos Umaña, quien lidera los médicos del Seguro Social en el Norte del país, en relación a este nuevo hecho contra la doctora Ramos, expresó que sería una mala forma de parte del Estado de censurar a los doctores que denuncian la corrupción en los centros de atención, donde no se les ha cumplido con los contratos laborales ni a los médicos permanentes tampoco a los integrados por Código Verde.
Vea la entrevista completa de Ramos y Umaña:
Los derechos humanos de los trabajadores del área de la salud, no han sido garantizados durante la emergencia por Covid_19, más de 30 médicos y al menos la misma cantidad de enfermeras han fallecido debido a los pocos insumos de equipo de bioseguridad y exposición que han tenido.
Este 10 de agosto la policía capturó al doctor Marco Eliud Girón, acusándolo de amenazar con arma a una pareja, fue encarcelado en el Core 7 y el día siguiente internado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), con indicios de tortura, después de mediodía del 11 de agosto fue dejado en libertad por falta de pruebas, por el Ministerio Público.