DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Por: COPINH -
El día de ayer 11 de abril en horas de la mañana fue allanada sin ninguna orden judicial la casa de la compañera Liliam López, coordinadora de las Mujeres del COPINH, en el municipio de San José, por parte de 2 policías, quienes vestidos de policía, con armas reglamentarias y chalecos antibalas que cubrían sus identificaciones, entraron caminando al predio de la casa donde vive uno de los hijos de la compañera Liliam, y sin ninguna orden iniciaron un allanamiento ilegal buscando supuestas armas en el interior.
Organismos de derechos humanos que acusaron a los comisionados Félix Colindres, Marlon Palma y Juan Manuel Aguilar por los delitos de tortura, violación a los derechos humanos y abuso de autoridad en contra de estudiantes y defensores de los derechos humanos, también acusarán al ex comisionado del la policía Félix Villanueva, quien estaba fungiendo en el cargo de Director de la Policía Preventiva.
Agentes de la Policía Nacional ingresaron el 13 de marzo de 2018 y reprimieron a las personas que se mantienen en el campamento de Pajuiles, comunidad en el atlántico de Honduras que lucha por la defensa del Río Mezapa y la Cordillera Nombre de Dios, acompañada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
“Denunciamos que los mismos actores vinculados a los grupos de poder y al Partido Nacional que se han beneficiado con la impunidad garantizada por el Ministerio Público, son quienes ahora proponen la reelección de Óscar Chinchilla”, señaló la Coalición contra la Impunidad en un comunicado difundido en las últimas horas, en el marco de la elección del nuevo Fiscal General.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ha denunciado persecución para varios de sus miembros por militares del Cuarto Batallón de Infantería, asentados en la comunidad de La Florida Vieja, jurisdicción de Tela Atlántida, Honduras.
La Mesa de Derechos Humanos condenó la asociación del Estado de Honduras con todas sus instituciones del sistema de justicia que están protegiendo a los altos mandos policiales que torturaron y cometieron otros graves delitos contra la integridad física de defensores de derechos humanos y estudiantes el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La Jueza numero 6 promovió la impunidad al rechazar la petición de los abogados acusadores privados y del Ministerio Público de enviar a la cárcel y suspender de sus cargos a los oficiales de policía Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, en la audiencia de imputado realizada este 28 de febrero de 2018.
Las amenazas y hostigamientos contra Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, van subiendo a un nivel más peligroso en las últimas horas , cuando hombres armados lo interceptaron en el Atlántico de Honduras, cuando había mucho tráfico de vehículos, el 19 de febrero recién pasado.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, IM-Defensoras, denunció la detención este 22 de febrero de 2018, de Aquelina Mejía Guerra, defensora de derechos humanos integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, quien está siendo acusada por tenencia de bombas de fabricación casera.
Mientras a tres defensores de derechos humanos el Ministerio Público les armó un juicio en 36 horas, los envió a prisión después de ser torturados y fueron presentados enchachados de pies y manos ante un juez, a los policías torturadores les emitió requerimiento fiscal tres meses 8 días después de los hechos ocurridos el 08 de septiembre de 2017 y solicitó medidas distintas a la prisión.
Representantes de varias organizaciones de sociedad civil reaccionaron ante las amenazas del gobierno de Juan Orlando Hernández a través de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), de cancelar las personerías jurídicas aduciendo que algunas promueven el odio, argumento que ya fue usado en el gobierno de facto de Roberto Micheletti en el año 2009 con el golpe de Estado.
Los policías militares que dejaron inconsciente a un joven que ha participado en las protestas contra el fraude electoral, podrán estar tranquilos que no se les castigará por el abuso cometido contra la víctima, que por razones de seguridad no se brindará su nombre. El Fiscal Jacobo Santos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, se negó a tomar la denuncia y exigió pruebas de que los responsables eran policías militares.
Cinco meses y 23 días suman este 28 de febrero, en que se realizará la Audiencia de Imputado a las 2:00 p.m, en los Juzgados de lo Penal de Comayaguela, contra los oficiales de policía que torturaron a defensores y defensoras de derechos humanos el pasado 08 de septiembre.La falta de voluntad política para castigar graves violaciones a derechos fundamentales ha fomentado la repetición de los hechos con otros defensores.
Edwin Robelo Espinal, luchador social desde el golpe de Estado, fue detenido este viernes 19 de enero en la noche por hombres encapuchados que no quisieron identificarse y se lo llevaron a la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, hasta que estuvo en esa dependencia él supo por qué delitos lo capturaron, entre ellos el de terrorismo, daños y robo.