DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
La Mesa de Derechos Humanos oficializó este 19 de octubre de 2017 denuncia por Abuso de Autoridad contra María Dolores Barahona, quien fungía como fiscal de turno de la Fiscalía de Delitos Comunes, del Ministerio Público, MP, el fatídico 08 de septiembre, cuando policías al mando de altos oficiales torturaron a estudiantes y cuatro defensores de derechos humanos, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
La Fiscal de Delitos Comunes María de los Ángeles Barahona, será denunciada este jueves 19 de octubre de 2017 por la Mesa de Derechos Humanos, debido a la orden que según la policía le dio de “sacar a como diera lugar” a defensores de derechos humanos y estudiantes de un bus del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, el pasado 08 de septiembre, lo que concluyó en torturas, detenciones ilegales y otros abusos gravísimos a los derechos humanos .
De sorpresa en sorpresa se desarrolla el caso de cuatro defensores y defensoras de derechos humanos torturados y detenidos por la policía el pasado 08 de septiembre de este año. La semana pasado Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, llegó a reclamar una tablet decomisada a la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, MP, pero le manifestaron el 11 de octubre que no se la podían entregar porque aún estaban en investigación.
En Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo, más de la mitad de las víctimas de asesinatos no tienen más de treinta años. Esas víctimas son en su mayoría hombres y pobres. La espiral de violencia tiene muchas causas, sin embargo se acusa a los hombres jóvenes de ser los responsables. Las cifras en si ya son preocupantes, pero es aún más alarmante que varias de las víctimas son ejecutadas por escuadrones de la muerte y que dentro de sus filas parece haber militares y agentes policiales.
Pen Honduras demandó este 04 de octubre de 2017, en un comunicado público, el castigo inmediato y sin demoras contra altos mandos policiales que participaron de las torturas y detención ilegal contra defensores de derechos humanos, entre ellos la miembra Pen Tomy Morales. Además condena la complicidad que ha mostrado el Ministerio Público para mantener en la impunidad estas acciones que ya casi llevan un mes de haber ocurrido desde que el 08 de septiembre se produjeron y hasta ahpora no hay consecuencias para los culpables.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron a los oficiales de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, Colindres y Aguilar, entre otros, de ser los responsables de cometer 10 delitos entre los que se configuran torturas, detención ilegal y lesiones, según una denuncia presentada este 19 de septiembre de 2017 en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y anunciaron que esta dependencia tiene 10 días máximo para responder o también se le interpondrán acciones penales.
Dos semanas sin justicia pero con muchas consecuencias en su salud, esa es la impunidad que rodea a los altos mandos de la policía que han sido tratados con guantes de seda por la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, que de oficio debió haber actuado iniciando procesos criminales contra los oficiales Leonel Sauceda, Colindres y Aguilar, entre otros, responsables de la represión sin precedentes contra cuatro defensores de derechos humanos,el pasado 08 de septiembre de 2017.
Una serie de llamadas a su teléfono celular fue el preámbulo al sabotaje contra el vehículo de Merly Eguigure, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, este 11 de septiembre de 2017, cuando las cuatro llantas tenían clavos y el cable del aire había sido cortado, según lo denunció la lideresa a pasosdeanimalgrande.com.
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán ,(OPDHA), denunció que a través de un monitoreo constante del proceso de recuperación de tierras iniciado el 27 de agosto de este año ha documentado intimidaciones, detenciones ilegales de campesinos incluida la de un menor, así como abusos militares y policiales contra los derechos humanos, según lo dio a conocer esta organización en un comunicado de prensa difundido este 04 de septiembre de 2017.
Policías de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y un fiscal del Ministerio Público, allanaron sin mostrar la orden judicial el apartamento de Mirtha Gutiérrez (audio), dirigente del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, la tarde de este 30 de agosto de 2017.Al final entraron sin que la estudiante pudiera ver si existía o no dicho documento legal, aduciendo una inspección por un crimen que pasó algunos años atrás en momentos que la lideresa estudiantil ni vivía allí. Curiosamente usaron la técnica del luminol y no encontraron nada.
“Compañeros esto está horrible están tirando bombas, ustedes no pueden imaginárselo, hasta adentro de las propiedades”, se escuchó en un audio que mandó por redes sociales casi sin habla por estarse ahogando debido a las bombas lacrimógenas, una de las habitantes de la Villa de San Francisco, aglutinada en la organización Vecinos del Boulevard, en el oriente de Honduras este 29 de agosto de 2017.
Los pobladores y defensores del ambiente aglutinados en del Comité Ambientalista CAPIRHO se oponen al paso del cableado eléctrico por el casco urbano de la ciudad del Proyecto Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa, de la empresa Azucarera Tres Valles, la cual ha suscrito contrato de entrega de energía con la ENEE, de acuerdo a lo que ha denunciado el defensor de los derechos humanos Leonel Casco Gutiérrez en su página de facebook.
Desde las cuatro de la mañana de este 29 de agosto un contingente de más de 60 efectivos policiales del Comando COBRAS al mando del Comisario Soriano de la policía, se presentaron al municipio de la Villa de San Francisco a reprimir a los pobladores y defensores del ambiente . En la represión fue agredido el ingeniero José Jorge Aguilar Ponce y otra personas con toletazos por parte de los agentes policiales. agregó la publicación de Casco Gutiérrez.
Los pobladores interpusieron la denuncia ante diferentes organismos de derechos humanos y ante la MACCIH por violación al derecho a la salud y la consulta ciudadana, por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Otra de las víctimas con impotencia y su voz entrecortada decía “ay, esto es suficiente ya, las barbaridades de los que hicieron todo esto, es una impotencia que se siente”, entre sollozos y lágrimas.
“A mi mamá la tienen encerrada allá en una casa con unos niños” , describió otra de las mujeres afectadas”.
A su paso los uniformados golpearon niños, jóvenes y mujeres, también supuestamente hay varias personas detenidas.
Las y los vecinos de este lugar se mantenían en una protesta ante la instalación de unos postes de un proyecto de la tercera línea de electricidad de alta tensión por considerar que esto provocaría graves daños a la salud de las personas que viven en la zona.
Desde horas de la mañana enviaron señales de auxilio porque estaban siendo amenazados con un desalojo y que solo esperaban a los fiscales del Ministerio Publico para hacer efectiva la orden y que traerían consigo requerimientos fiscales.
La policía llegó especialmente a reprimir a la familia donde se reunían los directivos y capturaron al presidente del Comité Ambientalista, Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, luego de una reunión con autoridades de del Ministerio Público.
La fiscal Dolores Valderramos junto a otro fiscal joven de la regional de Talanga, en Francisco Morazán fue la que dio la orden de que gasearan a los ambientalistas.
Datos preliminares daban cuenta de cuatro personas capturadas incluido un menor de edad. La gente era persiguida, los policías allanaeron viviendas entre ellas la del señor Mario Pagoaga, directivo del Comité Ambientalista.
Los Fiscales fueron vistos salir de forma urgente del lugar , trasladándose a Talanga, Se sospechaba que para preparar el requerimiento fiscal. En este operativo participó el Jefe de Seguridad de la Compañía Azucarera Tres Valles, según lo denunció Casco Gutiérrez.
Continua la audiencia inicial en el caso del abogado Laureano Carbajal la cual inicio desde las 9am de este 15 de agosto de 2017. La defensa espera que quede en libertad este día.
El Abogado Laureano Carbajal Rivas, apoderado legal por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, en varios casos de derechos humanos, fue enviado a prisión este día jueves 10 de agosto, al presidio de La Ceiba por un Juez con Jurisdicción Nacional.
Carbajal Rivas fue detenido en el marco de la "Operación Tormenta de Fuego VII", donde el gobierno argumenta el ataque frontal a la criminalidad en el país. Él fue exhibido de tal manera que fue presentado como un gran delincuente en un contexto de mucha violencia en Honduras y de aspiraciones reeleccionistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Después de más de más de 30 horas de haber sido detenido en Tegucigalpa se realizó la Audiencia de Imputado por el delito de Falsificación de documentos privados. Primero fue llevado a San Pedro Sula y luego a La Ceiba, como en los tiempos de Carías, traslado por cordillera como le llamaban. Su captura fue a las 6 de la mañana del 09 de agosto y la Audiencia se desarrolló hasta las 2 p.m. del siguiente día 10 de agosto, argumentando que el juez tenía otra audiencia.
A pesar ser conmutable el supuesto delito y menor de cinco años de prisión, no se admitió la solicitud de medidas sustitutivas a la prisión.
El abogado Carbajal autenticó unos documentos en el año 2012 y de eso ha derivado su captura, con un desplazamiento inusual de decenas de policías que lo sacaron de su casa llevándoselo sin informar a la familia por qué lo capturaron y realizando un registro minucioso de su vivienda en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, este 09 de agosto de 2017.
El profesional del derecho representa a varias víctimas de violaciones a derechos humanos como apoderado legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU. Entre ellas al periodista Jairo López, en una querella por haber denunciado pegues ilegales de agua; a la periodista Dunia Montoya, torturada por la policía en el 2015; a los Estudiantes de la UNAH Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, condenados a tres años por Usurpación contra la UNAH; así como apoderado legal en un juicio iniciado por las abogadas Kenia Oliva (que estuvo en ASOPODEHU) e Ivania Galeano, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde se demandó a la UNAH por violación a los derechos fundamentales de 6 estudiantes entre ellos los tres condenados.
En representanción de la ASOPODEHU presentó denuncias contra toda la Sala del Tribunal de Sentencia de Choluteca por extravío de Pruebas en el caso de Jairo López y por retardo de justicia afectando a la periodista Dunia Montoya.
En los últimos días ha dado declaraciones públicas antes y después de la sentencia contra los tres estudiantes Padilla, Cáceres y Ulloa, informando a los periodistas sobre los alcances de la sentencia.
Por las actuaciones de los operadores de justicia en este caso se visualiza una persecusión por su trabajo y más aún este jueves 10 de agosto cuando se presentó una constancia médica por la grave condición de salud que pasa en estos momentos por afectación de su próstata por lo que requiere un tratamiento constante.
La utilización de los falsos positivos al estilo Colombia ya no es una novedad en Honduras. No es el primer caso de este tipo con lo que se pretende desprestigiar la imagen de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Será hasta el próximo martes 15 de agosto que se llevará a cabo la Audiencia Inicial donde debería quedar en libertad, pero con todos los antecedentes de su captura el panorama se observa oscuro.
Esta mañana policias TIGRE junto a la Dirección Policial de Investigación, llego hasta las instalaciones del Campamento Digno en Pajuiles, donde las comunidades mantienen una toma pacífica de 140 días en defensa del río que les provee de agua potable y ahora el gobierno de Honduras lo ha concesionado a la empresa HIDROCEP para la realización de un proyecto hidroeléctrico.