El abogado Daniel Salcedo, de la Delegación  Centro-Oriente , del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, explicó a pasosdeanimalgrande.com que en el caso del joven Davinson Barrientos, muerto por agentes, ha habido una actuación indebida por parte de la policía, “los cuerpos represivos del Estado deben tener presente la obligación de servir y proteger a la ciudadanía bajo las políticas de derechos humanos”.

Salcedo se refiere a los hechos ocurridos en la Colonia Quezada, de Tegucigalpa,  el día 15 de febrero en que una bala policial terminó con la vida del muchacho de apenas 20 años. Era  la una de la tarde cuando los oficiales realizaban un operativo,  la víctima conducía una volqueta y omitió el alto, después de una discusión el funcionario policial Levis Rivera sacó el arma y le disparó.

Este 17 de febrero el Ministerio Público acusó de homicidio al miembro de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, Levis Russi Rivera Benítez, asignado a la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano FNSTU, después que le disparara al joven Davinson Barrientos, provocándole la muerte.

Actos en contra de la Ley

“Existe una gran zozobra, el CONADEH y la población hondureña exigen que la policía Nacional y la gente de Seguridad del Estado, se encarguen de proteger, no se puede permitir que cometan actos que vayan en contra de la Ley, sabemos que las acciones recientes indican lo contrario”, agregó.

Brindando seguimiento al caso el CONADEH aperturó una queja de oficio y son las instituciones autorizadas las cuales impartan justicia aplicando los procedimientos correspondientes a las leyes nacionales e internacionales y se les hace un llamado para que sigan las líneas estratégicas orientadas en los derechos humanos, explicó.

Según el Ministerio Público, después de las averiguaciones en coordinación con la Dirección Policial de Investigación DPI, el Departamento de Patología de Medicina Forense mediante la autopsia confirmó la causa y manera de su muerte, por lo que la Fiscalía de Especial de Delitos Contra la Vida, FEDCV, presentó el correspondiente requerimiento.

El padre de Davinson Barrientos denunció públicamente a través del medio Hable Como Habla, HCH, que el joven manejaba una volqueta e iba junto a él,  y mientras se dirigían a entregar el material que recogen desde el municipio de Talanga , al llegar a la capital pasaron bajo  un puente en la colonia Divino Paraíso , había un cono de la policía que estaba botado y no se fijó, pero los agentes  se lo atribuyeron a él persiguiéndolo hasta la colonia de la Quezada.

Los relatos de testigos  que grabaron la escena describieron que los oficiales agredieron y le dispararon al joven, en sus últimos momentos le escribió a su esposa avisándoles que lo habían herido. Las personas que estaban en la zona intentaron llevarlo al Cuerpo de Bomberos cercano en busca de auxilio, pero falleció debido a los impactos de bala.

El Coronel Francisco Salgado, de la Policía Nacional, expresó en los medios de comunicación  que “todos saben que botar un cono, es un delito… un desacato a la autoridad, destrucción de la vía pública, en donde solo una parte de la historia se está escuchando y serán los tribunales los que determinen la muerte”.

Ese día la periodista Ariela Cáceres preguntó al oficial del por qué habían recogidos los casquillos de bala que estaban en el lugar, pero el funcionario evadió dar la respuesta de acuerdo a los hecho.

Amnistía Internacional define como brutalidad policial el uso ilegítimo de la fuerza por la policía en el peor de los casos tiene como consecuencia la privación del derecho a la vida, cuando el uso policial de la fuerza es innecesario o excesivo, puede además constituir tortura u otros malos tratos.

Organizaciones aglutinadas en la Vía Campesina exigieron  este 16 de febrero de 2021, frente al Congreso Nacional de Honduras la aprobación de una propuesta de emergencia presentada el 06 de febrero de  2020 para restablecer la institucionalidad agraria; terminar con la militarización del sector, aprobar leyes encaminadas a los créditos para las mujeres, y la creación de una una instancia que tiene como propósito el incremento a la productividad y producción y combatir la pobreza y el desempleo.

Lo que ya se suponía por los familiares y la población en general que la muerte de Keyla Martínez era un crimen y no un suicidio quedó al descubierto este 09 de febrero de 2021 cuando el Ministerio Público a través de su vocero anunció que se trataba de un homicidio, además que se había pedido que los policías que estaban en el turno la noche del 06 de febrero en que fue detenida y posteriormente apareció muerta, fueran puestos a la orden de ese ente acusador.

Las organizaciones que conforman la Plataforma 25 de Noviembre, presentaron el “Diagnóstico de las políticas públicas de la violencia contra la mujer y niñas en el marco de la covid-19 y los huracanes”.

Según argumentaron algunas personas  consultadas sobre qué piensa de las vacunas que ha anunciado el gobierno de Juan Orlando Hernández, no creen en el proceso por los antecedentes de las compras irregulares de los hospitales móviles, otros actos de corrupción en el manejo del dinero para atender la pandemia de la covid-19 y a los damnificados por los huracanes ETA e IOTA.