El tiempo de las excusas se le está agotando al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, para dar cuenta del paradero de cinco garífunas entre ellos el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno. Ante la presión que ha explotado como una bomba, la administración Hernández responde  con diferentes escenarios confusos.

Las amenazas van en ascenso contra María Felícita López, Coordinadora de las Mujeres del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras, MILPAH. En las últimas horas han pasado de las llamadas telefónicas para anunciarle su muerte hasta la presencia de encapuchados armados de machetes en el camino donde ella y un familiar iban a pasar, según la alerta de MILPAH, el Comité Local de Acompañamiento de Derechos Humanos, CLAHD y el Comité Municipal de las Mujeres de MILPAH difundida este 24 de julio de 2020.

La Coalición Contra la Impunidad (CCI), que está conformada por más de 25 Organizaciones No Gubernamentales y de sociedad civil, se prepara para evidenciar la ituación real de los derechos humanos en Honduras en la evaluación del Examen Periódico Universal, (EPU), que se realizará en noviembre próximo.

La presión contra la comunidad garífunas y otras personas que luchan por la defensa de los territorios, así como la impunidad en que se desenvuelven quienes generan la violencia, solo son la punta del iceberg en Honduras. Pasosdeanimalgrande Noticias le delinea algunos rasgos de este ambiente hostil contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

Las cifras del gobierno sobre el covid19 en la mosquitia no se ajustan a la realidad, y eso coloca en más vulnerabilidad a una población étnica que por décadas ha estado en el completo abandono, señalaron sectores entrevistados por este medio de comunicación.