En las últimas horas varias instituciones del Estado han cerrado filas para acuerpar al presidente Juan Orlando Hernández, después de que fuera mencionado en reiteradas ocasiones en el juicio contra Tony Hernández, de tener nexos con narcotraficantes y haber aceptado sobornos de éstos para sus campañas políticas de 2013 y 2017.

Mientras el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, amenazó con revisar las funciones del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, decenas de personas acompañaron a esta institución el 16 de octubre de 2019.para presentar una iniciativa de Ley para que no entre en vigencia en nuevo Código Penal, portando una camiseta blanca con la leyenda "NO al Código Penal de la Impunidad".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Opario Lemoth Morris y otros (buzos miskitos) , en relación con Honduras. según lo informó en mayo anterior. 

El caso implica múltiples impactos sobre los derechos humanos en perjuicio de un grupo de individuos que pertenecen al pueblo indígena miskito que viven en departamento de Gracias a Dios, Honduras, señala la comunicación. 

Múltiples violaciones según la CIDH 

En sus méritos informes, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la integridad personal de 34 buzos miskitos que se reunieron con los accidentes debido a las inmersiones profundas que hacían que los llevaron a sufrir la enfermedad por descompresión. 

Asimismo, la CIDH considera que el Estado violó el derecho a la vida de 12 buzos miskitos que murieron inmediatamente después de estos accidentes. La ignorancia de la situación y la indiferencia hacia el problema de la explotación laboral de las empresas de pesca y la prevalencia de buceo en condiciones peligrosas, lo que llevó a estos accidentes, se manifiestan en la falta de seguimiento y supervisión adecuada. 

Por otra parte, la CIDH considera que, aunque el Estado de Honduras estaba al tanto de la situación de los buzos y la perversidad de sus relaciones laborales, no hacía falta, medidas concretas deliberadas para garantizar que puedan ejercer su derecho a trabajar en condiciones apropiadas justo, equitativo ni podían acceder a la asistencia sanitaria y la cobertura de la seguridad social. 

Por otra parte, dados los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas, incluyendo el hecho de que pertenecen a un pueblo indígena que ha sido históricamente marginado y vive en la pobreza extrema y que muchos de ellos son personas con discapacidad, la CIDH consideró que el Estado también es responsable de violar el principio de igualdad y no discriminación. 

CIDH formuló recomendaciones al Estado de Honduras 

Entre las recomendaciones que la CIDH formuló ante el Estado de Honduras por esta situación, se encuentran: 

Tomar medidas para proporcionar una compensación económica y reparación para las víctimas y sus familias;

Hacer que los servicios de cuidado de la salud física y mental a disposición de las víctimas supervivientes;

Investigar el caso a fondo para esclarecer plenamente los eventos e imponer las sanciones correspondientes;

Adoptar cualquier tipo legislativo, administrativo, u otro de medida necesaria para evitar incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro;

Implementar campañas de difusión adecuadas sobre los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional.

La Fiscalía General de la República al mando de su titular, Oscar Fernando Chinchilla, debe instruir de inmediato una investigación , diligenciar las acciones necesarias de acuerdo con los convenios de asistencia recíproca con los Estados Unidos, para obtener información en poder de la DEA , en relación al juicio contra Tony Hernández, donde se involucra al presidente Juan Orlando Hernández, en acciones vinculadas al narcotráfico, señaló el abogado Omar Menjivar, la noche de este martes 08 de octubre de 2019.

Los comunicados del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para defenderse de las acusaciones de los narcotraficantes que están siendo enjuiciado en Estados Unidos, han convertido la Casa Presidencial en una oficina de relaciones públicas que obstaculiza las labores presidenciales, las cuales deberían orientarse a realizar acciones para cumplir con las responsabilidades que le asigna la Constitución de la República, manifestaron representantes de diversos sectores a pasosdeanimalgrandde.com, este 07 de octubre de 2019.