Raúl Álvarez, quien estaba en una cárcel de máxima seguridad, obtuvo cambio de medidas de presión preventiva a defenderse en libertad este 16 de agosto de 2019,  después de casi dos años de reclusión. Aún el juicio oral y público no tiene fecha de realización.

El nuevo Código Penal contiene disposiciones que favorecen a las personas y grupos políticos implicados en la criminalidad organizada que han logrado infiltrar al Estado hondureño al más alto nivel, no castiga los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI y deja en indefensión a mujeres, niñas y niños ante los abusos sexuales, señaló en conferencia de prensa la Articulación 611, (A611), este 14 de agosto de 2019.

El Ministerio Público, MP, siguió con un patrón de persecución contra Edwin Robelo Espinal, al presentar 21 supuestos medios de prueba de los cuales los jueces de la Sala número dos del Tribunal de sentencia, desestimaron tres, en una audiencia realizada este 15 de agosto de 2019.

Representantes de organizaciones nacionales e internacionales expusieron que la corrupción no es un acto aislado que sucede en todos los países, en el Foro ciudadano “Patrones Estructurales de las Redes de Corrupción y las Violaciones generalizadas a Derechos Humano”, realizado este 13 de agosto de 2019, en la capital hondureña.

Con una denuncia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, por la autorización ilegal del permiso para que una minera explotara antimonio en territorio de la Tribu de Locomapa, se logró un auto de formal procesamiento contra, Medardo Varela Bustillo, Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, con lo que se evidencia las ilegalidades que se cometen desde las instituciones estatales.

Según lo publicó el MADJ el pasado 08 de agosto, el funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autorizó el 01 de diciembre de 2017 la extracción de mineral antimonio a la empresa LACHASA CO S.A, en La Mina y Lagunitas, Yoro, según lo constatan recibos efectuados por la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro.

Funcionarios de la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural se apersonaron a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro, donde el presidente de dicha compañía, Álvaro Hernández Londoño, en su condición de gerente general y representante legal, solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio, siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y pagando una suma de dinero por la misma.

El Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro no contó con la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas,(INHGEOMIN), en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, incurriendo en el delito de abuso de autoridad.

“Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas  encarcelados, desterrados  y asesinados producto de su lucha en defensa de su territorio”, destacó el MADJ en una nota publicada en su sitio web.

Agregó que desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus, CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.

La violación a la consulta previa libre e informada es uno de los principales problemas en el otorgamiento de permisos a las mineras, lo que genera grandes conflictos ambientales, represión desde el Estado y guardias de seguridad de las empresas que custodian el área concesionada ilegalmente  por instituciones estatales que violentan ese mecanismo y convenios y tratados internacionales.

Es una de las pocas denuncias llevan hacia un proceso penal contra los responsables debido a la colusión entre el sistema de justicia, las instituciones del Estado encargadas del otorgamiento de las licencias y el poderío de las compañías, lo  que evita que las comunidades tengan acceso a la justicia-. La petición se ha hecho en otras localidades sin el éxito esperado y donde se ha instaurado una compaña de desprestigio contra el MADJ por acompañar a las poblaciones afectadas.

Vea noticia original en el sitio web del MADJ, aquí en este link