Son los periodistas quienes terminan pagando los platos rotos por informar a través de los medios la inocultable verdad de lo que pasa en la zona sur de Honduras. Los enardecidos síntomas de indignación social que vive Choluteca con manifestaciones constantes los miércoles y sábados de todas las semanas, es un fenómeno digno de estudiar para los expertos de la sociología, mientras los comunicadores intentan informar lo qué pasa por eso son estigmatizados.
Los ataques contra defensores de derechos humanos han subido de nivel en las últimas horas en Honduras lo que coloca en mayor vulnerabilidad a las personas que defienden los derechos fundamentales desde diferentes espacios. Uno de los casos más recientes es el secuestro por varias horas de Ians Rivera, colaborador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y las amenazas que varios hombres hicieron contra la madre del defensor de los derechos humanos Henry Rodríguez, este mismo 10 de octubre de 2018.
En la categoría de los criminales más peligrosos esataría colocando el Estado de Honduras a 18 defensores y defensoras de derechos humanos que tienen órdenes de captura por defender sus derecho a un medio ambiente sano, emitidas por un juzgado de jurisdicción nacional que conoce casos de criminalidad organizada, según lo denunció en un comunicado la Coalición contra la Impunidad, este 08 de octubre de 2018.
Amnistía Internacional ha publicado la investigación “Américas: Situación de los Mecanismos de Protección para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos”, donde aborda las problemáticas existentes en los mecanismos de protección de las Américas, entre ellos el de Honduras, el cual carece de graves falencias que coloca grandes obstáculos en la desarticulación de los ataques a las personas defensoras de los derechos humanos.
Con el uso de la fuerza a través de los cuerpos de seguridad, el gobierno del actual mandatario Juan Orlando Hernández pretende sofocar las demandas de miles de manifestantes de Choluteca, en la zona Sur del país, que se mantienen en protesta contra los abusos en instituciones estatales y empresas que violentan los derechos fundamentales de la población.