Denuncia
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
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Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Un juez resolvió entregar el 23 de noviembre de 2021, una carta de libertad provisional a los defensores de derechos humanos del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, que fueron acusados por el Ministerio Público de Incendio Agravado y Atentado contra la Secretaría de Seguridad. El proceso puede retomarse en cualquier momento por el Ministerio Público, lo que es considerado por la defensa y las víctimas como un chantaje para obligarlos a abandonar la lucha por el Río Petacón.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un riesgo grave para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación pacífica, en un contexto electoral caracterizado por la existencia de impunidad generalizada y de procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal para impedir el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
El pasado 7 de octubre de este año , se reformó el delito de usurpación, el Congreso Nacional adicionó el artículo 378-A, que establece como agravante que cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas, incrementa la pena de prisión de seis a diez años e inhabilitación absoluta.
Varios sectores han manifestado que el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández sigue aprobando y modificando leyes para protegerse de cara a las elecciones del 28 de noviembre.
El ambiente político es convulso e incierto en Honduras y eso hace prever que existirán protestas en las calles y entonces con las figuras penales antes descritas los operadores de justicia tienen una herramienta más de represión para evitar un alzamiento popular si se diera otro fraude electoral.
Represión en elecciones de 2017
El 2017 en Pimienta, Cortés, hubo nueve detenidos que fueron enviados a la cárcel conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara. Otros en El Progreso, Yoro, en la capital se realizaron un sinnúmero de detenciones y los defensores Edwin Espinal y Raúl Álvarez fueron acusados por manifestarse, permanecieron 19 meses en la cárcel de máxima seguridad en Moroceli, El Paraíso, conocida como La Tolva, donde fueron objeto reiteradamente de vejámenes.
En enero 2018, varios militares agredieron físicamente y dañaron el equipo de grabación al camarógrafo de Une Tv, Pedro Amador, quién cubría una manifestación frente a Casa Presidencial, durante una protesta contra la imposición de Hernández. Asimismo, en cobertura post electoral, los efectivos castrenses atacaron y dañaron el equipo del camarógrafo Kevin Castillo, del canal Televida, de Choluteca
Carlos de Cid de la Acción Ecuménica por los Derechos Humano, (AEDH) explicó que las defensoras y defensores avizoran que el contexto estará lleno de mucha violencia por la pugna del poder, porque quienes lo ostentan en este momento no estarán dispuestos a cederlo de manera fácil. “Probablemente se van a oponer alegando fraudes y utilizarán la violencia de la cual disponen al tener en sus manos la fuerza del ejército y de la policía”, argumentó Del Cid.
Añadió que las reformas que recientemente se hicieron al Código Penal y Código procesal Penal, tienen una dedicatoria enfilada a posibles levantamientos y protestas que las personas ejecuten en relación a lo que se va a dar después de las votaciones.
“El papel de nosotros las organizaciones defensoras de Derechos Humanos ante esta situación será acompañamiento y protección a las personas que protestan y exigen sus derechos que pueden ser conculcados por parte del actual gobierno al no querer ceder el poder ante los resultados electorales”, afirmó.
Agregó el defensor de los derechos humanos que las acciones que tomarían las organizaciones a parte de la protección sería la denuncia tanto nacional como internacional por los abusos que el poder ejecutaría al no querer ceder en base a los resultados electorales.
Muertes, torturas e impunidad dejó elecciones 2017
"El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego", señala el informe titulado "Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras", en las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero de 2018.
Señala la publicación que "el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego".
Además, la OACNUDH observó que se produjeron detenciones masivas y que al menos 1.351 personas habían sido detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda. La OACNUDH también recibió denuncias múltiples y creíbles de malos tratos en el momento de la detención o durante la detención. También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.
Por su parte Kenia Irías, Directora del departamento de conflictividad de la oficina de Derechos Humanos dijo que “como Secretaría de Derechos Humanos estamos integrando la Mesa Interinstitucional de Prevención de Conflictos Sociales”.
Manifestó que esta estrategia se inició desde el proceso electoral conformando un trabajo de articulación en el que participan la Secretaría de Gobernación, Secretaría Defensa, Secretaría de Seguridad, el Consejo Nacional Electoral, la Secretaría Derechos Humanos y el CONADEH; con el fin de poder fortalecer los espacios de coordinación y articulación en la prevención de conflictos antes, durante y después del proceso electoral.
“La Mesa Interinstitucional ha estado haciendo llamados a realmente a promover el respeto de los Derechos Humanos y la promoción de una cultura de paz en el marco del proceso electoral, que se ha desarrollado seis foros en igual número de departamento, articulando esfuerzos especialmente para poder coordinar a la institucionalidad que tiene competencia en el marco del proceso electoral y de los derechos humanos”, manifestó.
Estos espacios de construcción de participación ciudadana están solicitando un compromiso a los candidatos mediante la firma de un pacto por la Paz y los derechos humanos, esfuerzo acompañado por el sistema Naciones Unidas; PNUD, ONU Mujeres y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
Un informe del Centro de Estudios para la Democracia, (CESPAD), advirtió que la normalización de la crisis en Honduras ha llegado a un nivel preocupante, en el sentido que la respuesta estatal no solo es inexistente sino que inoperante y sin ninguna dirección estratégica cuando mínimamente la institucionalidad pública decide actuar.
“En el contexto electoral, la crisis de los derechos humanos y territoriales está invisibilizada por los principales medios de comunicación y discursos políticos, acentuándose un escenario de invisibilidad política de las demandas de las organizaciones”, manifiestó la organización en un comunicado.
El documento señala que la crisis es una oportunidad que utiliza el Partido Nacional para ejercer control sobre su base electoral tradicional y atraer nuevos votantes a sus filas partidarias.
Algunos críticos del sistema aducen que la nueva legislación se hizo para proteger el poder económico y político criminalizando la protesta social para favorecer un supuesto desarrollo.
En agosto de 2019 Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.
Vea informe de OACNUDH sobre violaciones a derechos humanos en elecciones 2017 y post elecciones Aquí
El gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández estaría instalando cámaras y botones de pánico en barrios y colonias que son bastiones de lucha y de protestas, lo que se presume es la preparación de un escenario represivo para las elecciones del 28 de noviembre de 2021, según denuncia de organizaciones de derechos humanos.
La marcha nacionalista con una supuesta defensa de la vida y contra del aborto, es un claro mensaje de amenaza y apología al odio por parte del oficialismo las mujeres en el país, señalan representantes de algunas organizaciones, al ser consultadas por pasosdeanimalgrande.com sobre la marcha del Partido Nacional el fin de semana en contra del aborto.
El Partido en el poder pretende que el electorado penalice a la candidata presidencial, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, que en su plan de gobierno incluyó el aborto en las tres causales. Una de las acciones públicas fue organizar una marcha donde empleados públicos pudieron ser obligados a participar, con el objetivo de hacer creer que toda la población apoya su campaña contra las mujeres que defienden sus derechos.
En esta marcha con miles de simpatizantes de dicho partido, el mensaje de David Chávez, candidato a la alcaldía de la Comuna Capitalina, más pareció referirse a errores de administraciones pasadas y no propuestas concretas, recalcando el aborto como tema de escudo.
“Yo miro hacia atrás y observo cómo gobernaron aquellos que hoy promueven el aborto y matar niños, aquellos que promueven el socialismo del siglo XXI, esas ideologías extrañas que promueven escasez de alimentos, aliados como Venezuela y Cuba”, subrayó Chávez.
A 19 días para el proceso electoral el oficialista Partido Nacional arrecia con su campaña política de odio y terror utilizando temas como los derechos reproductivos y sexuales y el comunismo, para atacar a su mayor contendor el partido LIBRE que mantiene un silencio que podría jugarle en contra.
Honorina Rodríguez, del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, habló sobre esa campaña, recalcando que las imágenes utilizadas por los nacionalistas en las que aparece la presidenciable Xiomara Castro con una arma, incita y genera violencia.
“No debiera utilizarse independiente de quién fuera, porque no se puede hacer apología al crimen, apología al odio, por eso invitamos a todos los candidatos y candidatas a quitar todas esas acciones de violencia que aparezcan en los diferentes espacios publicitarios de los partidos Políticos”, recalcó.
La Ley Electoral de Honduras en su artículo 226, inciso 14, prohíbe a los partidos políticos y candidatos utilizar las imágenes o figuras de niños, niñas y personas del sexo femenino. La normativa estipula que quienes incurran en propaganda política prohibida, serán sancionados con 20 a 100 salarios mínimos sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal que proceda.
Por su parte Norma Carías Montiel, Directora Ejecutiva del Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar, CEPROSAF, organización que pertenece al colectivo feminista Somos Muchas, manifestó que ya son cinco años que defienden el derecho al aborto porque es un tema de salud pública.
Agregó que en otras ocasiones ya se había pedido la despenalización del aborto por tres causales relacionadas con que exista riesgo a la vida o a la salud de la mujer o niña embarazada, cuando haya malformación del feto que haga inviable su vida y si el embarazo ocurre como consecuencia de violencia sexual.
Manifestó que desde CEPROSAF llevan cinco años trabajando con los proveedores de salud, entre los que figuran enfermeras, médicos, estudiantes de auxiliares de enfermería y mujeres, sensibilizando sobre esta temática que consideró como algo necesario que en Honduras se deje de penalizar a una mujer por el derecho a interrumpir un embarazo en las tres causales.
“En Latinoamérica somos el único país que no damos anticoncepción de emergencia a las niñas o mujeres violadas, no damos educación sexual. Actualmente Honduras no tiene un protocolo de atención a mujeres y niñas víctimas de abuso sexual y por lo tanto se obliga a las mujeres y a las niñas a ser madres”, explicó.
Argumentó que en ningún momento las mujeres promueven el asesinato de niños o niñas como señalan los nacionalistas al utilizar este tema en contra de Castro.
Argumentó que en estas acciones el partido de Gobierno están promocionando una campaña de odio contra las mujeres que defienden el derecho a decidir que se contempla en los derechos sexuales y reproductivos, por lo que pidió evitar ese tipo de confrontación.
Agregó que estos ataques se dan por falta de propuestas claras y contundentes de planes de gobierno que conllevan el desempleo y la miseria
“Nosotros defendemos las niñas, las mujeres y los hombres de nuestros municipios, así es que lo que pedimos es que tengamos un proceso electoral con transparencia, que realmente se ataquen los problemas reales que existen en el país y que cese la campaña de odio en contra de las mujeres que defendemos derechos”, dijo.
El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, considera que el Partido Nacional utiliza campañas políticas arropando falsas ideologías o temas sensitivos con conocimiento de causa para influir en sectores que conservan “ideas cavernarias”.
Orellana Mercado expuso que este tipo de campaña política muy poco podría incidir en la juventud debido a que este segmento poblacional está alejado de sentimientos primitivos del tradicionalismo, en cambio considera que solo influirá en los adultos que se crecieron con esos temores.
Manifestó que solo los sectores retardatarios del país recogen con entusiasmo y temor este tipo de propaganda electoral porque “alienta los más primitivos sentimientos y el temor porque les genera angustia que ante la inminente posibilidad de que un partido opositor se haga gobierno coloque las más terroríficas visiones de sus pesadillas retardatarias”.
Pastores evangélicos de distintos credos emitieron un comunicado este 03 de noviembre de 2021, en el que denunciaron una campaña de intimidación del presidente Juan Orlando Hernández, previa a las elecciones generales, con el objetivo de sembrar el miedo para que el pueblo no ejerza el sufragio.
A la vez invitaron a todas las iglesias cristianas a participar el sábado 27 de noviembre en un Día Nacional de Ayuno, terminando esta jornada con un tiempo de oración en las casas.
"Exigimos al gobierno que preside el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, que respete la voluntad del pueblo hondureño expresada a través de las urnas este 28 de noviembre. Asimismo, exigimos el respeto irrestricto a la Constitución de la República y a la Ley Electoral vigente, y a su vez, esperamos que cuanto antes le ponga fin a la campaña de intimidación que actualmente sostiene, con la intención de que el pueblo no salga a ejercer el sufragio", destacó el documento.
Asimismo alertaron que a partir de ahora se constituyen en veedores del proceso electoral y denunciarán cualquier arbitrariedad internacionalmente.
Este es el documento íntegro:
PRONUNCIAMIENTO
Nosotros los abajo firmantes, hondureños todos y pastores evangélicos de distintos credos; frente al próximo proceso electoral del 28 de noviembre, ante la comunidad nacional e internacional, nos pronunciamos en los siguientes términos:
1.-Exigimos al gobierno que preside el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, que respete la voluntad del pueblo hondureño expresada a través de las urnas este 28 de noviembre. Asimismo, exigimos el respeto irrestricto a la Constitución de la República y a la Ley Electoral vigente, y a su vez, esperamos que cuanto antes le ponga fin a la campaña de intimidación que actualmente sostiene, con la intención de que el pueblo no salga a ejercer el sufragio.
2.-Exigimos al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Honduras, el respeto absoluto a los Derechos Humanos según lo establecido en los convenios internacionales, y en el Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras, que literalmente dice: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla…”.
3.-Animamos a todos los cristianos y al pueblo hondureño en general, para que este domingo 28 de noviembre salgan sin ningún temor a ejercer el sufragio por los candidatos y candidatas de su preferencia, especialmente por aquellos hombres y mujeres dignas y comprometidas con Honduras.
4.. Invitamos a todas las iglesias cristianas a participar el sábado 27 de noviembre en un Día Nacional de Ayuno, terminando esta jornada con un tiempo de oración en nuestros hogares a partir de las 10 de la noche, para que podamos vivir quieta y reposadamente
Declar5.-mos que como pastores evangélicos comprometidos con la justicia y la democracia de la nación, desde hoy nos mantendremos como veedores del próximo proceso electoral y que denunciaremos ante la comunidad internacional cualquier acto de ilegalidad y/o abuso por parte de las autoridades hondureñas.
La Biblia dice: ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados! (Proverbios31:8-9).
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 3días del mes de Noviembre de 2021
El Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón que ventila el juicio contra ocho defensores del Río Guapinol, mantiene sin resolver la solicitud de revisión de medidas que hiciera la defensa, para que ellos puedan defenderse en libertad. La decisión debió emitirse este 27 de octubre pero no hubo ninguna novedad sobre el tema.
Un desconocido disparó varias veces contra el vehículo donde se conducía la periodista Riccy Moreno, presentadora de CampusTV y ex candidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, la noche de este jueves 21 de octubre de 2021, en la avenida Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, al Norte del país.
Las afirmaciones del Partido Nacional sobre el tema son desinformación, según datos y la voz de especialistas.
Podría tratarse del primer ataque directo a una persona defensora de derechos humanos que se opone a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, eso le pasó a Cristopher Castillo, Coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, el pasado 15 de octubre de 2021, cuando un desconocido lo golpeó y le llevó el celular, advirtiéndole que dejara de jod...
Lo que se había considerado un triunfo legal el 11 de octubre de 2021 en medio de tanta arbitrariedad del Ministerio Público contra las personas defensoras de derechos humanos, dos días después ha quedado constatado que hay una franca decisión cueste lo que cueste de mantener en la cárcel a los defensores indígenas campesinos Victor Vásquez y José Vijil.
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El joven campesino Óscar Javier Pérez, fue asesinado el pasado domingo 10 de octubre de 2021, a eso de las ocho de la noche en su casa en la comunidad de Quebradas de la Arena, municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras.
La diputada Olivia Zúniga e hija de la defensora asesinada Berta Cáceres, calificó como parte de una campaña de desinformación en relación a los hechos ocurridos el 08 de octubre cuando denunció que varios hombres se metieron a su casa y estuvo en riesgo su vida. Estas aseveraciones las hizo a través de twitter, donde aseguró que se trata de una venganza del jefe policial de la UDEP10 de Intibucá, porque denunció el involucramiento policial en la muerte de Keyla Martínez, en una celda de esa unidad de policía.
A pesar de existir cámaras de seguridad en su vivienda, varios entraron la madrugada de este 09 de octubre de 2021 a la casa de Olivia Zúniga, Cáceres, diputada por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE e hija de la defensora asesinada Berta Cáceres.
Aprovechando el período vacacional denominado semana Morazánica y la proximidad de las elecciones generales, el Congreso Nacional agravó las penas en los delitos de usurpación y desplazamiento forzado, en una sesión virtual realizada este 07 de octubre de 2021, lo cual ha sido rechazado por diferentes sectores sociales y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, hizo un llamado a someter estas reformas a un debate público donde participen todos los involucrados.
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