Basta con mirar los datos de  CONATEL para darse cuenta que en el Estado no existe el mínimo interés de democratizar el espectro radioeléctrico que históricamente se ha mantenido concentrado en los grupos de poder económico, político y religioso.

La mayoría de las frecuencias en amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y onda corta están en poder de las iglesias evangélicas y católica, de empresarios, del gobierno y de organismos no gubernamentales (ongs), entre otras.  

Como ente regulador del espectro radioeléctrico CONATEL registra haber otorgado 1,080 licencias de radio a 424 operadores. 260 de AM, 815 de FM y 5 de onda corta. De ese universo, 480 son comerciales, 133 religiosas, 19 son propiedad de ongs y 18 que corresponden al gobierno. Ver infografia

Entre esas licencias cuenta una que le otorgaron a la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y otra a nombre de la Embajada de los Estados Unidos, otorgada en junio de 2005 al embajador Larry Palmer, vigente hasta junio de 2010.

El resto se encuentra repartido entre políticos y representantes de diversas agrupaciones culturales y gremiales.

Lo anterior contrasta con las recomendaciones que en la reunión de seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU) de 2010, en noviembre de 2011 Honduras aceptó para reformar la Ley Marco de Telecomunicaciones y democratizar el espectro radioeléctrico.

Seis años después, CONATEL registra 10 licencias otorgadas a radioemisoras comunitarias, pero debido a las restricciones impuestas por la misma institución, más de 40 radios comunitarias funcionan en frecuencia libre dicen sus  operadores pero el gobierno las llama ilegales.

Esa situación no es igual para las empresas como Audiovideo, por ejemplo, conocida también como América Multimedios, propiedad del ya fallecido político y empresario farmacéutico, Miguel Andonie Fernández, que mantiene en su poder 70 frecuencias de radio, muchas de las cuales no utiliza.

Y de igual manera se registran 53 licencias a favor Emisoras Unidas, propiedad de la familia Ferrari. 35 están a nombre de Marco Antonio Ramírez Melgar, un político liberal que en los comicios internos de su partido en el año 2008 figuró como precandidato del Movimiento Acción Social. 28 están a nombre de la empresa Asesores Gerenciales. Y en la lista  también figura con 24 frecuencias autorizadas a su nombre, Alexander Javier López Orellana, un ciudadano originario de San Marcos de Ocotepeque, de muy bajo perfil, pero con mucho poder para mantener esa cantidad de licencias.

Otra situación que llama la atención es que de las cinco emisoras con señal de onda corta, con capacidad de ser escuchadas en todo el mundo, tres son evangélicas. La Voz Evangélica de Honduras, Luz y Vida y la Voz de la Mosquitia, que son propiedades de la Asociación Misionera Bautista Conservadora de Honduras, la Asociación Enmanuel y la Misión Evangélica Global OUTREACH. Las otras dos, Radio Nacional de Honduras es del gobierno y Radio Internacional que es comercial.

Lo anterior determina que con el otorgamiento de frecuencias,  la principal preocupación del gobierno es mantener controlada la libertad de expresión a través de los grupos fácticos de poder que en muchas ocasiones se han visto involucrados en los negocios turbios que ejecutan sus funcionarios. En Honduras no es extraño que el dueño de un medio de comunicación también sea el diputado y patrocinador de las candidaturas de alcaldes y presidentes, que una vez en el poder deben pagar la factura. Esta situación no ocurre con los operadores de las radios comunitarias que a puro voluntariado y a riesgo propio logran mantenerse en el aire.

De esta crisis no se salva ni las pocas emisoras con frecuencias autorizadas que trabajan con la advertencia que no deben salirse de la agenda gubernamental. 

Mídete la lengua

“Somos más de 40 radios comunitarias que no hemos logrado la legalización, estamos operando en frecuencias libres y eso nos mantiene a los comunicadores en riesgo de la persecución o del decomiso de los equipos de parte del Estado” dijo a pasosdeanimalgrande.com, Eleuterio Pérez, comunicador social de Radio Taragual, situada en la comunidad lenca de Taragual, en La Iguala departamento de Lempira. 

Para él, el riesgo es igual tengan o no frecuencia autorizada por el Estado y sostuvo que las radios comunitarias responden a una visión y a una misión que casi siempre no es congruente con los intereses de los grupos de poder que se mantienen pendientes de sus programaciones para reprimirlas cuando consideran que afectan sus intereses.

Según Pérez, hay alcaldes o candidatos del Partido Nacional que a manera de sentencia les advierten, “mídete la lengua”, para después amenazarlos que si continúan hablando “mal” del gobierno les van a cancelar el medio de comunicación.

Además dijo que las radios comunitarias ahora ya no solo tienen problemas por la falta de legalización en Conatel, organismo que les niega la autorización, sino también con las alcaldías municipales y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) que para poder vender publicidad les exigen llevar al día los respectivos libros contables manejados por profesionales y utilizar el sistema de facturación por el Estado.

Ante la falta de los requisitos exigidos por el gobierno a las radios comunitarias no les queda más que bolsearse, vender tamales y rifas de objetos, porque para funcionar necesitan pagar la energía eléctrica, el internet, mantener y reparar equipos y pago de teléfono, entre otros gastos, excepto el personal que trabaja voluntariamente.

En el caso particular de Radio Taragual, Eleuterio Pérez dijo que la emisora funciona en frecuencia libre amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), por las trabas que les impone el gobierno.

“Tenemos personería jurídica pero nos habían pedido 15 requisitos para el RTN de la radio y cuando vamos a la SAR en Santa Rosa de Copan, nos dicen que tenemos que llevar otros tres requisitos más y cuando vamos ya cumpliendo 18 requisitos nos dicen que hace falta uno, “sabe cuál era?,  -un recibo de la luz” expresó el comunicador social.

A renglón seguido, Eleuterio dijo que “tuvimos que regresar y llevar ese recibo para que nos dieran el RTN y todavía seguimos pendientes porque ahora nos piden copia de la personería jurídica autenticada por un abogado y notario” indicó. Solo la hoja de auténtica que se compra en el banco tiene valor de 520 lempiras y a eso súmele que en el departamento de Lempira solo hay un notario que llega semanalmente a la cabecera departamental y ante tal situación no les queda más que pagarle aparte a un licenciado en ciencias jurídicas para que les consiga la firma del notario. En caso contrario la auténtica no tiene validez.

Al rosario de exigencias también se suma que además deben presentar la libreta de una cuenta bancaria.

En total, ya suman 4 años haciendo trámites y todavía no logran legalizar Radio Taragual, emisora que cubre de forma parcial Lepaera y la Iguala, Lempira, toda La Unión, Lempira, el Níspero y  Santa Bárbara, una parte de La Arada y Ceguaca en ese departamento. De esa manera las autoridades los imposibilitan a gestionar recursos con organismos internacionales.

Desde agosto  de 2016 a mayo de 2017 Eleuterio Pérez estuvo recibiendo mensajitos con amenazas a muerte, presentó la denuncia a una organización de derechos humanos “no nos han dado información pero las amenazas pararon, el último mensajito fue el día de las madres”, detalló el comunicador.

En Radio Taragual la programación gira alrededor de temas relacionados a la defensa del territorio, derechos humanos, bosques, ríos, privatización de la salud, la educación y migración.

Según Darío Morán, capacitador del Comité por la Libre Expresión, (C-LIBRE), las dificultades que tienen las radios comunitarias para conseguir recursos económicos también  tiene incidencias en la calidad de los equipos que manejan. Asegura que además de los problemas que representa Conatel, las radios comunitarias también se ven en apuros por falta de capacitación en el manejo de los equipos.

 Pero en otro sentido el capacitador de comunicadores dijo que la mayoría de radios comunitarias funcionan con equipos de construcción rudimentaria que no les permite alcanzar alta cobertura y que a veces un pequeño ventorral o una lluvia fuerte les bota las antenas y ya no pueden transmitir.

“A nosotros nos pasa eso” dice Ada Díaz, comunicadora social de la emisora comunitaria, Radio Popular del Aguán, que opera bajo la sombra de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, en Tocoa Colón, una región muy sufrida por la represión del Estado y de empresarios que disputan la tierra con los movimientos campesinos.

Según la comunicadora social, Radio Popular del Aguán ha tenido muchos problemas y por desperfectos en el transmisor se ha mantenido fuera del aire por mucho tiempo. Sostuvo, que hace dos meses también se les dañó la antena y que por ese motivo en este momento operan con una prestada. Esta radioemisora también se ha visto afectada por daños al cable coaxial, instrumento muy importante para la transmisión de la señal.

Sus transmisiones las hacen con frecuencia libre, pero hasta ahora no han tenido problemas legales pese a las contraposiciones que mantienen con empresarios y políticos de la zona. “Por ejemplo, Oscar Nájera es el primer diputado del departamento de Colón y es terrateniente y en sus propiedades en el Cerro Tocoa, se supone que va a instalar hidroeléctricas y entonces la radio ha hecho mucha denuncia sobre eso porque si llega a instalar las hidroeléctricas entonces sería afectado el pueblo de Tocoa”, dijo la comunicadora.

Sostuvo que ella no ha tenido problemas, pero que un compañero suyo sí recibió amenazas, mientras que a otro, por denunciar lo que pasa en El Aguán lo detuvo la policía cuando salía de la radio.

Pero en la Voz del PRO la situación es diferente, según lo expresa el comunicador social, Juan Ramón Ramírez, en esta radioemisora comunitaria los problemas que se derivan del gobierno se suman a los que le acarrearon los mismos directivos del Patronato Regional de Occidente,(PRO), cuando se involucraron en la política partidista y provocaron divisiones en la organización.

Hace algunos años el PRO era una organización comunitaria de mucho poder popular en esa zona occidental de Honduras, pero varios de sus líderes formaron parte de las planillas de partidos políticos y por eso perdió credibilidad.  Personalidades como Oscar Mejía, Oscar Mendoza y Ángel Gutiérrez, que eran el núcleo se metieron a políticos y allí comenzaron las discordias, según Ramírez. 

Hoy la emisora está en problemas por la falta de dinero y no pueden subsidiar ni el transporte de los  voluntarios que residen en comunidades alejadas. Aunado a eso, la radio se ubica a grandes distancias  de otras emisoras comunitarias y es difícil conseguir ayuda técnica cuando se dañan los equipos.

En tiempos del ex presidente Porfirio Lobo Sosa a La Voz del PRO le entregaron la frecuencia 98.7, la cual no utilizan por falta de recursos económicos para la compra de los equipos. Sin embargo, con equipo rudimentario y en la frecuencia libre 94.3 salen al aire cuando les es posible.

Radio Tepemechín para orientar a los Tolupanes

Con la finalidad de orientar a los miembros de la tribu Tolupán asentada en el departamento de Yoro, hace tres meses inició operaciones en frecuencia libre la Radio Tepemechín, emisora comunitaria que se mantiene en el aire con el apoyo de comunicadores voluntarios, según lo informó Julio César Paz, comunicador voluntario. Aseveró que con la esperanza de obtener una frecuencia hacen los trámites en CONATEL.

Además, dijo el comunicador social que la principal finalidad de la radio es formar al pueblo Tolupán en el derecho que le otorga el Convenio 169 de OIT para que juntos luchen por su desarrollo y por la defensa de los recursos naturales que les pertenecen, porque  según él, la injerencia de compañías extractivas está provocando que personas de la misma tribu estén amenazando con posesionarse de las tierras y desmembrar el título ancestral.

Otro problema que afronta la comunidad y que es tratado en esta radio comunitaria es la contaminación ambiental, las concesiones que otorga el gobierno desfavorable para la tribu y a favor de las compañías mineras que “son despojos porque se llevan el recursos y solamente dejan el daño para la tribu”, expresó Paz.

Los tolupanes están a la espera de que CONATEL les dé respuesta a la solicitud de la frecuencia que presentaron a través de la Asociación de Radios Comunitarias de Honduras, porque de lo contrario seguirán operando en base al Convenio 169 que les da el derecho a las etnias tener sus propios medios de comunicación. 

Radio Tepemechín opera con el apoyo voluntario de jóvenes comprometidos con la comunidad y sufren por las intimidaciones que les infieren dirigentes de la misma tribu interesados en favorecer a extraños. Según dijo Julio César Paz, estas personas ya los han amenazado con cerrar la emisora, “pero nos debemos a toda la comunidad y continuamos con nuestra posición porque para eso fue creada”, indicó.

“Innegable la persecución de Conatel”: Miriam Miranda

A juicio de la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, el pueblo garífuna se encuentra amparado en el Convenio 169  de la OIT que muy claramente les expresa que pueden establecer sus propios mecanismos de comunicación. Sin embargo, pese a que Honduras es suscriptor de ese Tratado Internacional, Conatel los persigue y los acusa de violentar la ley.

Hasta hoy, Ofraneh ha acompañado la instalación y sigue de cerca las operaciones de siete radios comunitarias en el caribe hondureño. De esas, al menos una ya ha sufrido ataques criminales. El 6 de enero de 2010 en horas de la madrugada desconocidos fuertemente armados incendiaron las instalaciones de radio  Faluma Bimetu (Coco Dulce) del Triunfo de la Cruz, en Tela Atlántida.

Los daños provocaron que esta radioemisora, que desde junio de 2009 se venía oponiendo al gobierno de facto que se instaló con el golpe de Estado, hizo se mantuviera apagada por dos meses y aunque últimamente no se registran hechos como ese, el Estado sí las persigue a través de Conatel.

Un claro ejemplo de la situación se puede observar en la radio Waruguma de Trujillo, Colón y Radio Sugua de Sambo Creek, hasta donde han llegado los representantes de Conatel a requerir sus comunicadores por transmitir en frecuencia libre.

“Y ahora hay un requerimiento hacia mi persona directamente donde acusan a la Ofraneh de estar  violando la ley, yo digo que ¿cuál ley? si el Estado ha aprobado el convenio 169 y es el mismo Estado el que tiene que respetarlo”, aseveró Miranda.

Para ella, el Estado busca hacer prevalecer la persecución y criminalización del contenido que difunden las radios comunitarias y afirmó que todo obedece a una cuestión política para darles exclusividad comunicativa a los grupos de poder económico del país, que se ven amenazados con las programaciones de las radios comunitarias que difunden cultura, identidad y también la problemática que viven sus comunidades y los nombres de quienes violentan los derechos humanos.

Según Miriam, en el exterior las autoridades venden a Honduras como un país respetuoso de los derechos humanos, pero internamente los siguen violentando hasta por ignorancia. “Ni siquiera ellos como Conatel se han puesto a pensar que existe un instrumento jurídico internacional como el convenio 169, yo veo que ni lo conocen, entonces yo digo y repito que es una persecución política, de criminalización política para acallar las voces que disidentes en este gobierno”, expresó.

Horacio Martínez , quien fue entrevistado en plena acción enla radio porque es uno de los comunicadores de Radio Wuaruguma, explicó a pasosdeanimalgrande.com que el asedio contra la radio es constante y que son víctimas de constante vigilancia.

En mi caso he tenido una persecusión feroz por estar vinculado con la defensa de la tierra desde hace muchos años, eso ha traído como consecuencia la discriminación, cierre de espacios y de puestos de trabajo y que no haya posibilidades de un traslado a otra comunidad por las constantes amenazas, detalló.

Acá llegó hace unos vino un delegado de CONATEL y venía con todas las ganas de cerrar la radio expresando que estamos invadiendo el espectro radioeléctrico, pero le dijimos que nos ampara el Convenio 169 de la OIT, el hombre hizo oídos sordos y amenazó con abrir expediente en ese ente estatal.

Democratización del espectro solo en el discurso

Para el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión C-Libre, Edy Tabora, la democratización del espectro radioeléctrico solo quedó en el discurso público porque nunca se contempló en la Ley de Telecomunicaciones.

Con el supuesto de democratizar las comunicaciones entre 2012 y 2013 el gobierno hablaba de reglamentar que un 33% de las frecuencias serían para medios públicos, 33% para medios privados y 33% para medios comunitarios, pero eso no sucedió porque en las reformas legislativas no se incluyeron los medios comunitarios como debía de ser.  No hay equidad legal entre los medios comerciales y  los comunitarios.

El contenido que difunden los medios comunitarios es controlado por un reglamento emitido para tal fin,  pero no sucede lo mismo con los comerciales. 

Uno de los frenos que establece el reglamento es que en las radios comunitarias no pueden hablar de política partidista y deja abiertas las sanciones que impone el ente regulador (Conatel). Lo anterior ya es una censura previa que imputa la Ley, pero también otra forma de regularlas es el denominado canon radioeléctrico.

Según Tabora, con este canon las radios comunitarias que han accedido a licencia ya se ven complicadas y con afectaciones económicas para pagarlo. Por ejemplo, solo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con llas 4 radios que tiene el canon radioeléctrico llegó a 92,000 lempiras en los últimos cuatro años.

“Y otra situación que se ha denunciado por parte de los medios comunitarios es la potencia”, dijo Tabora.

Explicó que licencias otorgadas a medios comunitarios muchas veces son de menor cobertura que las de los medios comerciales  y que además, los comunitarios  están siendo regulados constantemente y cuando difunden más allá, corren el riesgo de ser sancionados hasta con la cancelación de la licencia.

Según Tabora, los controles que el Estado les impone a las radios comunitarias son hasta cierto punto discriminatorios por la diversidad  de normativas que les aplican porque a  medios comerciales solo los rige la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.

¿Y Conatel que dice de esto?

-Nada- pasosdeanimalgrande.com  buscó la opinión de las autoridades de Conatel, pero ellas se negaron a conceder una entrevista y solicitaron que las preguntas les fueran enviadas a través de correo electrónico, se les envió y tampoco respondieron.

Las cinco preguntas eran:  1) Hay sectores  que opinan que el Estado no está cumpliendo con el compromiso que adquirió con la comunidad internacional de democratizar el espectro radioeléctrico. ¿Qué opinión tienen al respecto? 2) Estos mismos sectores dicen que ese compromiso lo adquirieron solo para atraer la atención internacional y mostrar al gobierno como respetuoso de la libertad de expresión. ¿Qué pueden decir sobre eso? 3) También dicen que la mayoría de las frecuencias otorgadas en los últimos años fueron para iglesias y políticos, no para organizaciones sociales y comunales.  ¿Podrían confirmar o negar esa afirmación? 

4) También, las comunidades indígenas y negras se quejan  porque Conatel sanciona las radios comunitarias que no responden a la agenda gubernamental. Y en ese sentido es importante lo que la Institución pueda decir. Por ejemplo, en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) dicen que sus radios comunitarias son reprimidas por denunciar el despojo de tierras y otras violaciones de sus derechos. En Radio Taragual se quejan de estar siendo afectados por la falta de recursos económicos y que sus comunicadores con amenazados cuando abordan temas relacionados con el gobierno.5)   ¿Cuáles son las faltas en que incurren las radios comunitarias y que les provoca ser sancionadas?

Las preguntas fueron canalizadas a través del departamento de comunicaciones, donde su personal amablemente contestó habérselas trasladado a los funcionarios correspondientes. Sin embargo, ya han transcurrido 15 días y de parte de ellos no hubo más comunicación.    

En los últimos años la libertad de expresión se ha visto afectada por la Ley de Secretos Oficiales, la reforma del Código Penal que criminaliza a quien haga apología de terrorismo, el delito cibernético y el pánico financiero, que son elementos que se anteponen a los tratados internacionales ratificados por Honduras.

Honduras incumple compromisos

A finales de 2010 Honduras aceptó 129 recomendaciones en materia de derechos humanos que le hicieron diversos países del mundo en el Examen Periódico Universal (EPU). Entre esas recomendaciones admitidas se encuentra la de reformar la Ley de Telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos a fin de reconocer a los medios comunitarios.

En su momento, el gobierno  de Porfirio Lobo, tratando de cumplir parte de esos compromisos abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radioeléctrico, pero el documento quedó fue engavetado luego que en el Congreso Nacional que  presidía el ahora Presidente de la República, Juan Hernández y los empresarios, lo calificaran de Ley Mordaza.

Luego de eso CONATEL comenzó a recibir solicitudes de apertura de radios comunitarias, pero al final todo quedó en un engaño más, porque solo hubo oportunidad para diez medios de comunicación de esta categoría.  Es por eso que las comunidades indígenas y negras manejan sus medios de comunicación comunitarios amparados en el derecho que les otorga el Convenio 169 de la OIT y no mediante frecuencia autorizada de Conatel. 

El problema se da porque a las autoridades no les interesa más que expandir el modelo que favorece a los empresarios en la construcción de sus proyectos y hacen de lado el derecho a la vida digna de los pueblos que ven como enemigos por su resistencia en la defensa de los recursos naturales que les pertenecen.

De acuerdo con lo anterior, la democratización del espectro radioeléctrico es una deuda que el Estado tiene con la población hondureña, pero no se vislumbra que en el gobierno haya voluntad política de darles a los pueblos el derecho pleno a la libertad de expresión.

La comunicación es un derecho humano y Honduras es suscriptor dela Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos que en sus Artículos 18y19 expresa: que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión y de expresión, pero este país centroamericano le niega a la población el derecho de pensar diferente.

El ejemplo se ve en los pueblos indígenas y negros que son reprimidos por mantener en frecuencia libre sus radios comunitarias, pese a que Artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas les da ese derecho al declarar: “Tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígena sin discriminación alguna”.

Honduras deberá someterse a una nueva evaluación de las recomendaciones adoptadas en EPU en noviembre de 2018  y para no volver a ser mal evaluado el gobierno tendrá que hacer el esfuerzo necesario para el respeto de los derechos humanos y democratizar sin condiciones  el espectro radio eléctrico.

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