La Huelga de 1954 es el movimiento social más importante y organizado del siglo XX en Honduras y el de mayores logros y beneficios para la clase trabajadora.

Según Tomas Erazo, la huelga se generó por dos coyunturas que los trabajadores aprovecharon para la lucha por reivindicaciones sociales. Indica que en ese momento las compañías bananeras, perjudicaron a los obreros mediante la reorganización de las formas de trabajo y de pago. Por ejemplo en abril de 1954 en Tela y Puerto Cortés, los trabajadores eran obligados a cargar los barcos sin pago doble en los días de descanso, situación que los llevó a un paro de labores que el gobierno reprimió.

El otro incentivo que tuvieron los trabajadores para la lucha fue el lanzamiento de la candidatura por la reelección presidencial de Tiburcio Carías, férreo enemigo de las organizaciones populares que además les prohibió a los obreros celebrar el primero de mayo. En el Partido Nacional también aspiraba a la presidencia Juan Manuel Gálvez y estaba la división partidaria.

En El Progreso los trabajadores marcharon y le presentaron un pliego de peticiones por mejoras laborales a la compañía bananera.

La petición no fue atendida y por esa razón los obreros se van a la huelga el 03 de mayo de 1954. Paralizan las fincas y puertos, en Tela, Batan, El Progreso, Puerto Cortés y la Lima. El 05 de mayo, la huelga se expandió a la Ceiba y en junio a San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde cerraron fábricas, aserraderos, ingenios azucareros y las minas.

El 05 de junio la United Fruit Co., con el apoyo del gobierno y de algunos trabajadores señalados de traidores, reprimió la huelga y encarcelaron a varios dirigentes. La huelga finalizó el 09 de julio con los resultados favorables que aparecen indicados en Código del trabajo y demás legislación laboral.

Conquistaron la libre sindicalización y la Jornada laboral de 8 horas, el seguro social, el pago de prestaciones, aguinaldo, derecho a la tierra, la autonomía universitaria y el derecho de las mujeres a votar, entre otros beneficios que llegaron a ser realidad a partir 1959 cuando el Congreso Nacional aprueba el Código del Trabajo, la Ley de Reforma Agraria y la Ley del Seguro Social y la Ley de Emisión del Pensamiento, entre otras.

El Congreso era presidido por Modesto Rodas Alvarado, la figura que le dio carácter progresista al gobierno liberal de Ramón Villeda Morales.

De 1955 hasta 1959 cuando se aprobó el Código del Trabajo, estuvieron vigentes la Carta Constitutiva de Garantías del Trabajo y la Ley de Organizaciones Sindicales, promulgadas en 1955, meses después de finalizada la huelga de 1954.

El sindicalismo antes de la huelga

Los primeros movimientos obreros se realizaron en la mina de San Juancito, en 1869 y a inicios del siglo XX los obreros de las fincas bananeras, con algún conocimiento del socialismo, hacían reclamos a las compañías. El socialismo alcanzó auge en 1917 con la victoria de los bolcheviques en Rusia.

Para ese momento Juan Pablo Wainwright era un joven santabarbarense que en la primera guerra mundial se encontró con el socialismo y se une a las tropas de Canadá donde llegó a ser teniente y condecorado con medallas de oro y plata. Después se enroló con la Internacional Comunista (KOMINTERN).

Finalmente Wainwright regresó a Honduras y el país estaba en condiciones difíciles política y socialmente por lo que dedicó a organizar a los obreros. En 1920 lideró las primeras huelgas en las fincas bananeras, y un año después participó en la formación de la Federación Obrera Hondureña (FOH) con las sociedades obreras y sindicatos de artesanos.

En mayo de 1922 con otros revolucionarios como Manuel Cálix Herrera, Armando Amaya y Carlos Gómez fundaron en San Pedro Sula el Partido Comunista de Honduras,(PCH) y formaron los primeros círculos de estudio que sirvieron de base para una huelga realizada el 12 de marzo de 1925 en la empresa bananera Cuyamel Fruit Co. demandando mejores condiciones de trabajo. El dueño de la empresa Samuel Zamuray contrató mercenarios y gestionó con el gobierno la represión contra los comunistas.

La persecución obligó a Wainwright a salir de Honduras y exiliarse en El Salvador, mientras que Graciela García continuó organizando a los obreros. Ella fundó la Sociedad Cultura Femenina y apoyó la creación de la Federación de Sociedades Obreras del Norte, provocando malestar no solo entre los políticos y empresarios, sino también en la iglesia. El arzobispo de Tegucigalpa, Agustín Hombach, dijo en una ocasión que Graciela García era “hija legítima del bolchevismo y comunista hasta la médula”.

En 1928 Wainwright regresó a Honduras y con Manuel Cálix Herrera continuaron organizando sindicatos. Lograron la presentación en el Congreso de un proyecto de Código de Trabajo, que entre otras cosas reconocía el derecho a la organización, pero fue rechazado en el Poder Legislativo.

En 1930 cuando Tiburcio Carias Andino ya era Ministro de Gobernación y había implantado su política de mano de hierro, Wainwright consolida el bloque obrero-campesino y por eso el 26 de junio el secretario de la Corte Suprema de Justicia ordena su arresto y lo acusa de sedición, por haberle encontrado más de 300 hojas sueltas escritas en inglés y español.

Evitando ser capturado Wainwright se trasladó a la costa norte, continuó organizando obreros y provocó varias huelgas. Pero en 1931 fue detenido y encarcelado en el Castillo de Omoa, donde eran llevados los reos más peligrosos. Wainwright se fugó y huyó hacia Guatemala, donde fue acusado de liderar un movimiento comunista para derrocar al dictador Jorge Ubico, lo capturaron y torturaron y el 18 de febrero de 1932 lo ejecutaron.

En ese momento el PCH y la Federación Sindical Hondureña mantenían una huelga en las empresas Truxillo Railroad Company y Standard Fruit, las cuales fueron reprimidas por el gobierno de Vicente Mejía Colindres. En junio de 1932 el PCH con apoyo del Bloque Obrero-Campesino, participó en el proceso electoral llevando como candidato a Manuel Cálix Herrera y Celso Jiménez Bonilla, como vicepresidente.

El candidato del Partido Liberal fue José Ángel Zuniga Huete y Tiburcio Carías Andino del Partido Nacional. A Carías lo proclamaron presidente y desde el inicio declaró ilegal al Partido Comunista de Honduras,(PH) y suprimió violentamente toda actividad sindical o huelguística, y a partir de ese momento el movimiento obrero tuvo operar clandestinamente.

En 1935, Manuel Cálix Herrera murió de tuberculosis, enfermedad que contrajo por las torturas que recibió en las cárceles, en tiempos de Carías. Graciela García continuó operando en la clandestinidad hasta 1944 cuando fue encarcelada por participar en las marchas contra el régimen. Salió de prisión pero se exilió con su hermano Armando, en El Salvador, produciéndose en el país un adormecimiento del movimiento sindical

Desidia y corrupción

Actualmente el movimiento sindical hondureño se encuentra representado por tres centrales obreras, distanciadas casi en su totalidad de los trabajadores, pero dos de ellas muy afines con el gobierno y con la empresa privada.

La distancia de las centrales obreras de los trabajadores es porque sus dirigentes hace tiempo que dejaron de involucrarse en las luchas para defender las conquistas que contemplan el Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Reforma Agraria, Salario Mínimo y Bono Educativo, entre otras, que no son dádivas de los gobiernos sino reivindicaciones sociales, escritas con la sangre de los mártires.

Como prueba de la desidia o corrupción en las centrales obreras se puede mencionar la nula actuación para impedir la aprobación de la Ley de Trabajo por Horas, legislación con la que empresa y gobierno vulneran los derechos laborales, no solo individuales sino colectivos, como el de la libre sindicalización.

En enero del 2007 los representantes de las tres centrales obreras que participaban en las negociaciones del salario mínimo, permitieron una diferenciación salarial que por 10 años afectó a los trabajadores de cinco departamentos del país, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara y Valle.

También se puede mencionar la falta de acciones para que se aplique en el país la Ley General de Inspección del Trabajo, vigente desde marzo de 2017, pero que no se implementa por los compromisos que existen entre gobierno y empresa privada. Esta legislación tiene como propósito acabar con la injusticia laboral, pero a las centrales obreras no les importa debido a que sus dirigentes también tienen compromisos.

La Ley contempla multas hasta de 300 mil lempiras para las empresas que no cumplan con los derechos laborales, pero lastimosamente sola no podría aplicarse. A eso súmele que el Ministro del Trabajo, es un funcionario con muchos intereses en la industria de la maquila, sector muy cuestionado por las violaciones de derechos.

Otra situación que no les ha interesado a las centrales obreras es que más del 70% de los empresarios incumplen con el pago del salario mínimo, el bono educativo anual y el pago de horas extras.

En cambio estas centrales obreras han sido señaladas de una corrupción que va desde el manipuleo de las asambleas para perpetuarse en las juntas directivas, hasta las negociaciones oscuras con el gobierno y la empresa privada, en perjuicio de los obreros y la población en general.    

La falta de democracia en las centrales obreras y sindicatos de mayor renombre del país han provocado la conformación de argollas entre las que se rotan los cargos de poder. Haciendo la excepción de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, (CUTH), que en la última década, después de la muerte de Israel Salinas, sí ha efectuado cambios en su dirección, en el resto se mantiene una especie de dictadura, tal como ocurre en la Central de Trabajadores de Honduras,(CTH) y la Central General de Trabajadores,(CGT), donde Hilario Espinoza y Daniel Durón, han sido los secretarios generales en los últimos 20 años.

Espinoza y Durón formaron parte de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), que aprobó contratos sobrevalorados a empresas y que ahora mantienen al borde de la quiebra a esa institución. Ambos están acusados por corrupción en los tribunales de justicia penal.

La cercanía que en el tiempo han mantenido el gobierno con la CGT y la CTH ha permitido que secretarios generales y otros directivos hayan llegado a ocupar importantes cargos en la gestión pública, por ejemplo, el ex presidente Porfirio Lobo, nombró Ministro del Trabajo a Felícito Ávila, ex secretario general de la CGT y de igual manera también ha sido enchambado el actual secretario general, Daniel Durón.

La última acusación surgida contra las dirigencias de estas dos centrales obreras ocurrió el jueves 25 de abril, cuando Espinoza y Durón fueron acusados de confabularse con el gobierno para la privatización de la salud y la educación, apoyando la Ley de Restructuración y Transformación Presupuestaria.

Vale decir que la corrupción sindical no solo envuelve a las cúpulas de las centrales obreras sino también las de las organizaciones de mayor membresía, como es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica,(STENEE), que actualmente juega el papel de patrón y el de trabajador.

El problema se da porque a finales del 2013, Miguel Aguilar, presidente del STENEE, adquirió acciones en la Empresa Energía Honduras,(EEH), compañía contratada por el gobierno para la reducción de pérdidas en la ENEE. La empresa en lugar de mejorar la situación energética ha provocado enormes daños para la población.

En agosto del 2016 mediante asamblea general, la mayoría de los trabajadores eligieron a Ángela Reyes como presidenta del STENEE, pero el Estado sigue reconociendo a Aguilar como presidente de la organización sindical.

Ángela Reyes ha manifestado que de acuerdo con la constitución de EEH, el STENEE, representado por Miguel Aguilar, es dueño del 8% (35 millones de lempiras) de las acciones de esa empresa.

Otra organización sindical numerosa en membresía, pero con muchos problemas, es el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Pedro Sula, donde sus principales dirigencias enfrentan juicios por corrupción. El Ministerio Público ha acusado a la presidenta de esta organización, Ana María Ríos y a la tesorera, Ada Muñoz, de los delitos de abuso de autoridad, fraude y estafa.

Ambas han ocupado importantes cargos en administraciones municipales distintas. Ada Muñoz, era la directora de control tributario, mientras que Ana María, era la directora del asilo de ancianos Perpetuo Socorro. Y a las dos las acusan de vender hasta en tres veces viviendas de un proyecto habitacional construido para familias pobres.

Código del Trabajo

Entre otros beneficios el Código del Trabajo les otorga a los trabajadores el derecho a un salario mínimo basado en la jornada ordinaria de ocho horas, salarios con recargos por tiempo extraordinario u horas extras laboradas después de la jornada ordinaria diaria, derecho a vacaciones, días de descanso y prestaciones laborales.

También contempla el derecho a la libertad sindical, al seguro social, entre otros, que no se cumplen, pese a que, de acuerdo con la Ley, el Estado es el obligado a tutelarlos.

Para efectos de complimiento en el tema salarial, el Código clasifica las jornadas laborales en trabajo diurno, que es el que se ejecuta entre las cinco de la mañana y las cinco de la tarde; nocturno, el que se realiza entre las siete de la noche y cinco de la mañana y jornada mixta, la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas.

El artículo 322 del Código del Trabajo indica que la jornada ordinaria diurna no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro a la semana, equivalentes a cuarenta y ocho de salario. La jornada nocturna no podrá ser mayor de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. Sin embargo, por falta de control por parte del Ministerio del Trabajo, muchas empresas, particularmente las de seguridad y limpieza, obligan a los trabajadores a laborar en jornadas de hasta 12 y 24 horas sin el pago correspondiente de las horas extras.

Un alto porcentaje de compañías no les pagan el salario mínimo completo, ni tampoco les otorgan los derechos del 13 y 14 mes de salario. Nunca les pagan el bono educativo anual, establecido en la Ley del salario Mínimo como un derecho de los trabajadores con hijos en edad escolar, matriculados en cualquiera de los tres niveles educativos del país.

Cuando son despedidos injustamente los trabajadores también tienen derecho al pago de prestaciones laborales, mediante el auxilio de cesantía y el preaviso, casi siempre ese derecho lo pierden por el tramite engorroso y con pocas posibilidades que se les presenta en el Ministerio del Trabajo, donde los inspectores, en su mayoría les cubren las espaldas a los empresarios.

Después de los dos meses laborando de forma contínua para una misma empresa, todo trabajador tiene derecho al pago de prestaciones laborales. Y de acuerdo con la ley, un empleado que lleva de tres y seis meses laborando, si es despedido tiene derecho al pago de 10 días de salario en concepto de cesantía.

De seis meses, pero menos de un año, tiene derecho al pago a veinte días de salario y después de un año, su derecho es de un mes de salario por cada año de trabajado, hasta 15 años.

Independiente del tiempo que haya trabajado, después de dos años, de preaviso solo alcanza un máximo dos meses de salario. si el trabajador tiene solo un año laborando, su derecho es de un mes.

Con la huelga de 1954, los obreros también conquistaron el derecho a la salud laboral, consignado en la Ley del Seguro Social, que establece una institución de servicio público y con carácter obligatorio para las empresas. Es decir, todas las empresas sin importar su dimensión tienen que afiliar en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a sus trabajadores, derecho que en la realidad no se cumple.

El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), Juan Barahona, asegura que en Honduras el principal violador de los derechos laborales es el Estado y que por lo tanto no tiene la solvencia moral para obligar a los empresarios.

Asimismo los trabajadores conquistaron la Reforma Agraria, un proceso que inicia en 1962, ocho años después de la huelga 1954, a través de organizaciones campesinas controladas por el gobierno, debido a que después de la huelga, los conflictos agrarios se multiplicaron en la costa Norte provocando despidos masivos de obreros. Los obreros despedidos buscaron alternativas de vida y obligatoriamente tenían que acceder a la tierra.

En 1961, Lorenzo Zelaya, quien había participado como delegado de base en la huelga de 1954, era uno de los obreros que había despedido la Tela Railroad Co. , y por la necesidad de trabajar el 11 de octubre de 1961, fundó en Guaymas, el Comité Central de Unificación Campesina CCUC con delegados de aldeas de Yoro, Cortés y Atlántida. Y a principios de 1962 impulsaron la recuperación de tierras ociosas en manos de la Tela.

El 4 de marzo de 1962, organizaron la primera marcha campesina para exigir la emisión de una Ley de Reforma Agraria, pero fueron reprimidos y encarcelados. El 29 de agosto de 1962 el CCUC se transforma en la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH) y Lorenzo Zelaya fue presidente. La organización fue duramente reprimida por Ramón Villeda Morales, quien para contener la lucha promovió la creación de otra organización campesina. Y finalmente, el 30 de abril de 1965, miembros del ejército hondureño asesinaron a Lorenzo Zelaya y a siete campesinos más en la denominada, Masacre del jute.

Los campesinos que solo contaban con herramientas de trabajo fueron emboscados, torturados y posteriormente asesinados. Con Lorenzo Zelaya también murieron, Rufino López, Hermelindo Villalobos, Benito Díaz, Aquileo Izaguirre, Benedicto Cartagena y José María Izaguirre, todos pioneros del movimiento campesino.

Para asesinar a los campesinos que solo luchaban por la vida, la dictadura militar, al mando de Oswaldo López Arellano, los acusó de comunistas y de estar organizando una guerrilla. La montaña del El Jute se ubica en las cercanías de El Progreso, Yoro .

Desmantelamiento de organizaciones

En los últimos años el movimiento sindical ha sido víctima de la escalada antisindical emprendida desde el Estado y las cúpulas del empresariado nacional. El presidente de la FUTH, Juan Barahona, explicó recientemente que como parte de ese plan, existe violación de los contratos colectivos y despidos ilegales de trabajadores. Pero además existe persecución y criminalización de los sindicalistas, hostigamiento y hasta atentados criminales.

En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, hubo despidos para miembros de las juntas directivas de los Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI) y del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA). En dos ocasiones atentaron contra la vida del presidente del SITRAPANI, Pedro Elvir

Por su parte el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), ha denunciado en repetidas ocasiones violaciones al contrato colectivo y persecución contra los trabajadores organizados.

En el caso particular del SITRAINA, Oquelí Mejía, explicó que para sobrevivir a la represión, el sindicato ha determinado mantenerse a la defensiva y combinar la lucha popular con la lucha social.

“No dejamos de ser perseguidos porque en Honduras ser sindicalista y es delito”, dijo Mejía.

Aseguró que llevan siete años sin poder firmar el nuevo contrato colectivo y que la patronal no muestra voluntad para hacerlo.

Para Oquelí, la administración más nefasta que ha existido en el INA fue la de Cesar Ham, de quien esperaron cambios en favor del campesinado y de la organización sindical.

Ham, es un hombre que en el pasado se involucró con el movimiento social y popular, pero inexplicablemente cuando estuvo al frente del INA persiguió a los sindicalistas y les provocó pérdidas, como las becas para los hijos de sus trabajadores.

Callejas

Rafael Leonardo Callejas, considerado uno de los mandatarios más corruptos que ha tenido Honduras, gobernó entre 1990 y 1994 y desde el inicio implantó medidas de ordenamiento económico basadas en el modelo neoliberal, un sistema que no le permite al Estado, controlar el mercado de los negocios.

En su plan también contempló la reducción del aparato gubernamental por lo que para lograrlo implementó una escalada para destruir las organizaciones sindicales. Tuvo choque con la Asociación Nacional de Empleados Públicos,(ANDEPH), y ante tal situación organizó y reconoció una directiva paralela de esa organización.

También les montó paralelas al Sindicato de Empleados Públicos de Caminos, Mantenimiento de Aeropuertos y Terminales, (SEPCAMAT), al Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, (COCOCH), al Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social,(SITRAIHSS), y a la Unión Nacional de Campesinos (UNC). A los miembros combativos de estas organizaciones los sustituyó con activistas del Partido Nacional.

El gobierno de Callejas también organizó los grupos de choque, bautizados con el nombre de Águilas Azules y los grupos de apoyo al Partido Nacional (GAPEN). Esto para neutralizar y controlar a los colegios magisteriales. Al mismo tiempo militarizó la sociedad y persiguió a los líderes de la ANDEPH y de la Alianza Popular Unificada (APU).

El movimiento popular tuvo que unificarse para apoyar a la ANDEPH, repudiar la escalada antisindical y analizar las consecuencias de las medidas económicas implantadas.

Otra organización que se vio afectada con el proyecto de Rafael Callejas, fue el STENEE, organismo que en mayo del 1991 se declaró en huelga por las medidas neoliberales implementadas. Callejas había iniciado las políticas que lo conducirán a la privatización de la ENEE.

De la mano de Gladys Lanza, como presidenta, el STENEE estaba afiliada a la FUTH y se mostraba fuerte y combativo en beneficio del pueblo. La huelga duro tres semanas y terminó con el compromiso de la no privatización y de rebajar las tarifas de energía eléctrica, pero el gobierno no cumplió.

El 6 de noviembre los trabajadores se fueron nuevamente a la huelga, pero el Ministro del Trabajo la declaró ilegal, situación que aprovecharon Mauro Membreño y Federico Brevé Travieso, presidente de la junta directiva y gerente de la Enee respectivamente, para despedir a los líderes del sindicato.

En diciembre del 1991 el gobierno nombró una comisión supuestamente para solucionar el conflicto con representantes de la FUTH, la CTH y la CGT, quienes elaboraron un documento de compromiso que la FUTH no firmó porque el STENEE no estaba de acuerdo. Callejas aprovechó el momento y formó una directiva paralela, con trabajadores traidores del movimiento sindical, para negociar el despido de 500 empleados, incluidos 127 líderes del Stenee, sin pagarles sus prestaciones.

Se considera que ese fue el inicio del desmantelamiento de una organización que se unía a los intereses del pueblo y no a los del gobierno, como ocurre hoy.

En junio del 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández también le dio el tiro de gracia al Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA), otra de las organizaciones de oposición a las políticas neoliberales.

Hernández ordenó cambiarle nombre a la institución y de esa forma desapareció el sindicato. El IHNFA ahora se llama Dirección de la Niñez Adolescencia y la Familia (DINAF).

 En enero del 2016, según una nota publicada en el periódico digital, Pasos de Animal Grande, la alcaldesa de la ciudad de La Paz, Gilma Ondina Castillo también atentó contra una organización sindical y puso entre la espada y la pared a cinco trabajadores organizados, a los que les pidió escoger, entre tener trabajo y dejar el sindicato.

“Dejan el sindicato o se quedan desempleados”, dijo la alcaldesa, Gilma Castillo a los empleados municipales Javier Edgardo Hernández, Elvin Danilo Mejía, Sagrario Vásquez y María del Carmen Alvarado.