En horas de la mañana el dirigente campesino Rafael Alegría denunció en los medios de comunicación que estaba a punto de suceder un desalojo en dicha empresa campesina.

Testigos detallaron que vieron llegar un comando militar y patrullas de la Policía Nacional para ejecutar la orden de desalojo que estaba dispuesta para el 06 de enero recién pasado, ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz; pero se reactivó para ejecutarse el día de hoy. Tres días antes los campesinos interpusieron  ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado tratando de detener el desalojo, pero el máximo tribunal de justicia no ha resuelto la petición.

Alegría relató que el conflicto se viene suscitando desde hace ocho años. En sus inicios la disputa de las tierras históricamente era con la familia “Suazo Córdoba”, pero a medida que ha pasado el tiempo aparecieron otros actores como la familia “Arteaga” , que han acaparado la mayor cantidad de tierras de la zona, protagonizando una ola de persecución, hostigamiento, ataques y encarcelamiento de más de 500 campesinos, con requerimientos fiscales,  acusándoles por el delito de “Usurpación de tierras”, además que algunos procesados guardan prisión desde hace ocho meses en Siguatepeque y en La Paz, en la zona Central del país.

Las y los campesinos e indígenas no vislumbran una solución a esta problemática por parte del gobierno de la República a través del Instituto Nacional Agrario (INA), por lo árduo del conflicto hay pocas familias asentadas en el territorio, es una lucha permanente por la recuperación de la tierra, detalló Alegría.

Esta empresa Asociativa ha sufrido en lo que va el tiempo del proceso 27 desalojos con uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y los  entes encargados de impartir justicia, “aun sin investigar el origen de las tierras, que no reconocen que las raíces esas comunidades son indígenas, lo que hacen es ordenar desalojos violentos”, añadió Alegría.

Denunció que los organismos que deberían velar por los derechos de estos pueblos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y las fiscalías,  “brillan por su ausencia”.

Según dijo las siguientes acciones son recopilar toda la información y llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  dijo el dirigente.

Estado no se apegó a los estándares internacionales  para desalojos forzosos

En un comunicado ante estos hechos violentos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH) ,señaló los pasos que los Estados deben seguir para los desalojos forzosos.

María Soledad Pazo representante Residente de la OACNUDH señaló que “nos preocupa que al existir un amplio catálogo de estándares internacionales para la ejecución de desalojos, estos no sean aplicados. Si un tribunal nacional ha fallado a favor del desalojo, esta situación todavía puede constituir un desalojo forzoso ilegal e injustificado”.

Recomendó que el gobierno debe realizar  una serie de acciones para garantizar el goce de sus derechos de los afectados por el desalojo.

Armas de fuego y gases lacrimógenos no deben utilizarse en desalojos

En el comunicado el organismo internacional recordó que “Honduras necesita legislar el uso de la fuerza y armas de fuego en desalojos y manifestaciones, apegándose a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Recalcó que en los desalojos forzosos no puede usarse armas de fuego  ni  gases lacrimimógenos.

Es el segundo comunicado que emite la Oficina en Honduras  del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en menos de 15 días en lo que va de enero de 2017, donde señala que las fuerzas de seguridad estatales no están apegándose a las instrumentos internacionales que señalan  estándares sobre el uso de la fuerza. El anterior pronunciamiento público fue el referente a la muerte del joven Edgardo José Moreno Rodríguez(18), quien fue muerto de un balazo por el policía militar  Arlen Samir Díaz , el pasado 02 de enero de este año.

Los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", adoptados por Naciones Unidas en septiembre de 1990 señala entre otras cosas importantes que:

"Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo".

Este es el comunicado íntegro de la OACNUDH en relación al desalojo violento este viernes 13 de enero de 2017 en La Paz :

Gobierno impulsa represión y no el diálogo

La Organización Madre Tierra condenó el brutal ataque efectuado por unos 300 agentes policiales, y denunció que después de la represión realizada las familias se encuentran durmiendo en las calles y sin comida. Vea comunicado de esta institución Acá.  

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Importante:

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptados por la ONU y que los cuerpos represivos hondureños deben respetar, Leálos Aquí