En los últimos días, el Padre Ismael Moreno Coto, reconocido defensor de derechos humanos y director ejecutivo de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); Salvador Zúniga, destacado líder indígena; así como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización con amplia trayectoria en defensa de los derechos del pueblo lenca, han sido víctimas de campañas de desacreditación que les vinculan con financiamiento del crimen organizado.
Esto se suma a acciones y campañas amenazantes y de desprestigio vertidas contra ellos anteriormente y denunciadas oportunamente ante las autoridades competentes.
La Oficina desea destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido su situación de vulnerabilidad y ha otorgado medidas de protección que se extienden a sus equipos de trabajo y/o a miembros de las organizaciones. También hace hincapié en la obligación particular del Estado de proteger a personas defensoras e investigar de manera contextual y con la debida diligencia cualquier campaña y amenaza que obstruya su labor de defensa e incremente el riesgo a su vida e integridad.
María Soledad Pazo, Representante Residente en Honduras de OACNUDH, recordó:
“En su Informe Anual de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, nuestra Oficina ‘Insta al Ministerio Público y a la Policía Nacional a intensificar la investigación de las agresiones a defensores de los derechos humanos y a avanzar en su enjuiciamiento...’ (Recomendación 61.b). Hacemos un llamado al cese inmediato de las campañas de desprestigio dirigidas a defensoras y defensores de derechos humanos, que en un contexto de violencia fomentan actitudes estereotipadas y discriminatorias contra este grupo.”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhorta al Estado de Honduras a asegurar que las personas defensoras de los derechos humanos puedan ejercer sus labores legítimas de defensa, sin intimidación, amenazas o represalias, e investigar las fuentes de toda campaña de desprestigio. Asimismo, la Oficina insta a que la labor de estas personas sea reconocida y protegida como un elemento central de un estado democrático de derecho.
