Manuel de Jesús Palma, Director del Instituto Reynaldo Narváez Rosales, de la colonia Las Torres de Comayagüela, mantiene bajo constante acoso vertical a la profesora Mayra Yesenia Vargas Alvarado, contra quien la arremete todas las horas que permanece en el colegio como parte de represalias por haberlo denunciado ante denunciado ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación. La mano de la justicia no lo alcanza porque él se jacta de tener el apoyo incondicional de la cúpula del Partido Libertad y Refundación, LIBRE. Organizaciones de derechos humanos le responsabilizan de cualquier acto de violencia contra la afectada.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) que está en el gobierno hondureño es una paradoja. Mientras era oposición cuestionaba las estrategias oscuras de comunicación de sus opositores y hoy parece replicarlas. En su momento, criticaron las prácticas deshonestas de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional, que siendo gobierno buscaron manipular la opinión pública en las plataformas digitales en Honduras. Hoy, una operación de influencia detectada por Honduras Verifica da cuenta de que el actual gobierno tiene prácticas muy similares.

La industria minera de Honduras ha sido responsable de graves perjuicios al ambiente, entre ellos la destrucción directa de Ecosistemas, la contaminación del aire generada por las ingentes cantidades de partículas de polvo levantadas por grandes explosiones, el envenenamiento de fuentes de agua hasta alcanzar daños irreversibles a la biodiversidad, señala una investigación del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, denominada ¿Quién paga los daños? La minería en Honduras, de las promesas a la desesperanza.

Una denuncia que deja altos grados de preocupación por la sistematicidad en vigilancia, intervención telefónica, campañas de desprestigio, entre otras formas de intimidación, fue interpuesta ante JOPRODEH y ASOPODEHU, por la abogada Mildred Meléndez, comisionada electa por una asamblea de sociedad civil, desde el 25 de julio de 2023 y cuya juramentación el gobierno se resiste a llevar a cabo.