Hay muchas conjeturas alrededor del silencio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La semana anterior uno de sus ministros había anunciado que estaba nombrado como mediador por la mandataria para abordar el conflicto de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, pero ha sido desmentido por el ministro de la presidencia Rodolfo Pastor. La toma lleva 25 días empleados y empleadas denunciaron  graves violaciones a los derechos humanos dentro de la dependencia por parte de la ministra del ramo, Natalie Roque.

Aunque unos 60 empleados apoyan la toma abiertamente y otros tras bambalinas por miedo a represalias y perder su empleo, la administración de la presidenta Castro por un lado pareciera estar sometida al capricho de una ministra que se aferra con uñas y dientes a la SEDH para hacer prevalecer su autoritarismo, sin que se le ponga un alto al caos que mantiene a la SEDH, lo que no solo afecta a los empleados sino a las personas beneficiarias de la Ley de Protección.

No obstante que  los funcionarios del Mecanismo de Protección están en teletrabajo atendiendo a las personas que son beneficiarias de la Ley, lo cierto es que aunque quieran avanzar la ministra Roque tiene la sartén por el mango  al parar la firma de cheques para implementar las medidas aprobadas por el Comité Técnico , lo que vulnera aún más la precaria situación de peligro en que se encuentran las víctimas.

La Semana anterior la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras , OACNUDH hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas que solventen la situación pero respetando los derechos humanos, así como garantizar el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección , pero no hay ningún avance para avanzar en acciones que pongan fin al conflicto.

La Ministra Roque a través de X respondió al llamado de la OACNUDH argumentando falta de acceso a la institución producto de la toma y asegurando que está abierta al diálogo pero no ha dado ni un paso para iniciarlo.

Otra argucia fue interponer una denuncia por el delito de usurpación contra los empleados ante el Ministerio Público, organismo que ya envió agentes de la DPI  a tomar fotos y pretender entrar al edificio de la SEDH.

En las últimas horas ha circulado la especie informativa no oficial que lo que sí estaría haciendo la funcionaria es llevando la SEDH y al Mecanismo Nacional de Protección al Centro Cívico Gubernamental con la intención de deshacer a toda costa la protesta, tomando en cuenta que  todas las estrategias anteriores le han fallado , entre ellas obligar a empleados a firmar un comunicado diciendo que están en contra de la protesta.

De ser cierta esta información se estaría poniendo en grave riesgo a los beneficiarios del Mecanismo de Protección cuyos expedientes serían llevados al Centro Cívico Gubernamental, violentando con ello la confidencialidad de la Ley de Protección.

En los alrededores de la SEDH circulan constantemente vehículos sin placas que toman fotos a los manifestantes, durante todo el día, con el objetivo de desestabilizarlos para que abandonen la toma.

Ha circulado también que la ministra denunció a las personas defensoras que acompañan a las víctimas como parte de su trabajo de defensa de derechos humanos. La denuncia es por el mismo delito que acusó  a quienes participan en la protesta, por usurpacion, serían estas acciones las primeras de criminalización contra defensoras y defensoras de derechos humanos por parte del gobierno, una práctica de la narcodictadura del ex presidente Juan Orlando Hernández quien guarda prisión por narcotráfico en los Estados Unidos, y está próximo a ser enjuiciado.