Utilizando el mismo modus operandi de gobiernos anteriores, la actual administración de Xiomara Castro también usa los recursos públicos en la campaña electoral de las elecciones primarias 2025, tanto para potenciar a la candidata oficialista como para impulsar las candidaturas de los diputados que se quieren reelegir.

En completa impunidad los políticos drenan el dinero y utilizan la logística del Estado en las campañas políticas sin ningún temor porque ellos son los que ponen a los fiscales, magistrados de la Corte Suprema y a las autoridades contraloras.

Lo hicieron los otros, en el gobierno del ex presidente Juan Orlando Hernández, ahora lo hacen ellos. Los malos hábitos de los anteriores ahora son buenos. Es el mismo círculo vicioso de una clase política sin ética ni moral que con sus abusos y desmanes se volvió una carga para la sociedad, según varios analistas.

Sobre este aspecto, Luis León, experto en temas políticos, sostuvo que el uso de los recursos públicos para impulsar candidaturas se volvió cíclico, se repite cada cuatro años con la llegada de cada partido al poder y cuando se inician las campañas electorales.

Esto se viene dando desde que entramos a la nueva democracia en entre 1980 y 1982 y continuó en la década de 1990. A través de actos de corrupción se drenaban los recursos y después se utilizaban en campañas políticas. Estos abusos lejos de erradicarse más bien se profundizaron, se volvieron permanentes al nivel que hoy lo practican casi abiertamente.

En este gobierno no ha cambiado nada. Con los fondos de los contribuyentes al Estado se vive en campaña política permanente. No se le había puesto la banda presidencial a la presidenta Xiomara Castro cuando ya estaban nuevamente en proselitismo, porque no hay aplicabilidad de la ley. El Consejo Nacional Electoral y la llamada Unidad de Política Limpia ignoran estas acciones.

Por eso los políticos siguen actuando políticamente bajo lo que ellos quieren y no bajo parámetros del orden. Entonces, esto genera campañas permanentes, muy costosas y es peligroso para la democracia, criticó León.

A raíz de ello, dijo, los mecanismos de drenaje de fondos para las campañas políticas, así como el uso de los recursos logísticos y humanos se volvieron fundamentales para que el partido en el poder continúe al frente de la administración pública.

“Cuando uno ve la infraestructura del Estado, el uso de los vehículos del Estado, los empleados públicos en las campañas políticas, se da cuenta de que el activismo partidario está arraigado en las funciones de gobierno. Esto es un problema grave y el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público han sido incapaces de detener este tipo de prácticas”, lamentó.

Recordó que el uso de los recursos públicos para hacer clientelismo político evolucionó en cierto modo en los últimos 20 años cuando los gobiernos empezaron a dar dádivas a través de bonos para mantener controlada a la gente pobre, a nivel del Congreso Nacional se implementaron las subvenciones para que los diputados estén en campaña permanente en sus departamentos.

Así, a los congresistas les dan grandes subvenciones para que hagan obras cuando ese no es su rol. “Entonces es un mal que no se ha logrado controlar y que desde muchísimos años venimos arrastrando”, deploró el experto en temas políticos.

Explicó que gracias a estos fondos que se drenan desde el Estado y las aportaciones del crimen organizado, las campañas políticas son muy prematuras, comienzan muy temprano e incluso terminan las elecciones y continúan.

Esto afecta claramente a la democracia, porque al final el que más ofrece es el que gana, no el que más propuestas de desarrollo del país plantea. Es ridículo que por una diputación los partidos exijan 10 millones de lempiras. Hay candidatos con buenas ideas, pero como no tienen recursos para competir contra el dinero público y el proveniente del crimen organizado, es casi imposible que puedan ganar.

La democracia habla de igualdad, de equidad. O sea, todos deben competir en igualdad de condiciones, pero cuando se usan fondos públicos, cuando se hace un gran derrame económico a base de corrupción y ahora la variable del crimen organizado y el narcotráfico es muy difícil competir, cuestionó León.

Los abusos

En nombre de la democracia, la mayoría de los políticos de todos los partidos le han jugado sucio a la sociedad hondureña. En la actualidad no hay voluntad de cambiar, por el contrario, el saqueo de los fondos públicos para las campañas políticas se profundizó con el partido Libertad y Refundación (Libre) en el poder.

En junio de 2018 la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) presentó el requerimiento fiscal contra una red de 38 políticos corruptos que desviaron alrededor de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar la campaña política de los partidos Nacional, Liberal y Faper en el 2013.

En el caso conocido como “Pandora” figuraban los liberales Elvin Santos, padre e hijo. A Santos (hijo) se le acusó de utilizar el dinero para pagar un préstamo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por más de 99 millones de lempiras, lo cual él aceptó, pero nunca fue a la cárcel por delito alguno, lo mismo pasó con los demás implicados en el latrocinio.

Ese mismo año, basados en el artículo 205 constitucional, en el Congreso Nacional se promulgó el decreto 156-2018, adicionando el artículo 81-A a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, creando con ello el Fondo Social Departamental consistente en un programa permanente de proyección social de los diputados.

Debido a que la Maccih empezó a investigar el festín que estaban realizando los congresistas usando el denominado Fondo Departamental, el Congreso bloqué el accionar del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público, que de por sí se han caracterizado por su inoperancia.

El 05 de agosto de 2023 se derogó el Fondo Departamental, argumentando que su ley propiciaba la impunidad y obstaculizaba la investigación de los de recursos otorgados como subvenciones, subsidios y ayudas sociales, pero no se eliminó el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Legislativo y basado en ello la junta directiva que lidera Luis Redondo Guifarro sigue entregando dinero a los congresistas sobre todo a los afines a él y a LIBRE.

Un reciente informe del CNA reveló que, desde agosto del 2023, cuando se derogó el Fondo Departamental, a la fecha actual, el Congreso ha entregado 314 millones de lempiras a los diputados- propietarios y suplentes- por concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales. Dinero que han utilizado para mantener sus campañas proselitistas en sus departamentos, fondos que la mayoría no han liquidado.

Aparte de ello, el Ejecutivo para impulsar a Rixi Moncada como la candidata de LIBRE en las elecciones primarias, la colocó como ministra de defensa y de inmediato asignó a esa secretaría 10,000 millones de lempiras para que haga compras directas, las cuales normalmente han sido fuentes de corrupción, dinero que es desviado para campañas políticas.

Igualmente, la presidenta Castro la invita a inaugurar proyectos, funciones que están fuera de la obligación de la Secretaría de Defensa. Como si eso fuera  poco, el Ejecutivo deja que LIBRE utilice los vehículos del Estado para realizar campaña en los distintos lugares del país y obliga a los empleados públicos a asistir a las marchas y mítines políticos.

Además de todo este pillaje, el Estado les paga a los partidos políticos una partida económica por la denominada deuda política, o sea por cada voto que obtienen en las elecciones generales. El monto en la última elección de 2021 alcanzó casi los 300 millones de lempiras. Este tipo de pago es otro botín para los políticos.

Como si esto fuera poco, los contribuyentes tienen que costearles a los partidos las elecciones primarias programadas para marzo del 2025, para las cuales el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 1,492 millones de lempiras.

Según el congresista Carlos Umaña, el Congreso Nacional debe “eliminar el Fondo Departamental porque el fondo está vivo. Y hay que eliminar también de la Constitución la figura de las subvenciones y la ayuda social del Congreso Nacional. Eso es en cuanto a los diputados”.

En cuanto al Poder Ejecutivo, lo que hay que cambiar en la Ley de Contratación del Estado es lo referente a las compras de manera directa para que no se favorezca compañías que son de compadre hablado con el gobierno para drenar dinero con fines de usarlo en las campañas políticas.

Otro aspecto es prohibir que la participación política de los funcionarios públicos y quienes quieran hacerlo que renuncien dos años antes, la ley actual los manda que dejen sus cargos seis meses antes. Es que con los recursos del Estado muchos políticos han hecho un modus vivendi en perjuicio de la sociedad y del sistema, lamentó Umaña.

Es del criterio que ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo hay voluntad de hacer las reformas porque ahora lo que antes era malo es bueno. “Lo que antes criticaban, ahora en el poder se dan cuenta que es bonito, que con el dinero del pueblo se puede hacer la política que se quiere. Eso es lo que está sucediendo ahora”, señaló.

Cómo cambiar

De acuerdo con León, para cambiar el mal hábito de usar los recursos públicos para impulsar candidaturas de los políticos en el gobierno, el problema tiene que tratarse de manera escalonada. Primero, los partidos políticos deben postular personas con valores éticos, morales y democráticos.

Segundo, el pueblo hondureño tiene que saber elegir hombres y mujeres que tengan intereses de país. Tercero, las instituciones controladoras deben funcionar y ser independientes, porque en este caso se deben al partido político del poder y por último deben existir controles en el Estado que garanticen el buen uso de los recursos públicos.

Si no tenemos esas cuatro variables funcionando bien y una clara política de Estado enmarcada en la ley, va a ser muy difícil frenar el drenaje de recursos públicos en las campañas electorales. Al final, todo se centra en hacer un relevo generacional y político urgente para que esos cambios se den, expresó León.

Entre tanto Umaña, aseguró que “mientras no hagamos las reformas electorales, la segunda vuelta, el elegir los diputados por distrito, separar los diputados de la elección del presidente, igualmente de los alcaldes, reducir el número de diputados y mientras la gente siga, perdone la palabra votando pendejamente en plancha nada va a cambiar”.

Para el abogado Lester Ramírez, en la política la moral y la ética no existen. El objetivo de ellos es llegar al poder, y si le cobran coimas a los narcotraficantes cómo no van a usar el dinero y la logística pública. “Es que no les importa dejar a la gente sin acceso a educación, a salud, a los servicios públicos básicos, a una mejor infraestructura”.

Tiene que venir cambios generacionales de políticos, en la cultura política, en los liderazgos y eso se ve muy difícil porque los partidos cuando están en el poder disfrutan de los beneficios que da el dinero público, y al volver a la llanura se vuelven críticos de los abusos.

Lo terrible, según Ramírez es que todos los partidos han practicado el saqueo de los recursos del Estado para impulsar campañas electorales y esto se ha vuelto como una cultura delictiva sin persecución por parte de los operadores de justicia. El clientelismo se apoderó de la administración pública y la gente no denuncia ni persigue la corrupción.

Para combatir estos abusos, los buenos políticos deben impulsar un mecanismo donde quede claro que los recursos para campaña no deben provenir de líneas presupuestarias del Estado y así evitar que el presupuesto en año electoral se aumente frenando con ello que el ejecutivo discretamente los use para elevar el perfil de su candidato.

En el Código Penal existe el delito de malversación de caudales públicos, el cual debería ampliarse para castigar severamente a los políticos para que no  usen los recursos públicos para beneficiarse a sí mismos o para potenciar la candidatura del partido en el poder, sostuvo Ramírez.

Ventajas para quienes desde el poder usan el dinero del pueblo

Las disparidades en el financiamiento de la actividad política con frecuencia distorsionan las reglas de juego en las contiendas electorales. Grandes sumas de dinero otorgan a partidos o candidatos una ventaja indebida frente a otros. 

Aunque no siempre el partido o el candidato con más dinero gana la elección, existe obviamente una correlación.  Grandes disparidades en los niveles de financiamiento entre partidos y candidatos restringen las oportunidades de competencia política y tienden a eliminar a los competidores, señala el “Manual de financiamiento de la actividad política: Una guía para fomentar la transparencia en las democracias emergentes, divulgado por la Oficina de Democracia y Gobernabilidad  Buró para  Democracia, Conflictos y Asistencia Humanitaria”.

Con frecuencia, la desigualdad en las reglas de juego se debe a que los partidos de gobierno usan el aparato gubernamental para su propio beneficio, poniendo en desventaja a sus adversarios.  En Zimbabwe, por ejemplo, los partidos de oposición necesitan  por lo menos  15 escaños en el Parlamento para poder recibir financiamiento estatal. Esto dificulta el acceso al financiamiento del Estado, mientras que el partido de gobierno es financiado completamente con el dinero de los contribuyentes, agrega el documento.