El informe toma en cuenta el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, en donde la organización por medio de la Unidad Técnica de Protección a defensores desarrolló una serie de actividades, entre las cuales están: el acompañamiento a defensores y defensoras quienes enfrentaron procesos de criminalización, vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados.

“Esperamos que sirva como fuente de información sobre la situación de riesgo que enfrentan las personas que dedican gran parte de su quehacer fundamental a la promoción y defensa de los derechos humanos”, se menciona en la presentación del informe de este día.

A criterio de ACI PARTICIPA, el contexto que se visualiza en el país es de persecución a la labor de los defensores y defensoras, como herencia que dejó el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, en donde la sociedad hondureña se opuso a una serie de medidas represivas en su oposición al asalto al poder y que trajo como resultado una serie de ataques selectivos que iban desde la detención ilegal hasta el asesinato.

A esto le siguió el hostigamiento hacia sectores del movimiento social y popular del país, tal es el caso del campesinado, con énfasis a quienes iniciaron un proceso de recuperación de tierras en el Valle del Aguán, lo que dejó como resultado un centenar de muertes a manos de las balas de efectivos militares, según la organización defensora de los derechos humanos.

De igual forma, existe una serie de acciones de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, así como a las juventudes organizadas, entre los que destacan el movimiento estudiantil, tanto a nivel universitario como a nivel medio, y, sin dejar de lado el trabajo hecho por ACI PARTICIPA en la campaña de respeto a los derechos laborales con la creación de la Red de violencia Anti sindical, conformada por los sindicatos agremiados a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

Desde el acompañamiento legal hasta traslado internacional

Durante los diez meses que abarcó el desarrollo del proyecto, la organización trabajó en tres acciones de acompañamiento y protección al trabajo de los defensores de derechos humanos, mencionó durante la presentación del informe, Jorge Hernández, coordinador del proyecto.

Las acciones realizadas fueron ocho de acompañamiento legal para quienes enfrentan procesos de criminalización, dos traslados internacionales de defensores en riesgo y veinticinco de medidas de seguridad que abarcan la movilización interna y comunicación segura.

Dentro de los grupos o sectores en riesgo del proyecto, hay 35 acciones de acompañamiento, de las cuales 9 fueron para beneficiar a líderes y lideresas indígenas, debido a la situación de violencia de la que son objeto, producto de la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos.

Seguidamente, cuatro de estas acciones fueron para beneficiar a estudiantes universitarios y de Educación media, otras cuatro para el acceso a la justicia, tres de esas también fueron dirigidas a violaciones a periodistas, dos al respeto de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual e Intersexual (LGTBI), dos al goce de la equidad de género, cuatro a sindicatos, entre otras.

Las líneas de acción del proyecto

-Acompañamiento legal a líderes y lideresas estudiantiles de educación media y educación superior, ambientalistas, mujeres, indígenas, quienes enfrentan proceso de criminalización.

- Acompañamiento a diferentes movilizaciones y manifestaciones populares, con el rol de observadores de Derechos Humanos.

-Elaboración de planes de seguridad para la prevención de riesgos y amenazas.

-Jornadas de formación en materia de análisis de riesgo y formulación de planes de seguridad.

- El desarrollo de talleres de seguridad informática, para mejorar las condiciones en las que las personas ejercen su derecho a defender derechos.

Algunos casos de acompañamiento, producto de su situación de vulnerabilidad en el ejercicio de defensa de derechos humanos citados en el informe son: la criminalización hacia la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, quien fue condenada en marzo de esta año a un año y seis meses de prisión producto de una querella interpuesta por el ex Director de la Fundación para el Desarrollo de la vivienda (FUNDEVI), Juan Carlos Reyes.

El proyecto también acompañó la defensa de Héctor Martínez Motiño , presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNAH, en la ciudad de Choluteca,  asesinado el 17  junio de este año, , quien era objeto de hostigamiento laboral por parte de las autoridades centrales y departamentales de la máxima casa de estudios.

También se destaca el acompañamiento legal a tres dirigentes estudiantiles del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) quienes producto de una serie de acciones de protestas realizadas durante el mes de junio de 2015, fueron criminalizados y judicializados, logrando en el caso de estos tres,  el sobreseimiento definitivo de la causa por los delitos que se les acusaba.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) es una organización que comenzó a operar en el año 2004 y su misión es el respeto y la promoción de los derechos humanos en el país, mediante la participación activa de la ciudadanía en temas de interés público.