En  diversas reuniones sostenidas entre los y las representantes indígenas con Sagrario Prudot, delegada de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y el comisionado de policía de Yoro de apellido Brizuela, han logrado cosas importantes, sin embargo el cumplimiento total de las mismas no se ha dado, denunció Ramón Matute, uno de los miembros de la tribu.

“Hasta ahora hay una parte que se ha estado cumpliendo, por ejemplo las reuniones que sostenemos son porque nosotros las hemos solicitado, lo que no han cumplido es con la captura de los asesinos de nuestros hermanos”, mencionó.

La CIDH otorgó medidas cautelares a los 18 miembros, 38 en total, sumando sus familiares, de la tribu de San Francisco en el mes de diciembre del año 2013, producto del asesinato de tres líderes de la tribu, María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, en agosto de ese mismo año, por la lucha en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas de Locomapa, asesinatos que continúan en la impunidad.

Las organizaciones que actuaron como peticionarias ante la CIDH fueron el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  en noviembre de 2013.

El Estado hondureño ha desconocido la autoridad de los pueblos originarios al permitir la instalación de proyectos de explotación de sus recursos naturales realizados por empresas multinacionales, dejando de lado compromisos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece la consulta previa y el respeto a la decisión de estas comunidades con el quehacer de sus territorios.

Vivo secuestrado en mi propia comunidad

En cuanto a las medidas de seguridad, Matute puntualizó que se encuentran en situación de riesgo ya que ellos solicitaron patrullajes al menos tres veces por semana y no se ha hecho nada al respecto.

“Es un poco complicado, en mi caso yo no puedo salir solo por lo complicado del asunto. Yo me encuentro preso en mi propia comunidad, siento que en cualquier momento puedo ser asesinado” afirmó el líder tolupán.

Matute para poder salir tiene que hacerlo con la compañía de un familiar ya sea a su trabajo u otras ocupaciones dentro de la comunidad de Locomapa o incluso fuera de la misma, lo que le genera un doble gasto en movilización.

Mientras se desarrollaba la entrevista, Ramón contó que se realizaba una reunión con representantes de Gran Bretaña y del MADJ, quienes se mostraban interesados sobre la situación de las tribus indígenas y su lucha por le defensa de sus territorios  para la conservación el título ancestral de sus territorios.

Agregó que en la última reunión realizada el mes de septiembre de este año, “ellos – la Secretaría de Seguridad- juran que van a cumplir con lo establecido, pero lo dejan a medias”, puso como ejemplo el hecho de que se les brindara una radio patrulla para que cumpliera con los patrullajes en la comunidad,  sin embargo no está en funcionamiento.

La visualización de su problemática estuvo presente en el desarrollo de la huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad realizada a inmediaciones de Casa Presidencial en Tegucigalpa, en donde estuvieron por más de 50 días acompañando la exigencia por la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICIH, y sus respectivas demandas como tribu.

Además, solicitaron diversas reuniones con representantes de organismos multinacionales con representación en el país, como la oficina de Naciones Unidas,  la que se negó a recibirles.

Posteriormente, en agosto de este año ingresaron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la visita del Secretario General, Luis Almagro, con quien lograron reunirse y acordar ciertos puntos tales como monitorear el estado de indefensión en el que se encuentran  y el funcionario internacional se comprometió a  interponer sus oficios a fin de que se garanticen el cumplimiento de medidas cautelares, los cuales no han sido cumplidos en su totalidad.

“Nosotros pedimos la devolución de nuestro título ancestral como comunidad, porque el gobierno nos montó otros títulos sobre el nuestro, además es por  el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, aquí cualquiera viene a ofrecer un proyecto y nos llevan nuestros recursos, varias comunidades están sin agua y eso nos preocupa y por eso seguimos trabajando con las comunidades y así  continuar la lucha” finalizó Matute.