Una de las comunidades, llamada “El Palomar”, que recientemente fue objeto de un desalojo violento está ubicada en el departamento de Choluteca. La acción, ocurrida el pasado 30 de septiembre dejó como resultado 20 personas heridas, entre ellas destacan seis menores de edad, dos de tercera edad y una mujer en estado de embarazo, según datos en poder de FIAN.

La brutalidad con la que fue tratada la comunidad por parte de la policía nacional fue transmitida a nivel mundial, por lo que los jefes policiales asignados al departamento de Choluteca fueron suspendidos mientras se les sigue proceso a lo interno de la institución, según confirmó ante distintos medios de comunicación, el vocero de la policía, Leonel Sauceda.

Las tierras en poder del asentamiento campesino fueron otorgadas por el Instituto Nacional Agrario, (INA), producto de un acta de asentamiento en el año de 1972. Las y los campesinos se dedicaron a la producción de marañón luego de recibir apoyo de organizaciones internacionales, sin embargo, contradiciendo el título otorgado por el ente agrario estatal, apareció como dueño el señor José Guadalupe Lardizábal.

Mientras que otra de las comunidades en riesgo de ser despojadas por supuestos  dueños,  es la que pertenece al grupo campesino “La Montañuela”, ubicada en la aldea de Punuare, Juticalpa. Igual que en la zona sur, estas tierras fueron otorgadas por el INA en 1981, siendo el trabajo de la misma, sustento diario del que dependen las familias.

De acuerdo con la investigación realizada “in situ” por el equipo de FIAN- Honduras, actualmente el asentamiento campesino enfrenta un proceso judicial que podría despojarles de la tierra que han trabajado por más de tres décadas.

Los relatos

Para don Eugenio Chavarría, uno de los campesinos afectado en la zona, solo hacen uso de la tierra desde 1973, cuando el INA hizo la entrega de 40 manzanas al grupo campesino. La acción violenta de parte de la fuerza pública desconoció el mandato y no le importó el estado de los pobladores y pobladoras, habiendo personas de tercera edad y niños.

Chavarría también expresó que recibieron junto a su apoderado legal, una llamada ese día -30 de septiembre- informando que existía un grupo de policías listos para proceder al desalojo.

“Intempestivamente entraron a la parte donde estábamos, en una marañonera. Entraron y empezaron a golpear a diestra y siniestra.  Entonces nosotros quisimos hablar con ellos para parar el desalojo y ellos no quisieron. Golpearon niños, personas de tercera edad y se metieron a las viviendas y partieron camas, rompieron todo y hasta la comida de los niños votaron”, mencionó Chavarría.

Se destacó el apoyo de la oficina del CONADEH en la ciudad de Choluteca al prestar la atención a favor de los pobladores y pobladoras que resultaron heridas durante la acción violenta de parte de la policía.

Justamente, tres de los seis compañeros detenidos van a audiencia este día en los tribunales de la ciudad de Choluteca, acusados por haber dañado unos escudos de la policía. “No pudimos liberar en primera instancia al resto porque nos pedían 4 mil lempiras de fianza”, dijo.

Además, afirmó que “Nosotros no queremos violencia de ningún tipo contra nadie, solo defendemos nuestro derecho a permanecer en nuestra tierra como hace mas de 40 años. Nos consideramos que somos los verdaderos dueños como comunidad de esa tierra”.

Miguel Ángel Sánchez no se imaginó que la tierra que ha cultivado por más de 30 años le sería arrebatada por intereses de dueños que aparecieron de la noche a la mañana, como él mismo lo define, “no estamos preparados porque nos quieren quitar lo que hemos trabajado y pues allí tomamos nuestros ingresos, nuestro ganado, nuestros alimentos” comentó.

Responsabilizó a las autoridades del INA al desconocer el otorgamiento de la tierra al asentamiento campesino, según Sánchez porque “nos otorgaron tierra ejidal, siendo esta supuestamente privada”, siendo esto utilizado como arma por los que aparecen ahora como dueños.

El miembro de “La Montañuela”, reconoció al supuesto dueño de la tierra como Salvador Aguilar, asimismo aseguró que uno de sus hijos es el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y con ello han existido mediaciones que les ha generado este proceso en su contra.

Protocolo de desalojo reduciría la violencia del Estado

Dentro del evento de este día, se presentó una propuesta de protocolo trabajada desde FIAN-Honduras para reducir los desalojos violentos.

En la propuesta se reconoce el desalojo como un drama humano al que son sometidos los miembros de una comunidad, lo que pone en peligro el patrimonio logrado por estas y sus miembros “lo que una familia ha tardado meses, años o hasta decenios en contriuri” destacó el equipo de FIAN.

Una de las propuestas es que los desalojos sea considerados como una medida excepcional y no como una práctica recurrente de supuestos dueños para deslegitimar el trabajo de quienes la trabajan por tanto tiempo.

Además obliga a que a la hora de realizar el mismo, el juez ejecutor levanta un listado con las mejoras que los pobladores y pobladoras hayan realizado a los terrenos que son objeto de desalojo, con ello responsabilizando al Estado para que provea de medios de subsistencia de iguales o mejores condiciones de los que son objeto de despojo.

Este protocolo será presentado en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según informó la organización defensora del derecho a la alimentación en el país.