A los acontecimientos que tuvieron que ver con el saqueo de los fondos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS),  que según denuncias ascendió a 350 millones de dólares, se viene a sumar la crisis en el sistema bancario originado por actos de lavado de activos; siendo de público conocimiento que en el desfalco del seguro social intervino un estructura criminal que desvió parte de los fondos para la campaña política del gobernante Partido Nacional. En ambos hechos la  justicia hondureña ha marchado a la zaga de estos acontecimientos y sus autoridades se han visto ineficaces y carentes de voluntad política para detectar estos actos a tiempo y castigarlos ejemplarmente.

Estos actos de corrupción han abierto el debate en la sociedad hondureña sobre las actuaciones de las instituciones del sistema de justicia, sobre la necesidad de un verdadero diálogo político de carácter incluyente y la importancia de poner en práctica un mecanismo de carácter internacional que pudiera ser coadyuvante para atacar la corrupción estructural y la creciente impunidad que prevalece en  Honduras.

Al margen del consenso y de un verdadero diálogo, el gobierno ha decidido implementar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el respaldo de la OEA a propuesta del Presidente de la República, obstaculizando el reclamo expresado mayoritariamente en las protestas del movimiento de indignados que exige la creación de un mecanismo similar a la CICIG de Guatemala, bajo la denominación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El mecanismo de la MACCIH, además de surgir al margen de un verdadero diálogo político, se valora como limitado para atacar la corrupción y la impunidad en el país. Sus pasos principales se centran en supervisar y brindar apoyo técnico al Ministerio Público y al Consejo de la Judicatura, mediante el apoyo de un grupo ex fiscales y juristas internacionales; la realización de un diagnóstico sobre la situación actual de la justicia hondureña; el acompañamiento para la implementación del mecanismo de la Convención Interamericana contra la corrupción;  y la creación de un observatorio de justicia; entre otros, constituyen los principales ejes de esta propuesta.

Desde la Coalición contra la Impunidad, igual que desde amplios sectores de la sociedad y de la oposición política partidaria, se considera que la propuesta de la MACCIH,  es un mecanismo que no está dotado de independencia funcional y presupuestaria, lo que daría lugar a  injerencias gubernamentales en sus actuaciones. Pero sobre todo, se valora que la misma carece de un verdadero mandato para atacar de manera fuerte y decidida la escandalosa corrupción que corroe a las instituciones públicas en Honduras, ni que decir de sus tremendas limitaciones –así como está planteada- para atacar la impunidad y desarticular las estructuras criminales que funcionan de forma paralela en el aparato estatal.

En contrapartida a la MACCIH, la Coalición contra la Impunidad ha venido planteando junto a otras organizaciones, la necesidad de un mecanismo con características de una CICIG, resaltando la importancia de un mandato similar y la trasferencia de experiencia de que se podría hacer acopio para nuestro país. En particular se reclama una Comisión Internacional contra la Impunidad, que incluya en su mandato lo siguiente:

•       Independencia política y autonomía financiera para evitar la intromisión o limitación de sus actuaciones

•       Capacidad para investigar y recoger evidencias de actos criminales de aparatos o estructuras ilegales que funcionan en el aparto estatal. Las que deben ser aportadas al Ministerio Público para mejorar su función de persecución penal

•        La capacidad de carácter procesal penal para poder constituirse junto al Ministerio Publico como acusador privado en casos emblemáticos, tanto de corrupción, impunidad, como de graves violaciones de derechos humanos.

•       La transferencia de capacidades al Ministerio Público y en la medida de lo posible al aparato judicial.

•       Elaboración de propuestas para apoyar las necesarias reformas en el sistema de justicia hondureño.

La marcada debilidad de las instituciones del sistema de justicia en Honduras, demanda en la actualidad la necesidad de la cooperación, en particular, la instalación de una Comisión Internacional que con sus actuaciones independientes y alta capacidad técnica y jurídica contribuya a que sea eficaz y comprometida la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es imperativo actuar ahora para frenar la alarmante criminalidad y revertir el deterioro de las instituciones democráticas.

28 de octubre de 2015

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD
Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación LGTB Arcoiris de Honduras; Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida )CEPRES); Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO); Comité por la Libre Expresión C-Libre; Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental; Crisálidas de Villanueva; Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC); Feministas Universitarias; Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida; Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); JASS en Honduras; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; Red de Mujeres Jóvenes de Cortés; Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.