Tauli Corpuz llegó a Honduras el pasado 02 de noviembre y sostuvo reuniones con organizaciones y autoridades municipales de municipios ubicados en cuatro departamentos.

Entre las comunidades que se encontraron  con la Relatora  destacan las representaciones del pueblo indígena Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupán, Garífuna, Pech, Tawanka y Miskito.

Además de su agenda en capital de la República, estuvo en las comunidades de Rio Blanco, Auka, La esperanza, Puerto Lempira y La Ceiba.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales” planteó durante el desarrollo de la conferencia de prensa.

Otro de los problemas que identificó durante su reunión  con el pueblo Lenca es la falta de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos y de concesiones mineras en sus comunidades, tales como la represa de Agua Zarca en Río Blanco,  Intibucá,  en donde se pone en riesgo sus medios de vida y sus identidades culturales, incluso hay asesinatos, amenazas e intimidación.

La justicia es una ilusión

La Relatora de pueblos indígenas se mostró preocupada por el ambiente de impunidad y violencia que impera en estas comunidades, específicamente hacia miembros de la tribu Tolupán en donde le describieron una situación de “violencia extrema” que tiene como resultado hasta asesinatos de esta tribu.

“Esto va acompañado por la impunidad de los perpetradores de estos crímenes, lo que convierte a la justicia en una ilusión..su capacidad de obtener justicia se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas….el racismo y la discriminación…esto evidencia la urgente necesidad de mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por violación a sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación   ”, destacó la representante de la ONU.

Subrayó que la falta de los mecanismos antes mencionados ha llevado a los pueblos indígenas a la protesta pacífica, “lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes defienden sus tierras”.

Aún y cuando mencionó que el Estado hondureño había ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  y se declaró a favor de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y negros , sin embargo la violación constante a los derechos de los pueblos indígenas contrasta con  los compromisos firmado.

“Esta Relatoría presentará un informe ante el Consejo de Derechos humanos, (CDH), en 2016 en el que hará observaciones sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas en el país”, dijo Tauli-Corpuz.

Mujeres, niñas y juventudes indígenas sufren problemas graves 

En su informe preliminar la relatora incluyó lo concerniente a la situación de las mujeres y las niñas  indígenas que "sufren problemas graves y específicos. La trata y la prostirución de m ujeres y niñas indígenas, como parte de las actividades del crimen organizado fue también una preocupación expresada en mis reuniones. Se me informó también sobre la situación de la juventud en las comunidades indígenas. De acuerdo con algunos testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierte en presas fáciles del crimen organizado y les obliga a emigrar.

La problemática desde la cosmovisión de las comunidades

Para Alfredo López, Vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) , es importante que desde Naciones Unidas se haya constatado la violación sistemática de derechos humanos de los pueblos indígenas y afro descendientes.

A criterio de López es “de suma importancia” que la Relatora dé fe de los atropellos contra estas comunidades, mismos que aumentarán con el auge de las “Ciudades Modelo” en los departamentos de Atlántida y Colón, lo que catalogó como “una situación más agresiva” en contra de sus comunidades.

“Ella se manifestó preocupada con la situación de las ZEDES, porque lejos de mejorar esto, es un retroceso enorme que retrata al Estado hondureño como un violador sistemático de los derechos humanos, en especial de nuestro territorio” argumentó el dirigente de OFRANEH.

Calificó que “no existe respeto ni muestras de una voluntad política por  parte del gobierno y de  quienes controlan el sistema político y económico del país para el respeto de nuestro territorio, es mas se allana el camino para usurparlo”.

Actualmente y según datos en poder de la organización defensora del pueblo garífuna, son más de 20 comunidades afectadas por  las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

Según el informe preliminar presentado por la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien destacó el papel de empresarios del turismo que se  establecen en territorios garífunas, tal es el caso del complejo Indura Beach Resort que se ubica  en la comunidad de Barra Vieja, municipio de Tela, el cual fue inaugurado en noviembre de 2013, sin consulta previa a los pobladores.

Gobierno con cartas bajo la manga

Como sucede siempre en las visitas de esta naturaleza, el gobierno de Honduras a través de las distintas instituciones se lució con las respectivas cartas bajo la manga para hacer ver que se protegen los derechos de los pueblos indígenas y negros, lo que no dijeron los representantes estatales es que engavetan los juicios contra los perpetradores y agilizan procesos de criminalización de la dirigencia, sin argumentar falta de recursos humanos o financieros sino que el fin último es callar las voces que se levantan.

Ella se reunió con diferentes funcionarios entre ellos con diputados del Congreso Nacional, es muy probable que no le dijeron que han concesionado los ríos en territorios indígenas y zonas donde hay poblaciones garífunas a las que han desplazado a fuerza de balas para establecer proyectos turísticos.

Aunque la Relatora utilizó leguaje diplomático, hizo subrayados importantes como el hecho de reconocer que recomendó al gobierno de Honduras el fortalecimiento de la capacidad institucional y una mayor coordinación interministerial.

Según su opinión tiene esperanzas que estas cosas se resuelvan con el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos en Honduras que podrá ayudar tanto al gobierno como a los pueblos indígenas a conseguir plena aplicación de sus derechos.

Links  importantes:

Vea informe preliminar de la visita de la Relatora Especial de pueblos indígenas en este link

Infórmese quién es un Relator /Relatora para los pueblos indígenas en este link