El crimen en contra de García Domínguez se suscitó el 13 de julio de 2013 mientras la comunidad lenca de Rio Blanco, en el Departamento de Intibucá, se trasladaba a hacer una guardia pacífica por la protección de su territorio, en una jornada superior a los 100 días de protestas contra el mega proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el cual afectaría el caudal del Río Gualcarque, llevada a cabo por la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

A pesar de lograr una sentencia condenatoria por el asesinato de García, el tribunal absolvió al militar por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Allan García  hijo del dirigente indígena, alegando que solo fueron “faltas” y que “no era su intención matarlo”, dándole una pena de 30 a 90 días de prisión.

El juicio no está concluido ya que aún no hay una sentencia firme, los abogados del militar muestraronn su interés en  presentar un Recurso de Casación y tratan de justificar el “buen comportamiento” que podría desarrollar el militar en lo que resta del proceso, detalló el COPINH en su comunicado.

Sin embargo, la organización defensora del pueblo lenca cuestionó la decisión del tribunal, al no determinar el proceso que llevó a cabo el militar para acabar con la vida de García y que “luego, amparado en la impunidad que gozan los militares y grupos de poder, manifestó absoluto desprecio a la vida de Allan García, antes de dispararle varias veces, al manifestar que es más fácil matarte a vos que a un perro”.

El COPINH expresó que aún y cuando se presentaron las pruebas testificales necesarias, técnicas y científicas, sumado el testimonio de Allan y dictámenes forenses, no quedó claro el hecho del homicidio en contra del líder indígena. La organización manifestó que hubo discriminación racial en contra del pueblo lenca e intimidación hacia personal de la Fiscalía de las Etnias y la defensa representada por el Abogado Víctor Fernández.

Relatora de la ONU para Pueblos Indígenas ya alertaba sobre clima de violencia e impunidad

En el marco de su visita al país en los primeros días del mes de noviembre del presente año, la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz apuntó en sus conclusiones la preocupación que existe ante el clima de violencia e impunidad que sufren los pueblos indígenas.

Como punto inicial, la experta tomó nota de las diferentes concesiones para explotación de trasnacionales de la minería y de construcción de represas hidroeléctricas, todo esto con el aval del Estado. Si bien en las conclusiones hechas por la Relatora Tauli- Corpuz destaca la ratificación del convenio  169 de la OIT, las autoridades hondureñas continúan efectuando acciones en detrimento de los pobladores y pobladoras indígenas.

En su informe, la Relatora mencionó que en base a testimonios de los propios representantes de pueblos indígenas, constató en primer lugar la falta de acceso a la justicia, misma que se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas; la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas; y la impunidad.

Como segundo punto, la alta funcionaria de Naciones Unidas evidenció la urgencia de crear y fortalecer  mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por la violación de sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación.

Este punto está ratificado en el artículo número 7.2 en sus cinco incisos de la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General en septiembre del año 2007 y que Tauli-Corpus participó en su creación.

Quienes detentan el poder creen que tienen impunidad para cometer crímenes

Víctor Fernández, abogado acusador en este caso , analizó el desarrollo del caso y no lo consideró como un asesinato más, sino que una muerte violenta hacia un líder en defensa de su territorio y  que no puede quedar impune.

“Pero este juicio es importante que lo situemos en el lugar que corresponde y es con el asesinato de un compañero indígena, homicidio, una muerte violenta provocada por otra persona y ésta no es cualquier persona, es un militar”, expresó.

Indicó que “este caso es un choque de dos sectores, uno que  detenta el poder hoy más que nuca, y la vida de una persona que recoge cientos e incluso miles de años de represión, es decir esta es la reivindicación de muertes violentas hechas por quienes tienen el poder y que creen que tienen la impunidad para ello”.

Agregó que  están reclamando justicia para este caso y todo el planteamiento se ha realizado tomando como base la realidad de los pueblos indígenas, según expuso Fernández a los pobladores y pobladoras en las afueras del Tribunal en la zona central del país.

Para el 08 de enero del 2016, fueron convocadas las partes a la una y media de la tarde para desarrollar la audiencia de individualización de las penas para el militar responsable.

Este caso es un esfuerzo por ganarle la batalla a la impunidad imperante en el país y que se preserve el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios.