Por ALEXANDER MAIN *

En Honduras, las protestas estallaron cuando algunos periodistas revelaron que millones de dólares del fondo para la salud pública habían sido desviados al Partido Nacional (el partido del gobierno) y a la campaña del Presidente Juan Orlando Hernández. Las autoridades presentaron acusaciones contra algunos directores y ejecutivos empresariales por otro caso de corrupción en el sistema de salud, pero aún no se ha presentado ninguna acusación contra Hernández o funcionarios de su partido. Miles de manifestantes cargaban antorchas mientras exigían la renuncia de Hernández y la formación de una comisión como la de Guatemala, respaldada también por las Naciones Unidas.

Hernández aceptó un “diálogo nacional” bastante controlado en el que varios líderes opositores se rehusaron a participar, y también propuso un órgano investigador vinculado al gobierno y sin autonomía. Pero esto no sirvió para calmar los ánimos de los manifestantes, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) colaboró en el diseño de un plan alternativo. De ahí surgió.

La misión se estableció el mes pasado en la sede de la OEA en Washington, en medio de mucha expectativa y el apoyo del Departamento de Estado. John Kirby, un portavoz del departamento, explicó que esta misión “responde a las demandas legítimas del pueblo de Honduras para que se tomen acciones enérgicas y significativas en contra de la corrupción”.

Sin embargo, los críticos hondureños no están convencidos. Han denunciado el plan como ineficaz e insisten en la creación de un organismo independiente respaldado por Naciones Unidas. Además, 54 miembros del congreso estadounidense han instado al secretario de Estado, John Kerry, a apoyar esta demanda. Una coalición conformada por casi todos los grupos de derechos humanos de Honduras declaróque esta nueva misión tenía una “capacidad limitada para combatir la corrupción y la impunidad en el país”.

A diferencia de la comisión guatemalteca que tiene resultados sólidos en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción en los altos niveles del gobierno, la hondureña no participará directamente en las investigaciones o procesos legales. En este caso, el equipo internacional de jueces y abogados solo ofrece apoyo técnico a los investigadores y procuradores locales, los cuales son parte de la judicatura y susceptibles a la presión política. Aunque la misión puede hacer recomendaciones para reformar el sistema judicial, el gobierno no tiene la obligación de acatarlas.

Honduras necesita de apoyo. Sus elevados niveles de violencia (entre los más altos del mundo) van de la mano con una tasa de impunidad alarmante. Las fuerzas de seguridad están totalmente filtradas por el crimen organizado: “Estamos podridos hasta la médula”, declaró un exoficial de policía a The Miami Herald. Dos semanas después lo mataron a balazos. Una gran cantidad de periodistas, abogados, activistas, defensores de derechos de la comunidad LGBT y opositores del sistema han sido asesinados y los crímenes han quedado impunes.

Los logros de la nueva misión dependerán de la voluntad política. Hay pocos motivos para ser optimistas porque Hernández y el Partido Nacional tienen antecedentes de pasar por encima de la ley. En 2012, como presidente del congreso, Hernández destituyó a varios jueces de la Corte Suprema y llenó la magistratura con sus aliados de manera ilegal. En el 2014 su partido disolvió una comisión independiente de reforma a la seguridad pública que era ampliamente respetada, e hizo caso omiso a sus recomendaciones. Por lo demás, el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, no ha investigado ni procesado a los líderes del Partido Nacional por la desviación de los fondos de salud pública.

Desafortunadamente, el gobierno estadounidense está mal posicionado y es de poca ayuda. En 2009, el Departamento de Estado, a cargo de Hillary Clinton, colaboró en el golpe de Estado en Honduras que triunfó al impedir que Manuel Zelaya volviera al poder. Desde entonces, los esfuerzos diplomáticos de Washington se han concentrado en apoyar a una serie de gobiernos corruptos. Más de 100 miembros del Congreso de Estados Unidos han pedido al gobierno de Obama que condene las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y han cuestionado la asistencia otorgada a Honduras en materia de seguridad.

Sin embargo, Washington todavía apoya a Hernández. En el momento más álgido de las protestas del año pasado, el embajador estadounidense anunció que “las relaciones entre Estados Unidos y Honduras son quizá las mejores en la historia”. Este año Washington volvió a aumentar la asistencia militar y policial para Centroamérica, de la que Honduras recibe un porcentaje significativo, sobre todo a través de la turbia Iniciativa Regional de Seguridad para América Central.

Debido a los límites del mandato de la misión anticorrupción, y las acusaciones en contra de los funcionarios involucrados en el cumplimiento de las recomendaciones, parece poco probable que este órgano sea capaz de superar la crisis en Honduras. Por el contrario, da la impresión de que busca ofrecer apenas una fachada de respetabilidad para la relación entre Estados Unidos y Honduras.

Aun así, la legislación sobre asignación de fondos en el Congreso de Estados Unidos para 2016 proporciona herramientas para presionar al gobierno hondureño. Dicha legislación obliga a que la mitad de la ayuda para Honduras (decenas de millones de dólares) esté condicionada a que el Departamento de Estado certifique que las autoridades ejecutan acciones efectivas para luchar contra la corrupción, que colaboran con las comisiones para combatir la impunidad y que investigan y procesan a los “miembros de las fuerzas militares y de seguridad pública que han violado derechos humanos”.

¿El Departamento de Estado se tomará en serio el proceso de certificación?

Sin duda los manifestantes seguirán marchando por las calles de Tegucigalpa, como lo hicieron durante el último mes, y pedirán la creación de un órgano anticorrupción más efectivo y respaldado por Naciones Unidas. Si la misión respaldada por la OEA no da resultados, Hernández podría recibir una muestra del poder del pueblo, el mismo que depuso al presidente guatemalteco.

Fuente: http://www.nytimes.com/es/2016/02/16/la-lucha-contra-la-corrupcion-en-honduras-es-una-farsa/

___________________________________________________

*Alexander Main es socio sénior del Centro para la Investigación Política y

Económica en el área de política internacional.