La MACCIH fue creada por la presión social a través de diversos sectores entre ellos el movimiento de indignados que demandan una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICIH, similar a la establecida en Guatemala y que ha tenido impactos importantes en la lucha contra la impunidad y la corrupción, a la cual se opuso férreamente el gobierno de Hernández e inició incidencia para el establecimiento de otra organización que tuviera las manos libres para las investigaciones tal como exige el movimiento de indignados y otros sectores en el país.
Pero esta misión trabajará sobre la base una institucionalidad infuncional. Entre sus funciones está seleccionar y conformar un grupo de jueces, fiscales, policías, especialistas forenses internacionales de renombre y profesionales nacionales de reconocida capacidad y objetividad, cuya labor es la de acompañar, asesorar, supervisar y/o evaluar a las autoridades competentes del Estado de Honduras para que recaben información, investiguen casos de corrupción y tengan un sistema certificado, por la MACCIH, de recepción de denuncias (sean públicas, anónimas o confidenciales) por medio de las instancias gubernamentales competentes. Los casos de corrupción que surjan de este sistema certificado de denuncias, en los cuales la MACCIH seleccione y decida colaborar activamente le serán notificados a las autoridades Hondureñas competentes.
Tropiezos
Sin embargo la MACCIH se instalará este día y se tropezará con la información encriptada a través de la Ley de Secretos Oficiales y una institucionalidad colapsada debido a que con el golpe de Estado todas las instituciones se pusieron al servicio de la ilegalidad y dejaron de lado su rol de garantes de la justicia. En el actual momento los tres poderes del estado están controlados por el presidente de la República y eso será el talón de Aquiles de la MACCIH que no está blindada en esas circunstancias.
La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituido por 27 ONGs internacionales con presencia en Honduras, ha señalado que “La MACCIH no tiene competencia para sancionar a funcionarios(as) que obstaculizan su trabajo. Consideramos que la Misión debe supervisar la aplicación de la ley contra funcionarios del sistema judicial que por acción u omisión impidan la judicialización de los casos. Además, el mandato de la MACCIH no incluye la depuración de los(as) operadores (as) de justicia. Existe un amplio consenso que los procesos de depuración implementados hasta la fecha no han tenido los resultados esperados. Sin una depuración efectiva, las probabilidades de éxito de la MACCIH se ven severamente limitadas”.
Mientras la Colación contra la Impunidad, constituida por más de 30 organizaciones nacionales advierte que “el mecanismo de la MACCIH, además de surgir al margen de un verdadero diálogo político, se valora como limitado para atacar la corrupción y la impunidad en el país. Sus pasos principales se centran en supervisar y brindar apoyo técnico al Ministerio Público y al Consejo de la Judicatura, mediante el apoyo de un grupo ex fiscales y juristas internacionales; la realización de un diagnóstico sobre la situación actual de la justicia hondureña; el acompañamiento para la implementación del mecanismo de la Convención Interamericana contra la corrupción; y la creación de un observatorio de justicia; entre otros, constituyen los principales ejes de esta propuesta”.
La sociedad civil hondureña tiene derecho a ejecutar un monitoreo independiente, que le permita realizar de forma amplia y transparente, la valoración de los casos que investigará la MACCIH. Esto implica, el pleno acceso a la información pública, pero con la Ley de Secretos Oficiales eso es imposible por lo que esta normativa debe derogarse, demandó también el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, en una alerta pública reciente.
Sociedad quiere acciones concretas, ya se cansó de promesas
A lo largo de la historia de Honduras diferentes instituciones se han instalado en momentos de crisis, en la década de los 80 la instalación de una Comisión Investigadora de desapariciones forzadas integrada por altos mandos militares dio al traste con las esperanzas de las familias que aún esperan justicia.
Con el golpe de Estado se instaló desde el gobierno de Porfirio Lobo Sosa la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual fue lanzada con bombos y platillos y las acciones que recomendó se quedaron en un bonito y millonario informe.
De allí que el escepticismo es muy válido, la Organización de los Estados Americanos, OEA que se ha echado en las espaldas las aspiraciones de Juan Orlando Hernández que callar a la oposición, tiene un gran reto: trascender la demagogia y la impunidad, pero para ello no solo necesita personas expertas, es urgente establecer un marco jurídico que le dé independencia para actuar contra los corruptos y los impunes.
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