En las más de 130 páginas del informe se habla  sobre los inicios del proceso de reforma agraria en el país, el cual se vio interrumpido en los años 90 con la llegada del neoliberalismo y la creación de la Ley para la Modernización del Sector Agrícola, en la administración del presidente Rafael Leonardo Callejas.

Se presentó además el cortometraje “El Tumbador; Una prisión verde de impunidad”, donde refleja la indiferencia del Estado en investigar lo relacionado con el asesinato de más de cinco campesinos del asentamiento campesino de igual nombre que el documental, en noviembre de 2010.

Entre los años 2008 al 2013 se contabilizan 123 muertes violentas y seis desapariciones forzadas, según documentación en poder del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán (OPDHA).

Poder Judicial y empresarios agroindustriales son uno solo

En el informe también se aborda el comportamiento de la fuerza pública como la Policía, el Ejército y de los demás operadores de justicia entre ellos  el Ministerio Público, (MP), y el mismo Poder Judicial  “en donde evidenciamos que han contribuido a criminalizar la lucha campesina, así como a sus líderes y lideresas”, manifestó el director de FIAN Honduras, Marlon Ochoa.

Agregó que durante el trabajo de acompañamiento a las organizaciones en el Movimiento Campesino (Empresas, Cooperativas), se evidencia que se enfrentan “a la tarea diaria de sobrevivir” económicamente bajo un aparato jurídico y social adverso, y tienen también a los grandes acaparadores de la tierra en contra y con mucho poder en la zona.

Uno de los casos emblemáticos y que visibiliza el comportamiento adverso de la justicia hondureña contra el movimiento social y los defensores de la tierra es el de José Isabel “Chabelo”  Morales, quien luego de enfrentar la prisión durante siete años, en el desarrollo del juicio que se le decretó su libertad en el año 2015 porque el Estado no aportó prueba alguna para continuar la condena, a lo que Ochoa enfatizó que “pueden pasar años preso y el Estado no tienen pruebas para aportar a su caso”.

“El papel de los operadores de justicia ha sido nada más para criminalizar esto con el apoyo de las empresas agroindustriales que acaparan la tierra, sin contar la nefasta participación de la guardia privada de estas empresas”, expuso el titular de FIAN en el país.

Con respecto a la mirada de instancias internacionales sobre la problemática en el Bajo Aguán, Marlon Ochoa explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), ha desarrollado algunas audiencias puntuales sobre el conflicto y sus repercusiones en el campesinado y hasta el momento no se ha elevado ningún caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Pero las empresas siguen enfrentando el reto de sobrevivencia, no es solo por las muertes que hay que mantener la importancia en el Bajo Aguán, sino porque es el conflicto agrario que se sigue manteniendo en los últimos 15 años, las empresas sacan provecho de ello, mencionó Ochoa.

Muerte, criminalización en cifras

La imposición de la zona llamada “el desierto verde”, por el alto cultivo de la palma africana, sumado al acaparamiento por la fuerza de la tierra por empresarios como el ya fallecido Miguel Facussé,  ha costado sangre a quienes han optado por reivindicar el legado de la reforma agraria en los años 70 y recuperar la tierra para quien la trabaja, comentó Irma Lemus, defensora e integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán (OPDHA)

En cuanto al tema de la criminalización de la protesta social contra el movimiento campesino, de los casos contabilizados, hay 330 campesinos que enfrentan procesos penales, de estos 256 hombres, 38 mujeres y 36 menores de edad, apuntó Lemus.

Hay movimientos campesinos que al momento de realizar este diagnóstico no quisieron colaborar por temor a que se ejerzan represalias contra ellos. “Ahora han aparecido nuevos casos de criminalización que ni siquiera sabíamos que existían pero que en el pasado no se atrevieron a denunciar”.

La Sub Coordinadora del OPDHA apuntó que “Los Operadores de justicia han expresado a la hora de condenar a los luchadores por la tierra que solo de esa manera – al otorgarles medidas sustitutivas- dejarán de molestar al terrateniente con la recuperación de tierras”.

Asimismo reprochó el papel que juega la Unidad Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), que solo ha llegado a criminalizar campesinos, y tienen ya 19 casos judicializados. Incluso denunció que al Observatorio le han negado información sobre estos casos en poder de ellos.

Aseguró que se sienten hostigados por la UMVIBA, tenemos persecución y ya varios hemos sufrido atentados y campañas de desprestigio “en cualquier actividad en donde nosotros estemos aparecen carros blancos sin placas, vidrios polarizados dándonos seguimiento para que paremos nuestro trabajo”.

Irma Lemus, ha sido objeto de amenazas y  hostigamientos , El 29 de noviembre del año pasado  cuando cerca de las cuatro de la tarde en la comunidad de Zamora, en el departamento de Colón,  fue objeto de un atentado por parte de personas desconocidas que se conducían en un vehículo blanco, mientras ella se transportaba en una motocicleta la que impactó en una cuneta y le causó lesiones en su pelvis y cadera.

“Si fueras mi esposa te daría información”

Irma Lemus declaró que “también sufrimos acoso como defensoras por parte de operadores de justicia cuando vamos a solicitar información o le damos acompañamiento a los casos, a víctimas, en audiencias o al momento de interponer una denuncia.

“Si fueras mi novia o  esposa te daría información”, son algunas de las frases que les dicen  los operadores de justicia,  pero según ella como no acceden a esas pretensiones no tienen  derechos.

Explicó que no es más que una campaña por su trabajo en defensa de los derechos humanos en el Bajo Aguán. En publicaciones hechas desde el OPDHA afirman que el papel de los operadores de justicia no cumple con su rol, no investigan y solo criminalizan.

Conclusiones

De las 12 conclusiones que presenta el Informe sobre el papel de los operadores de Justicia en el Bajo Aguan, destacan las siguientes:

Los órganos administradores de justicia han orientado sus asuntos oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en diferentes instancias administrativas.

La Corte Suprema de Justicia ha callado, de forma sospechosa, la declaración de inconstitucionalidad de normas secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del sector Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República. Esto sin duda explica las limitaciones que implica que el Poder Judicial, sea nombrado por el Legislativo.

El Ministerio Público (MP) se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales.

La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella la reproducen en sus ejecutorias.

La legalización de la seguridad privada y su papel auxiliar de los cuerpos de seguridad públicos agravan la violencia del conflicto, puesto que las soluciones que deberían pasar por el tamiz de los intereses públicos se trasladan al ámbito privado de los que contratan los servicios de estas compañías.